Gobierno y PSOE viven su momento de mayor debilidad política de esta legislatura. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán partió el frágil segundo mandato de Pedro Sánchez, asestando un golpe durísimo a los socialistas del que están lejos de reponerse porque la investigación del exsecretario de Organización no ha hecho más que empezar. Pero cuando el ánimo en el partido seguía hundido, una decisión del juez Juan Carlos Peinado, el instructor de la causa contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, cambió el foco, al menos por unas horas. El magistrado elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo, dictada el lunes pero conocida este martes, para que analice si cabe imputar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por dos presuntos delitos: por malversación, por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa —en concreto, porque la ayudó en sus "actividades privadas"—, y por falso testimonio, por mentir, según él, en la declaración que prestó el pasado 16 de abril ante el propio instructor. Un giro trascendental en una causa que lleva en marcha más de un año sin que hasta ahora, interpreta el Ejecutivo, el juez haya encontrado indicios para sostener la imputación de la esposa de Sánchez.

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Pero el escrito de Peinado, de un total de 34 páginas, sí sirvió para que el Gobierno pudiese repescar su tesis de la persecución judicial. Siempre advirtió de que no había "nada" en el caso contra Gómez y lo mantiene, y ahora confía plenamente en que el Supremo acabe desmontando la causa, echando atrás la pretensión del magistrado de escalarla y afectar al corazón de la Moncloa. La acusación "no se sostiene por ninguna parte", "contiene errores de bulto", "no contiene nada que me pueda preocupar", sentenció Bolaños por la tarde ante los medios y desde el Congreso, con la "tranquilidad absoluta" de que no hubo delito ni el alto tribunal podrá actuar contra él. Por eso ve implanteable la dimisión, porque el ministro, y con él el Gabinete de Sánchez, están convencidos de que el TS frenará a Peinado.

Peinado apunta a Bolaños, uno de los hombres claves del Gabinete, una pieza absolutamente imprescindible en el estrechísimo círculo de confianza de Sánchez, del que también forma parte Montero

La Sala de Admisiones del Supremo tardará semanas en decidir si asume o no la investigación a Bolaños, pero hasta entonces quien estará en el centro del caso Begoña Gómez será el propio ministro. Y no uno cualquiera. El titular de Presidencia y Justicia es uno de los hombres claves del Gabinete, una pieza absolutamente imprescindible en el estrechísimo círculo de confianza de Sánchez, el dirigente que, junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ocupa de sus encargos más delicados y el que, también con ella, conduce la relación con los socios. Bolaños ha ido creciendo políticamente desde 2018, cuando el líder socialista le nombró secretario general de la Presidencia del Gobierno nada más ganar la moción de censura. Un cargo que ocupó hasta julio de 2021, cuando se convirtió en ministro.

Y hoy él es, en la práctica, un vicepresidente político del Ejecutivo, aunque no tenga ese puesto. Montero y Bolaños son la mano derecha y la mano izquierda del presidente, un eje de poder que hasta el pasado 12 de junio, cuando se conoció el informe de la UCO, completaba Cerdán como número tres del PSOE. Peinado, por tanto, apunta al mismo engranaje de la Moncloa, al cerrado círculo de Sánchez. Una flecha directa al corazón del Ejecutivo.

Quien nombró y quien era responsable

Fue en esa primera etapa en la Moncloa de Bolaños cuando se produjo el nombramiento de Cristina Álvarez. Ocurrió el 18 de junio de junio de 2018. Fue nombrada como personal eventual para realizar funciones de directora de Programas. "Álvarez", defendió ayer martes el ministro, "nunca dependió de la Secretaría General [que él dirigió de 2018 a 2021], nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe, nunca dirigí su actividad laboral y esto, que es lo que dice en mi declaración como testigo el 16 de abril, bien consta por escrito en la información que el señor Peinado ha pedido a los servicios de [la] Moncloa". El titular de Presidencia y Justicia esgrimió que el juez le preguntó quién era el responsable directo de Álvarez, es decir, quién supervisó su trabajo, y por eso él dio el nombre, tras recabarlo en un receso de "algo más de media hora" ordenado por el juez, de Raúl Díaz Silva, coordinador de personal de Palacio.

