El PP evita confrontar con Vox por el incidente en el Congreso para no arruinar unos pactos "prácticamente cerrados"

Los populares se opusieron este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados a apoyar una declaración institucional de condena impulsada por el PSOE tras los acontecimientos del martes pasado en los que el diputado de Vox, José María Sánchez, subió al estrado y se enfrentó verbalmente con el vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Antonio Rodríguez Gómez de Celis. Si bien se mostraron proclives a aceptar refrendar el texto, se negaron a hacerlo al rechazar los socialistas tres matizaciones clave que permitían la condena sin desligarse de la principal crítica que vienen haciendo desde Vox: la presunta parcialidad de Presidencia según quien ejerce el turno de palabra.

En concreto, el documento promovido hacía referencia a que Sánchez "solicitó intervenir" en varias ocasiones "sin el uso de la palabra", siendo "llamado al orden por la Presidencia". Recuerda que el diputado subió a estrado para confrontar con una de las letradas, lo que le acarreó una segunda llamada al orden, y ahí sucedió un enfrentamiento directo con el socialista que suplía en esos momentos a Francina Armengol. La declaración propuesta por el PSOE rehúye lo "anecdótico" y señala que es un paso más hacia unas formas de hacer política basadas en el "ruido", "la intimidación" y en "el desprecio" de las normas.

A estas líneas, el Grupo Popular añadió la precisión de que el diputado de ERC, Jordi Salvador, habría llamado a Sánchez "asesino", entre otras presuntas valoraciones; y que además de las del diputado de Vox, "hay otras actitudes de otros muchos grupos parlamentarios que son igualmente considerables: gritos, insultos, gestos" que no son "reprobados habitualmente por la Presidencia de la Cámara". Se pedía, por otro lado, que la Presidencia "deje de bloquear leyes, práctica que ya cuenta con el rechazo del Tribunal Constitucional". Desde el PP se optaba por las matizaciones que Vox venía haciendo durante la jornada, la de condena de una desigualdad de derechos parlamentarios dependiendo de las siglas, si bien se asumía que la actuación de Sánchez no fue la mejor de todas.

Asimismo, a lo largo de la sesión plenaria de este miércoles, desde el PP no ha habido ninguna declaración pública ni posicionamiento privado en los pasillos respecto a este asunto. Se intenta esquivar en lo posible cualquier declaración que pueda irritar a los de Santiago Abascal y torpedear unas conversaciones que siguen en curso en Extremadura y en Aragón, con el calendario apretando a populares y ultraconservadores.

Más en un periodo delicado de por sí para Vox, cuando su alianza con Trump empieza a toparse con contradicciones como las críticas vertidas contra la premier italiana Giorgia Meloni, con quien cierran filas, o tras una derrota de Víktor Orbán que golpea a su principal faro estratégico y económico dentro de la UE. La Fidesz, el partido del aún primer ministro en funciones, se enfrenta a un posible proceso de refundación tras caer después de 16 años de gobiernos ininterrumpidos.

Todo esto se une al punto de inflexión electoral de Abascal, que parece haber tocado techo electoral. Una situación de 'frenazo' que en Vox niegan mientras culpan a los medios de generar expectativas desorbitadas. Los populares han conseguido posicionarse en una situación en la que ya no son ellos los que tienen que justificar o posicionarse respecto a pactos de coalición, sino que es Vox quien tiene que despejar esas dudas a sus votantes, con la complejidad de que tanto un paso a favor o en falso suponga un distanciamiento con una parte importante de su electorado. Hasta ahora la distancia crítica le ha valido para despuntar a Abascal.

Dos semanas para cerrar los acuerdos

La prudencia guía las declaraciones de PP y Vox en torno a cómo avanzan las conversaciones entre partidos tanto en Extremadura, para un pacto programático y la investidura de María Guardiola, como para lo mismo en Aragón para Jorge Azcón. No se traslada nada, pero se insiste en la idea de que se sigue avanzando, a falta de cerrar unos "flecos sueltos".

Por delante quedan poco más de quince días para proceder a realizar las sesiones de investidura, con tope el 4 de mayo para ambos casos regionales. En el primero, por cerrarse el plazo de dos meses establecido por el estatuto autonómico desde que hay una primera investidura fallida; y el segundo por fijarse ese mismo plazo desde que se constituyen las Cortes. Tanto en Extremadura como en Aragón, se mostró voluntad de seguir negociando esta semana, aunque no se ha comunicado oficialmente ninguna cita, se asume que los contactos son constantes, no necesariamente en persona.

A sabiendas de que al menos tienen que transcurrir un par de días para comunicar las intenciones a la Presidencia de las respectivas cámaras y para la convocatoria de los plenos, con dos días añadidos para el discurso de investidura, las réplicas y la posterior votación, los acuerdos deberían estar cerrados a principios de la última semana de abril.

Ante ello, en el PP muestran tranquilidad. Fuentes nacionales, representadas en las conversaciones a través del secretario general, Miguel Tellado, y la jefa de Gabinete de Feijóo, Marta Varela, indican que "hay tiempo" para cerrar los acuerdos y que se sigue primando llegar al mejor entendimiento posible. No se muestra preocupación, aunque no se esconde que el deseo de Feijóo era el de desbloquear todo lo antes posible para ponerse a trabajar y centrar el foco en los comicios de Andalucía. Por su parte, desde Vox fuentes al tanto de las conversaciones y el detalle de las mismas apuntan a la posibilidad de que se cierren los pactos programáticos esta misma semana. Está "prácticamente hecho" a falta de concretar algunos asuntos.

Lo que sí confirman es que sigue sin abrirse la tercera fase de la negociación: el reparto de responsabilidades dentro del hipotético gobierno. Para Vox es esencial pactar las políticas primero para después ver cómo se ejecutan de la mejor forma posible, tras instaurar un calendario. En este aspecto hay un matiz importante: en Castilla y Léon se ha pactado antes los puestos en la Mesa de las Cortes que esas mismas políticas, con unas conversaciones aún vagas en las que el PP mantiene la idea de gobernar en solitario a la contra de lo que aspiran en Vox. En esa comunidad las negociaciones podrán prolongarse más allá de junio, e irán de la mano de las de Andalucía de perder su mayoría Juanma Moreno.

Momento de cautela en el PP

El caso 'Sánchez-De Celis' transcurre, además, en un momento en el que Génova decretó a su primera fila mantener una posición de prudencia. Incluso pese a lo que se han considerado provocaciones a escala nacional durante la profundización de esas negociaciones. Los populares han recibido ataques contra Feijóo 24 horas después de que representantes de Vox valorasen como positivos los acercamientos en Mérida y Zaragoza. Desde las críticas de José María Figaredo al supuesto intento de torpedear el diálogo -replicado posteriormente por otras figuras del partido-, a alusiones por parte del vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que calificó las prácticas del PP como la de "contrabandistas de ría".

Ante estas descalificaciones, Feijóo optó por fomentar el silencio entre los suyos y huir del choque hasta que todo esté sellado en los territorios. Se vinculó todo a los nervios por los resultados en las encuestas y la "ralentización" de las expectativas, y a la crisis con los críticos; con los casos de Iván Espinosa de los Monteros, que pide un congreso extraordinario para refundar el partido y volver a los principios fundacionales, o el de Juan García-Gallardo, que coquetea una postura más dura.