Nuevo pulso dentro del Gobierno de coalición. El socio minoritario, Sumar, expresó a través del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el deseo de ponerse a trabajar esta misma semana para detallar una nueva propuesta de prórroga de alquileres y tope del 2% de subida de precios anual tras no convalidarse el decreto de vivienda la semana pasada en el Congreso. En una rueda de prensa mantenida en el Espacio Ecoo junto al portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, en un contexto de coalición mientras se trabaja en la refundación de Sumar, Urtasun se refirió a la manifestación del 1 de mayo, por el Día del Trabajo, y señaló que la principal demanda de esa protesta radicó en el problema de la vivienda y de los alquileres. Por ello, se ven en la obligación de "recoger el guante".
El ministro anunció que "en los próximos días elaboraremos una propuesta que responda al consenso amplio" para poder volver a presentarla. Se aspira a que sea nuevamente a través de un decreto ley. "Lo vamos a seguir explorando para una acuerdo amplio", y para ello se deja claro que va a interpelarse "a todos los grupos para hacerlo viable". Desde Junts al propio PSOE. "Si alguien piensa que el debate termina tras los acontecimientos de la semana pasada, está muy equivocado". "No vamos a quedarnos de brazos cruzados", insistió Urtasun, con cierta referencia interna a su socio mayoritario del Gobierno.
Hay una doble problemática para que el Gobierno aborde este nuevo intento para alcanzar esa ansiada prórroga. El primero, es la propia discusión dentro del Ejecutivo. Los socialistas, y especialmente el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, no quiere afrontar esta materia otra vez con un decreto ley. Ya de por sí a finales de marzo costó que el PSOE asumiera un decreto autónomo de vivienda ajeno al escudo social para dar respuesta a la crisis económica consecuente de la Guerra en Irán. Hubo amago de cierta ruptura, de incluso suspender un primer Consejo de Ministros por el rechazo de Sumar y sus ministros a participar si no se decretaba esa prórroga. Los socialistas cedieron a sabiendas de que ni había los números suficientes por el rechazo de Junts o el PP, y de que una votación en contra no desgastaría a la derecha y sí al Gobierno.
El segundo problema es externo. Junts exige adoptar la mayor parte de su propuesta de vivienda, registrada en el Congreso. Mientras los socialistas ven nula capacidad de atraer a los de Carles Puigdemont en un momento de beligerancia, tras una ruptura efectiva de relaciones en octubre, en Sumar ven margen si se juegan dos cartas, la de las ventajas fiscales a los autónomos y la del IVA franquiciado, algo que fuentes del espacio aseguran que pide Junts como requisito mínimo y que el PSOE no puso sobre la mesa del todo la semana pasada. Creen que habría cambiado el criterio de los posconvergentes.
"No vamos a quedarnos de brazos cruzados"
Urtasun, in situ, no habló de plazos en concreto, solo que hay "voluntad de reiniciar el diálogo en los próximos días" con Junts y de sacar esto adelante "cuanto antes". No se renuncia tampoco a la moratoria de desahucios, aunque se duda de si convendría introducirlo en este decreto tras decaer en febrero. No sería un aliciente para Junts. Dan a entender que es una medida más aplazable hasta encontrarle encaje. El titular de Cultura aseguró que aunque se tienen que sentar, el diálogo es permanente con los socios de legislatura, para múltiples asuntos, y también con el socio de coalición, el PSOE.
A las preguntas de si creen que el PSOE se implicará sin miramientos ni reticencias como en marzo, más ante las preferencias que deja caer Vivienda, que optan por centrarse en el problema del alquiler de temporada, y en todo caso, contemplar alguna proposición de ley conjunta, en Sumar son tajantes. Creen que no hay excusas para no implicarse en algo que "fue votado por el PSOE la semana pasada" con la forma de decreto. "Lo han votado ya en el Congreso varias veces", añadió. Urtasun lanzó una advertencia a los de Pedro Sánchez, incluso: "Revalidar el Gobierno pasa por ser capaces de afrontar el problema de la vivienda. Es el principal factor de desigualdad. Hay que dar una señal para que todos aquellos inquilinos que lo están pasando mal sean capaces de afrontarlo, por justicia social". Se insiste en que la calle "sigue interpelando" al Ejecutivo.
Para las conversaciones a las que se comprometen en Sumar, son claves Junts y el PNV. El PP ya rechazó en abril reunirse con Urtasun y la portavoz parlamentaria del Grupo, Verónica Martínez Barbero, al considerar clara su propuesta de vivienda y las diferencias de ello con lo que presentaban los magentas en el Congreso. Ven capacidad de atar el respaldo de Junts antes de presentar ese decreto si se incluyen mínimos como ese IVA franquiciado, incluso bajando los ratios, y sin entrar en otras exigencias más ambiciosas para los posconvergentes como ampliar las deducciones también a las hipotecas. Respecto al PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero ya cuestionó que el Gobierno insistiese en la figura del decreto ley para todo y consideró el asunto como una medida poco ambiciosa frente a un problema profundo. Se señaló a la Ley de Vivienda estatal de 2023 y a la Ley de Arrendamientos Urbanos, sugiriendo que hay riesgo de entrar en contradicciones.
Los magentas se abren ahora a unas bonificaciones a caseros que cuestionaron a principios de año tras la propuesta del PSOE, y eso se cuestiona a Sumar desde el Grupo Socialista en el Congreso. Esas mismas bonificaciones no gustan a los partidos de la izquierda, a Podemos, a Compromís, al BNG o a EH Bildu, pero desde ERC fuentes parlamentarias aseguran que pese a ello se votará cualquier decreto de vivienda que mejore en algo la situación. Sumar extiende ese compromiso a todos los socios, cree que el PNV con sus 5 escaños no torpedeará un nuevo decreto y aspira a convencer por presión a socialistas y posconvergentes. De repetirse la abstención del PNV, ésta sigue dándoles mayoría de 174 votos frente a los 171 de la derecha.
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