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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, no dará explicaciones en el Congreso sobre la agresión sufrida por la delegación de Ciudadanos durante la marcha del Orgullo LGTBI de este año en Madrid. Los votos de PSOE y Podemos y sus aliados parlamentarios nacionalistas e independentistas han dejado en absoluta minoría a PP, Ciudadanos y Vox, rechazando la convocatoria de un pleno extraordinario para que el jefe del Ejecutivo explique "los motivos por los que el Ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, no ha sido cesado tras las manifestaciones vertidas contra representantes políticos que participaron en la Manifestación del Orgullo el día 6 de junio, así como las razones por las que el Gobierno sigue sin condenar las agresiones que tuvieron lugar durante la manifestación". Así ha quedado rechazada este martes la petición de PP y Cs en la Diputación Permanente del Congreso gracias a los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts per Catalunya y EH Bildu.
El diputado socialista Felipe Sicilia ha defendido las controvertidas declaraciones del ministro, que advirtió antes de la marcha de que la cercanía de Ciudadanos a Vox "debían tener consecuencias". Horas antes del desfile, Grande-Marlaska criticó con dureza a la “derecha cobarde”. El responsable de seguridad en la gran movilización a favor de los derechos del colectivo LGTBI advirtió de que un pacto -hasta ahora inexistente- entre Ciudadanos y Vox "debía tener alguna consecuencia”. A juicio de PP y Cs, esas palabras fueron la mecha de las agresiones sufridas por la delegación de Cs, encabezada por Inés Arrimadas, y que tuvo que abandonar la marcha escoltada por la policía. Según el PSOE, las manifestaciones del ministro son "de todo punto lógica", ya que "toda decisión política tiene consecuencias políticas". "Si deciden pactar con Vox, tiene consecuencias, por ejemplo, en Andalucía estamos viendo a Vox pedir que se reitern las ayudas al colectivo LGTBI", ha asegurado.
Sicilia también ha reprochado a Ciudadanos que no pidiera la dimisión del anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), por "hacinar a policías" en barcos en el puerto de Barcelona durante la movilización policial con motivo de la declaración de independencia de Cataluña, ni la de su antecesor, Jorge Fernández Díaz, por contar con un equipo de "policía política" en el ministerio.
Espero que caiga todo el peso de la justicia sobre aquellos que se dedican a insultar y agredir a otros ciudadanos.
Sánchez debe cesar al ministro del Interior, que en vez de proteger las libertades de todos, ese día se dedicó a señalarnos y ponernos en la diana de los violentos https://t.co/J8lUuh85GU— Albert Rivera (@Albert_Rivera) July 30, 2019
"Ese día nos tiraron latas, cubitos de hielo, frutos secos, monedas, copas enteras en la cara, orines... ¿Eso es normal en una democracia como la nuestra en un día de celebrar los derechos y libertades de todos?", ha denunciado la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, que ha acusado a Grande-Marlaska de comportarse como un "hooligan" por "alentar" el "escrache" que, en su opinión, sufrieron los representantes del partido el día del Orgullo.
Más allá de los partidos que firmaban la petición, solo Vox la ha respaldado. "La Audiencia Nacional perdió un buen magistrado en la lucha contra el terrorismo, pero la política no ha ganado absolutamente nada con la presencia del señor Marlaska", ha dicho el diputado Iván Espinosa de los Monteros, que ha pedido la dimisión o cese del titular en funciones de Interior.
Mientras se desarrollaba el debate en el Congreso, la Fiscalía de Madrid informaba de que ha incoado diligencias a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la celebración del Orgullo Gay. Ciudadanos presentó el pasado 10 de julio una denuncia a la Fiscalía por delitos de odio, amenazas e injurias presuntamente cometidos contra sus representantes que participaron en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, enmarcando los hechos en “una clara maniobra organizada”.
La entonces portavoz de la Ejecutiva de Cs y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó que “fue una situación absolutamente intolerable que no cabe en democracia”, especialmente en un día en que se reivindican “la tolerancia, el respeto y la libertad”. “Un grupo de radicales intolerantes se dedicaron a intentar expulsar del Orgullo a personas por sus ideas. Los militantes LGTBI de Ciudadanos no pudieron manifestarse el día del Orgullo y eso es una vergüenza”, subrayó.
Tras las agresiones sufridas por los representantes de Ciudadanos en la manifestación, que tuvieron que abandonar escoltados por la policía, tanto Inés Arrimadas como el líder de Vox, Santiago Abascal, reclamaron la dimisión del ministro por alentar esos incidentes. Esa petición no ha encontrado eco ni en el Gobierno en funciones ni en el PSOE, que cierra filas en torno al ministro, que afianza sus posibilidades de seguir en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así lo aseguran dirigentes socialistas consultados por El Independiente, que aseguran que Grande-Marlaska se ha fortalecido en el PSOE con su ataque a Ciudadanos.
El ministro tampoco ha dado explicaciones sobre las dudas generadas por un informe policial sobre la protección a Cs durante la marcha, que fue filtrado por el ministerio a algunos medios de comunicación. “Esa cuestión debe de ser contestada por la Dirección General de la Policía. El centro de coordinación que lo llevó fue la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que es la encargada de la coordinación del conjunto de efectivos que dieron seguridad a la manifestación del pasado sábado”, respondió Grande-Marlaska cuando los periodistas le preguntaron por la información que contiene el informe.
