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El Constitucional avala por unanimidad el uso de la lista Falciani contra el fraude fiscal

El ex trabajador de HSBC, Hervé Falciani.

El ex trabajador de HSBC, Hervé Falciani. EFE

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado que la lista Falciani sirva como fuente de prueba para perseguir a los defraudadores fiscales en España. No se han visto vulnerados sus derechos fundamentales.

Los magistrados del tribunal de garantías ha desestimado este martes el recurso de amparo interpuesto por el ingeniero Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la condena de tres años de prisión y multa como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública a raíz de que su nombre apareciera en la mencionada lista.

Según informan fuentes jurídicas, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya, señala que no existe en el caso enjuiciado vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías ni a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución) por la obtención de datos bancarios de la lista facilitada por el informático del HSBC, Hervé Falciani. 

En febrero de 2017, el Supremo -una sentencia ponencia del magistrado Manuel Marchena- aceptó la validez a nivel probatorio de la ‘lista Falciani’ para fundar una condena por delito fiscal en España. El Alto Tribunal confirmó la condena de seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para Delgado de la Coba que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas bancarias suizas. Su nombre y cuentas figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por el exempleado del banco suizo HSBC Hervé Falciani, que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española, donde llegaron remitidos por las autoridades francesas.

Como director del departamento de servicios informáticos del banco británico en Ginebra entre 2006 y 2008,  Falciani copió los ficheros con los datos confidenciales de clientes de la entidad. Esa polémica lista de defraudadores fiscales acabó en manos del Gobierno francés y fue posteriormente facilitada a todos los países con los que el país galo tenía acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España, donde propició varias regularizaciones fiscales.

La resolución íntegra del Constitucional se dará a conocer en los próximos días.

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