Sociedad

La carta sin respuesta que pide el apoyo de la Iglesia para que los delitos de pederastia no prescriban

Miguel Hurtado, víctima de abusos sexuales de un monje en la adolescencia, envió una misiva a la Conferencia Episcopal Español reclamando que respaldara una reforma legal de los delitos de pederastia. Nunca obtuvo réplica

Miguel Hurtado, víctima de pederastia en la Iglesia. EP

“No hay un crimen que vulnere de forma más flagrante los preceptos fundamentales del cristianismo que la pederastia. ‘Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino y le hundan en lo profundo del mar’ (Evangelio según San Mateo, 18,6)”. Es un extracto de la carta que Miguel Hurtado, rostro de las víctimas de la pederastia en la Iglesia, dirigió a la Conferencia Episcopal Española. En la misiva, inédita hasta ahora, Hurtado le exigía a la cúpula eclesiástica que “hiciera lobby a favor y no en contra de la reforma de los plazos de prescripción en los delitos sexuales contra niños”.

La epístola, a la que ha tenido acceso El Independiente, jamás obtuvo respuesta de la curia española. El documento, de tres páginas, fue enviado desde Londres el 2 de febrero de 2020, poco antes de la declaración de la pandemia. Un denso mutismo ha acompañado desde entonces la petición de Hurtado, quien sufrió abusos sexuales de adolescente a manos de un monje benedictino de la abadía de Montserrat y abandera la lucha por la reparación de las víctimas. “Les reclamé esa declaración pública a favor de la imprescriptibilidad de los delitos y no me contestaron”, admite Hurtado en conversación con este diario.

El activista, que reúne firmas desde esta semana para la creación de “una comisión de la verdad” en el Congreso de los Diputados, precisa que su solicitud no era, bajo ningún precepto, una idea descabellada. “Era una medida que habían tomado conferencias episcopales como la del Salvador o México. No se entiende que los obispos hablen públicamente de aborto, divorcio, eutanasia o matrimonio gay, pero no de imprescriptibilidad en los casos de pederastia”, explica.

Sin embargo a día de hoy desconocemos cuál es la postura de la Conferencia Episcopal Española ante la prescripción en los delitos de pederastia. ¿Comparten la postura del cardenal francés Philippe Barbarin, que en rueda de prensa reconoció aliviado que no le importaban las docenas de víctimas del depredador sexual Bernard Preynat porque “gracias a Dios, los delitos han prescrito”. ¿O por el contrario se alinean con la postura de la Conferencia Episcopal de Panamá o México que pidieron públicamente la reforma del Código Penal para garantizar la imprescriptibilidad en los delitos de pederastia?

*Extracto de la carta de Miguel Hurtado

Su propuesta, en sintonía con las recomendaciones de Unicef o Save the Children, es que el cómputo de la prescripción comience a contar cuando la víctima cumpla los cincuenta años. “La evidencia científica respalda nuestra posición. Un estudio realizado por la Comisión Australiana de investigación sobre abusos sexuales infantiles en instituciones, estableció que en una muestra de 4.500 víctimas de pederastia clerical, la edad medía a la hora de denunciar el delito era de 44 años”, precisa Hurtado.

"Abuso clerical, encubrimiento episcopal"

La carta que cosechó el silencio de la Iglesia católica española, embarcada en la misión de minimizar las consecuencias del tsunami, denunciaba precisamente la omisión de cualquier escrutinio y rendición de cuentas que durante décadas ha jalonado a los abusos sexuales a menores. “Aún siendo delitos deleznables, lo más vergonzoso e indignante no ha sido el abuso clerical sino el encubrimiento episcopal”, censura.

Solo ha salido a la luz la punta del iceberg

MIGUEL HURTADO, VÍCTIMA DE ABUSOS

“Estos criminales con sotana han delinquido con el conocimiento y la connivencia de sus superiores jerárquicos, que en vez de denunciarlos a la justicia civil, cumpliendo su deber como ciudadanos y cristianos; se dedicaron a trasladarlos de parroquia en parroquia, suministrándoles nuevas víctimas inocentes a las que destrozarles la vida”, relata quien sufriera con dieciséis años los asaltos nocturnos del hermano Andreu, fallecido en 2008 “sin pasar un solo día en prisión”.

Durante dos décadas el Monasterio barcelonés había cobijado al verdugo. Un ejercicio de ocultamiento que, a juicio de Hurtado, obedece a un patrón porque se repite sin tregua. “Hay que crear una comisión. Solo ha salido a la luz la punta del iceberg”, advierte el activista, convertido en uno de los rostros de la denuncia y su azaroso camino en España. Hurtado, en contacto con otras víctimas que reunieron el valor de contarlo, avisa de “la magnitud” de lo que permanece escondido.

