Junts no apoya a PP y Vox y permite que la reforma constitucional del Gobierno para blindar el aborto avance en el Congreso

Dos días después de que el partido de Carles Puigdemont se opusiera al decreto de vivienda para prorrogar los contratos de alquiler y topar en un 2% el incremento de precios anual, Junts permitió al Gobierno arrancar una nueva victoria parlamentaria. El voto en contra de Junts a las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a al proyecto de ley para la reforma de la Constitución para blindar el aborto fracasaron, por lo que el trámite parlamentario continuará. Ambas se votaron acumuladas, y se rechazaron con 177 votos en contra y 171 a favor.

En todo caso, la reforma tiene pocos visos de salir adelante, dado que necesitan un apoyo de tres quintos de los miembros del Congreso y el Senado. Es decir, 210 escaños en la Cámara Baja y 160 en el Senado, algo que obliga al Gobierno a contar con un sí imposible del PP además del de toda la izquierda, el PNV y el de los posconvegentes. Durante el debate, desde el PP y desde Vox se mencionó que esta medida es "electoralista" en un periodo en el que ya de por sí la mayoría de la legislatura está rota. También para "tapar la corrupción del Gobierno" mientras acontece el juicio del 'caso mascarillas' en el Supremo.

En concreto, el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a los mando de la propuesta, busca la reforma del artículo 43 de la Carta Magna para dar rango de derecho constitucional a la capacidad de decisión de interrupción voluntaria del embarazo. En sus tres puntos, este apartado de la Constitución recoge actualmente que "se reconoce el derecho a la protección de la salud". "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto". En ello se quiere hacer mención al derecho al aborto.

La posición de rechazo ante este proyecto de ley que esgrime el PP radica en que ven la reforma como "un fraude de ley". Desde Vox, firme retractor del derecho a la interrupción del embarazo, se define como un "atentado contra la dignidad de la naturaleza de la persona". Frente a ellos, la ministra Redondo defendió el asunto como "imprescindible" para "garantizar la libertad" de ejercer "plenamente" el derecho al aborto. Redondo insistió en que se pretende proteger el acceso al aborto a través de la sanidad pública en todo el territorio nacional, al haber diferencias regionales y que predominen las intervenciones en clínicas privadas en casi el 80% de los casos.

A los populares la ministra les pidió que retirasen, sin éxito, la enmienda a la totalidad. "Sean cómo lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado". En contrapropuesta, desde el PP, la diputada encargada de la defensa de la enmienda, Silvia Franco, reclamó al Gobierno que se retire la reforma constitucional. No ve un respaldo social a la misma. Afeó, además, que "el Tribunal Constitucional ha tardado trece años en pronunciarse sobre un asunto tan sensible y ustedes pretenden tramitarlo por la vía de urgencia".

Joaquín Robles, representante de Vox, tachó el asunto como "el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos". El texto "responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística" con el objetivo de "ocultar su ineficacia y su corrupción". Para Vox, el Ejecutivo "no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida". Pese a ese respaldo a defender la vida desde el nacimiento "hasta la muerte natural" que se recoge en sus programas electorales, Vox aclaró por primera vez qué modelo de ley apoyaría: una que recogiera únicos supuestos como la de violación, riesgo grave para la madre o malformaciones del feto". Lo que sí exige es que se derogue la ley de plazos.

Junts y el PNV respaldan, pero advierten: "Es humo"

Mientras que los partidos de izquierda como Sumar, Podemos, Compromís o BNG han defendido la propuesta y han cargado contra las posiciones de PP y Vox -y de UPN, que se unió al voto de las enmiendas-, hubo más discrepancias por parte del PNV y Junts con el Gobierno. Los primeros, esta semana, han dejado ver un importante deterioro de las relaciones con el PSOE a raíz de un choque en Euskadi entre socios del ejecutivo vasco, tras publicar el PSE-PSOE un tuit con una imagen elaborada con IA en la que Aitor Esteban, líder jeltzale, se tiraba a una piscina. Los socialistas ironizaban con sus buenas previsiones para sacar la reforma del Estatuto vasco.

Para el PNV, en palabras de su portavoz Maribel Vaquero, la medida del Gobierno es de "oportunismo político" al buscar la "confrontación ideológica" con la derecha. Pese a todo, votaron a favor. Igualmente lo hizo Junts. Pilar Calvo, aseguró que la propuesta es "humo" y un "puro espectáculo electoralista".

El respaldo a la medida también vino por parte de ERC. Su portavoz en esta materia, Pilar Vallugera, reconoció que la enmienda planteada por los populares tiene sentido jurídico, pero los republicanos se han opuesto a sabiendas de que la medida fracasará, y como "gesto simbólico". La republicana concretó que el derecho ya está reconocido en España y que es el Gobierno, mediante su acción, incluida la aplicación del artículo 155 -de suspensión del gobierno autonómico-, corresponde garantizar que todos los hospitales públicos brinden ese servicio.