Con fecha de 8 de julio, la Policía elaboró un informe -en el que no se especifica la unidad ni se detalla el carné profesional del funcionario que lo redacta- que concluye que no hubo “agresiones físicas” durante el acto. Esta versión contradice tanto con la que han ofrecido los dirigentes de Ciudadanos presentes en la manifestación, que recibieron insultos y botellazos, y con las de los propios agentes de Información que se vieron obligados a montar una cápsula para dar seguridad a los representantes del partido que lidera Albert Rivera.
PP, Cs y Vox libran a Borrell de comparecer
Tampoco tendrá que comparecer en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, a petición de JxCat y ERC para explicar "si el Servicio Exterior espió a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero". Los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han derrotado la propuestas de los independentistas en la Diputación Permanente. Unidas Podemos se ha abstendio porque cree que el ministro "debe tener la oportunidad de explicarse" pero en su Comisión, no en un pleno extraordinario, en palabras del diputado Joan Mena.
Bildu y el PNV han votado a favor y el resultado ha sido de seis votos a favor de la comparecencia extraordinaria (nacionalistas vascos y catalanes), 55 en contra (PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y CC) y ocho abstenciones (las del Grupo Confederal).
El origen de la petición es la documentación que la Abogacía del Estado ha aportado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir que se paralice cautelarmente la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra y que, según ElDiario.es y TV3, incluía información reservada y comunicaciones entre la Generalitat sus delegaciones.
En el debate en la Diputación Permanente PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han coincidido en cargar duramente contra la actividad de las delegaciones catalanas, por considerar que están dedicadas a dañar la imagen de España y a promover el secesionismo. Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha advertido al Gobierno de que la Generalitat no habría podido reabrir sus delegaciones si se hubiera aplicado el artículo de la Constitución 155 o se hubieran mantenido los controles financieros a la Generalitat, que este Ejecutivo levantó. También ha emplazado a Borrell a denunciar por lo penal si cree que la Generalitat ha cometido delito de malversación en sus 'embajadas' en vez de contentarse con un recurso contencioso-administrativo.
"Frente a la inacción o la acción tardía del Gobierno, solicitamos una acción contundente para defender los intereses de España por medios legítimos", ha reprochado también José Ignacio Echániz, del PP, que ha pedido explicaciones por "los graves informes del Consejo General del Poder Judicial" según los cuales ha habido acceso indebidos a ordenadores en los juzgados y el "espionaje a Sociedad Civil Catalana". "Espionaje es lo que hacen ustedes a los niños en los colegios", ha espetado también Bal.
Todo ello en un debate en el que la diputada de JxCat Laura Borràs quería que Borrell explicase si las comunicaciones se intervinieron con orden judicial o si Exteriores "actuó por su cuenta desde la ilegalidad", por qué motivo, cuánto tiempo y con qué coste. Para Borràs, "el ministro catalán del PSOE se parece mucho al ministro catalán del PP Jorge Fernández Díaz, que en su día puso en marcha la 'operación Cataluña' desde las cloacas del Estado". A su juicio, lo que ha llamado "Borrellgate" es "un capítulo más del serial de sus actuaciones en su "boicot a Cataluña" y por eso considera "casi de vergüenza" que el Gobierno español le haya propuesto para liderar la diplomacia europea.
Borràs cree que el rechazo del TSJC a paralizar esas oficinas "demuestra que hay intencionalidad política en esa petición" y que las oficinas "son legítimas, necesarias e imprescindibles para la proyección exterior de Cataluña". Desde el PSOE, Ana Belén Fernández le ha respondido que el rechazo ha sido por un motivo de procedimiento y tanto ella como el resto de partidos no nacionalistas han cargado contra la actividad de las delegaciones.
Sus palabras han sido secundadas por Mertxe Aizpurua, de EH-Bildu, que ha acusado al Estado de haber usado las mismas prácticas contra el "independentismo vasco", y por Carolina Telechea, de ERC, que ha advertido al Gobierno de que lo que está haciendo es dañar la imagen exterior de España. "Si rechazan su comparecencia --ha dicho a los diputados-- es porque comparten su paradójica visión de la democracia de que está aceptado espiar y silenciar al que no piensa igual".
Desde el PNV, Aitor Esteban ha afeado al Gobierno que sus únicas explicaciones hayan sido "salirse por la tangente" y ha advertido de que "no todo vale, por mucha razón de Estado que algunos quieran exhibir". Su grupo ha apoyado la petición afirmando que puede pensar que "cualquier administración autonómica puede estar sometida a espionaje por parte del Estado".
Por su parte, la socialista Ana Belén Fernández ha defendido que "El ministerio de Exteriores no tiene espías, tiene personal diplomático, funcionario y laboral, lo que ha hecho es ejercer su cometido de vigilancia y seguimiento de cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España, la actuación del Ministerio no es censurable".
Por Vox ha intervenido Javier Ortega Smith, que ha afeado a los independentistas que pretendieran convencerles "del buen hacer de las embajadas catalanas" cuando, en realidad, las pruebas del juicio del 'procès' demostraron que "en el mejor de los casos" se dedican "al desprestigio exterior de España, con mentiras y falsedades" y en otros "directamente con acciones delictivas".
"No estamos a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo por haber votado", ha dicho, sino por una presunta comisión de delitos graves. "Dejen el rollo ya de que no pudieron votar", ha proseguido. Para Ortega Smith, es "lógico" que los independentistas no quieran ser investigados, porque en esas investigaciones se basan las pruebas del juicio.
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