Desgraciadamente las palabras no protegen a los niños, solo las acciones valientes y decididas. En español existe una expresión muy castiza que dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Por este motivo es hora de que pasen de las promesas a los hechos.

* Extracto de la carta de Miguel Hurtado

“Siendo conservadores, hablamos de decenas de miles de víctimas. En Irlanda, un país de cinco millones de habitantes, la investigación llevada a cabo exclusivamente en internados católicos detectó 15.000 víctimas entre abusos físicos y sexuales. En España, un país con 45 millones de personas que ha sido profundamente católico, debería haber decenas de miles”, arguye. En la vecina Francia, una comisión independiente desveló en el otoño de 2021 que unas 216.000 personas habían sufrido abusos sexuales por parte de curas o religiosos desde 1950. El número superaba los 330.000 si se incorporaban los abusos cometidos por laicos que trabajaban en medios religiosos, catequesis o centros educativos católicos.

El muro de las instituciones públicas

La campaña de Hurtado coincide con la petición de Unidas Podemos, Bildu y ERC para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia. El psiquiatra, que en 2019 denunció públicamente los retazos más escondidos de su biografía, habla con este diario en la que semana en la que la fiscalía general ha dado la orden de centralizar los procedimientos penales en tramitación sobre agresiones sexuales a menores en instituciones religiosas. El Gobierno, presionado por la opinión pública, asegura “estar estudiando medidas para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse”.

“Ha sido una semana muy positiva, un punto de inflexión. Hasta ahora, ante las denuncias de las víctimas, las instituciones civiles se negaban a actuar. Miraban hacia otro lado”, opina el joven, que reconoce haberse dado de bruces una y otra vez con el muro de las instituciones públicas. "Por fin parece claro que las autoridades tendrán que hacer algo. Lo que queda por determinar es qué y cómo”, añade.

Durante los últimos años, la sociedad española ha asistido horrorizada y compungida a la revelación de innumerables y gravísimos casos de pederastia en las instituciones católicas de nuestro país.  Todos los casos parecen cortados por el mismo patrón. Uno o varios depredadores sexuales que con total y absoluta impunidad abusan de un elevado número de niños durante décadas.

*Extracto de la carta de Miguel Hurtado

Un progreso que no está exento de riesgos, entre ellos, la politización de la investigación parlamentaria. La historia previa de las comisiones en la Cámara Baja, reducidas a menudo a espectáculos nada edificantes, no llama al optimismo. “No estamos en la inopia. Una comisión de investigación tiene un elevado riesgo de ser instrumentalizada, pero los colectivos de víctimas sí que vamos a ir con el trabajo hecho”, dice Hurtado, preocupado por el “retraso” que lleva España en el asunto de la prescripción de los delitos.

El retraso español

“¿Cómo es posible que Unidas Podemos no apoye la imprescriptibilidad cuando Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, fue uno de los impulsores de la ley de imprescriptibilidad chilena? ¿Cómo puede ser que PP y Vox se opongan a lo que aprobaron Piñera en Chile y Santos en Colombia, ambos conservadores?”, se interroga el psiquiatra, afincado en Londres. “Hay una corriente mundial aprobando esta medida. Una de las grandes frustraciones que aún arrastro es que España no haya sido capaz de avanzar en la imprescriptibilidad porque nos estamos quedando atrasados. Aquí chocamos con el muro de la izquierda y la derecha”.

A la izquierda no le gusta el uso excesivo del poder punitivo del Estado y lo consideran una exageración. Y lo de la derecha no se entiende

MIGUEL HURTADO, VÍCTIMA DE ABUSOS

Hurtado se toma unos segundos cuando se le pregunta por las razones que explican la falta de avances, las reticencias que unen al arco parlamentario en una política polarizada.  “A la izquierda no le gusta el uso excesivo del poder punitivo del Estado y lo consideran una exageración. Y lo de la derecha no se entiende. No soy capaz de encontrar razón a día de hoy, por la cual PP y VOX no impulsan la imprescriptibilidad, porque la defensa de los derechos de las víctimas la han aprobado los gobiernos conservadores y a nivel de sus votantes es una medida muy popular”, argumenta.

La tarea de arrojar luz a las agresiones del pasado, vista como una reparación tardía e incompleta a quienes las padecieron, ha logrado sonados avances en Reino Unido, Australia, Estados Unidos o Irlanda. Los abusos, en cambio, habitan zonas de sombras en los confines de España o Italia. “No es de extrañar porque son los países más católicos del continente. Lo que resulta más sorprendente es que en Polonia se haya avanzado más y más rápido que en España, porque allí la Conferencia Episcopal sí que hizo una investigación interna y ha puesto cifra a la posible magnitud de un problema infradiagnosticado”. En nuestro país, la cifra publicada supera apenas el millar de casos.