El titular de la Presidencia y Justicia niega que mintiera en su declaración como testigo del 16 de abril y que hubiera malversación en la contratación de la asesora de la mujer del jefe del Ejecutivo

Bolaños insistió en que nunca dijo, "jamás", que fue Díaz el que nombró a Álvarez, y se remitió al vídeo de su declaración como testigo y al decreto de estructura de la Presidencia del Gobierno para comprobar quién tenía la potestad para hacer esos nombramientos. Al que le correspondía, indicaban fuentes del Ejecutivo, era al vicesecretario general, Alfredo González. Por tanto, rubricó el ministro, no hubo mentira. No hubo falso testimonio por su parte. Y tampoco, añadió, hubo malversación. A día de hoy, no le "consta ninguna actividad privada de Cristina Álvarez en la cátedra que codirigía la señora Begoña Gómez" en la Universidad Complutense.

Bolaños se mantuvo cauto en sus apreciaciones sobre Peinado. Apuntó que no le corresponde decir si el juez ha prevaricado o no. Igual de comedida había sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, horas antes, en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Gabinete: "Máxima tranquilidad. Máxima tranquilidad, conocemos perfectamente esta instrucción y por tanto lo de hoy es un capítulo más. Por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del ministro de Justicia, tranquilidad máxima". El Ejecutivo, de manera obvia, había preferido contenerse públicamente en la valoración del escrito de Peinado.

Estamos muy tranquilos, quedará en nada. Confiamos absolutamente en que el Tribunal Supremo ponga un poco de orden en todo esto. No hay ni pruebas ni nada", indican en la Moncloa, donde hablan de "disparate" y de "causa política"

En privado, sin embargo, era otra cosa. Desde la Moncloa calificaban de "disparate" el texto, hablaban de "causa política" y de la falta de indicios para sustentar la investigación, se quejaban de los "errores" del juez. "Estamos muy tranquilos, quedará en nada. Confiamos absolutamente en que el Tribunal Supremo ponga un poco de orden en todo esto. No hay ni pruebas ni nada", sentenciaban en la Moncloa.

"Llueve sobre mojado" para el PP

El PSOE sí que se refrenó menos. El partido acatará lo que diga la Justicia, señaló el portavoz en el Congreso, Patxi López, pero de entrada considera que la petición de imputación de Bolaños como "otra barbaridad más del mismo juez". El diputado puso como ejemplo un pasaje comprendido en la exposición motivada: alude a que el ministro coincidió con Álvarez "en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez", cuando es obvio que se refería a ese encuentro con ocasión del fallecimiento del padre de la esposa del presidente. "Él mismo se retrata con sus actuaciones", zanjó López. "Parece que en la exposición razonada al juez Peinado le ha traicionado el subconsciente", ironizó el titular de Transportes, Óscar Puente, el único miembro del Gabinete que se atrevió a ir más allá en público.

Lo del juez es una patochada. Otra más. Pero yo creo que la Justicia no es consciente del descrédito que este tipo de actuaciones le ocasionan", afirma un integrante del Ejecutivo

"Es una auténtica locura la petición de Peinado, pero pienso que sí, que el Supremo la echará atrás", coincidía uno de los interlocutores más habituales del presidente. "Una patochada. Otra más. Pero yo creo que la Justicia no es consciente del descrédito que este tipo de actuaciones le ocasionan", afirma un integrante del Ejecutivo. En el Gobierno no creen que este caso se mezcle "con nada", es decir, que los ciudadanos saben discernir entre una causa débilmente sostenida, a juicio de los socialistas, como sería esta, con otra que cuenta con indicios más que sólidos, como el caso Koldo. "Esto ha sido el mismo show del mismo señor [Peinado] desde el principio", remachan.

La decisión del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid abrió una pequeña ventana para el Gobierno, para la recuperación de su discurso de hostigamiento judicial, que ha venido aplicando a los casos de la mujer y del hermano del presidente, y al que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero esa tesis, ciertamente, nunca se la ha endosado al caso Koldo / Ábalos / Cerdán. Es más, Sánchez y los suyos presumen de que se ha actuado con "contundencia" y rapidez antes incluso de que llegaran las imputaciones. El presidente pidió de hecho la caída de su último secretario de Organización a las pocas horas de conocerse el informe de la UCO.

El Ejecutivo ha venido aplicando la teoría de la persecución judicial en los casos de la mujer y el hermano del presidente, y en el que afecta al fiscal general del Estado. No lo ha hecho con el 'caso Koldo'

Por eso el paso dado por Peinado le permitía recuperar un marco más favorable. Aunque, lógicamente, incómodo, porque engrosa la crítica del PP contra el Ejecutivo por el cerco de la presunta corrupción. "Llueve sobre mojado", indicaba este martes Alberto Núñez Feijóo sobre la petición del magistrado al Supremo. "Ya el Gobierno de España tiene demasiados problemas como para apuntar uno más", agregó. "No nos vamos a alegrar de que nos persigan", rematan con cierta mordacidad en la Moncloa.

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