Política

El fiscal pide que tres mandos policiales aclaren si Villarejo tenía permiso para su negocio privado

Agustín Linares Molina, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino firmaron tres cartas en las que dijeron que autorizaron la doble actividad del comisario.

El comisario ya retirado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El comisario ya retirado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Los fiscales anticorrupción del caso Tándem o caso Villarejo han solicitado al juez que cite a declarar a tres antiguos responsables policiales que firmaron tres cartas en enero de 2018 en las que manifestaron que «conocían y autorizaron la actividad privada de Villarejo cuando era comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía».

Se trata de los ex subdirectores generales operativos del Cuerpo Agustín Linares Molina y Pedro Díaz-Pintado, a los que los fiscales piden citar a declarar como testigos en un informe adelantado por Eldiario.es y al que ha tenido acceso El Independiente, y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino al que piden llamar como investigado. Pino está imputado en la pieza Kitchen del presunto espionaje del Gobierno de Rajoy al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas sin autorización judicial y utilizando medios y personal de la Policía en beneficio del partido y sus dirigentes.

Informe de la Oficina de Conflictos

Desde que comenzó a estar investigado por cohecho, entre otros graves delitos en la Audiencia Nacional, el comisario ahora jubilado ha mantenido que «su actividad privada (en la empresa Cenyt) estaba amparada por sus mandos policiales y era conocida por los responsables políticos de la seguridad del Estado desde que en el año 1993 se incorporó desde la excedencia voluntaria a prestar servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, con el empleo de Inspector Jefe y destino en la Comisaría General de Información».

Desde dicha empresa habría realizado los famosos informes de espionaje que han llevado a particulares e importantes empresas a estar investigados por cohecho en la Audiencia Nacional por los encargos que hicieron al comisario mientras estaba en activo: BBVA; los miembros de la familia García-Cereceda, herederos del propietario de la lujosa urbanización madrileña La Finca; los empresarios navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura; los propietarios del despacho Herrero & Asociados o Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, su hermano y sus socios, entre otros.

Anticorrupción cuenta con un informe del 2 de junio de 2017 de la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública) según el cual no consta que el comisario José Manuel Villarejo Pérez «haya solicitado en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas».

Esta contradicción entre lo que él dice y lo que sostienen las autoridades nacionales ha llevado a los fiscales a pedir al juez que cite a sus responsables policiales para que expliquen si verdaderamente tenía autorización para la doble condición de agente y detective y en qué términos.

Piedra angular de la investigación

Precisamente que los responsables de la Policía conocieran o no la actividad privada de Villarejo desde su empresa privada y la autorizaran constituye la piedra angular de la investigación contra él.

El delito de cohecho tanto contra Villarejo como contra el resto de investigados sostiene el resto de graves delitos que se le imputan, como el de pertenencia (como líder) a organización criminal, falsedad o blanqueo, entre otros.

Los fiscales sostienen que el comisario se benefició de su condición de Policía y de los vínculos judiciales, económicos y con otros miembros del Cuerpo que ésta le daba para ofrecer a clientes privados trabajos de espionaje en los que utilizaba datos confidenciales y de los que sólo él y sus socios se beneficiaron. Es el denominado «clan mafioso policial» por los investigadores, y en el que incluyen a otros policías en segunda actividad o ahora jubilados que también han tenido que pasar por la sala de declaraciones de la Audiencia Nacional como investigados.

Villarejo defiende que todos sus trabajos respondieron a encargos del Estado. Sin embargo, los investigadores creen que no es así, y de ahí que quieran aclararlo con sus responsables en la Policía.

Los investigados en la pieza Land relativa a los trabajos de Villarejo para los propietarios de La Finca (Pozuelo, Madrid) y en la pieza Pit, sobre los encargos de los hermanos Pérez-Maura al comisario, pidieron que las cartas firmadas de los policías se incluyeran en sus causas para alejarse del delito de cohecho. El empresario Adrián de la Joya, investigado en Pit, también solicitó sus declaraciones. Ahora, el juez debe decidir si atender la petición de la Fiscalía y llamar a declarar a los tres agentes ya jubilados o rechazarlo.

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