Como reconoció la comisión de transparencia de Montserrat, el monje benedictino Andreu Soler fue un depredador sexual y pederasta que abusó al menos de doce críos durante al menos treinta años. Gracias a la protección de tres abades de Montserrat, murió en 2008 sin pasar un solo día en prisión, no sin antes publicar un libro de memorias, con prólogo de Jordi Pujol.

*Extracto de la carta de Miguel Hurtado

Para Hurtado, los ejemplos en los que debería mirarse España son Australia y Reino Unido. “Allí un grupo de expertos se dedicó única y exclusivamente a investigar casos de abusos en diferentes instituciones, estableciendo canales de denuncia para las víctimas, buscando activamente casos y entrevistando a las víctimas”, detalla. “Al final fueron capaces de elaborar un informe en el que se cuantificaba la magnitud del problema”.

Después de 20 años de inacción de las autoridades públicas tampoco es necesario resolverlo en una semana

MIGUEL HURTADO, VÍCTIMA

A pesar de las declaraciones públicas de los últimos días, Hurtado advierte de que “después de 20 años de inacción de las autoridades públicas tampoco es necesario resolverlo en una semana”. Su resultado debería alumbrar una legislación que proteja a la infancia en todos los ámbitos, incluidas las instituciones deportivas o los centros de menores. Sin perder de vista que los episodios de acoso podrían seguir vigentes. “Hay una latencia, una demora muy significativa entre cuándo se cometen los abusos y la víctima denuncia. Una gran parte de los casos de abusos que se están produciendo a día de hoy saldrán a la luz dentro de 15 o 20 años”.

El escrache que no fue

La víctima que tardó años en empezar a restañar las heridas se reconoció en la denuncia que hace tres años formuló un joven de 17 años y que procedía también de un monje de Montserrat. Fue un doloroso “déjà vu”. “El religioso identificó a la persona vulnerable y, tras establecer una relación de amistad, comenzó la agresión sexual. Los padres entregan a sus hijos para que les eduquen, no para que abusen de ellos”. En el proceso judicial, actualmente en curso, el monje alega que la relación era consentida. “En otros países, como Inglaterra, entre los 16 y los 18 años existe una franja de protección a nivel de consentimiento de manera que un menor no pueda aceptar relaciones con una figura de autoridad como un profesor, un entrenador o un religioso”.  

Resulta escandaloso el clamoroso silencio que ha mantenido la Conferencia Episcopal Española sobre este tema. La Conferencia Episcopal Española, haciendo legítimo uso de su derecho a la libertad de expresión, ha establecido de forma clara cuál es su postura en numerosos temas éticos como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual o el divorcio.

*Extracto de la carta de Miguel Hurtado

“Es una medida que me gustaría debatir con PP y Vox”, desliza Hurtado, a la espera de iniciar la ronda de contactos con todos los partidos políticos. “Ambas formaciones representan a muchísimos españoles. Son la alternativa de Gobierno y estas medidas son transversales”, indica, muy escéptico con las oficinas abiertas por las diócesis para atender a las víctimas. “Las víctimas, en general, no tienen confianza porque no saben comunicar, se niegan a pagar indemnizaciones, cuando las terapias les han costado daños significativos, o a reconocer los casos”.

Hurtado amagaba con desfilar hasta la sede de la Conferencia Episcopal y protestar frente al edificio

En la carta que acabó en un cajón de la Conferencia Episcopal Española, Hurtado amagaba con desfilar hasta su sede y protestar frente al edificio. “Me gustaría evitar una situación tan desagradable para todos y por eso quiero darles la oportunidad de por una vez actuar de forma proactiva y no reactiva”, escribió Hurtado. No fue la respuesta sino la pandemia que se cruzó por medio lo que disuadió a la víctima. “Por seguridad no era adecuado hacer protestas”, replica. La víctima que primero litigó con sus propios fantasmas y más tarde con “el silencio sepulcral” de la curia no espera ya nada de la jerarquía católica. “Son incapaces de comportarse de una manera cristiana”, murmura.

“Cada domingo en misa dan una homilía. Dan lecciones de moral explicándole a la gente cómo se tienen que comportar, la diferencia entre el bien y el mal. Pero luego, cuando se tienen que aplicar la lección, son incapaces de dar una respuesta cristiana”, insiste. “Están tan imbuidos en la creencia de que su objetivo principal es proteger el poder, el prestigio y el dinero de la institución que retraumatizan constantemente a las víctimas”.

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