El hombre que entró por las puertas giratorias del edificio del Servicio Europeo de Acción Exterior la mañana del martes llevaba una túnica blanca inmaculada y una barba recortada con esmero. Sus ayudantes cargaban carpetas con membrete oficial. Un funcionario belga los esperaba en el vestíbulo con la sonrisa profesional y levemente ansiosa que se reserva para visitas que nadie sabe muy bien cómo clasificar. Era junio de 2026, y los enviados del Emirato Islámico de Afganistán venían a hablar, entre otras cosas, de estabilidad regional.

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En Kabul, a esa misma hora, una niña de trece años llamada Farida doblaba por cuarta vez los mismos folios de matemáticas y los guardaba entre las costuras de la bolsa de tela con la que su madre la enviaba a comprar lentejas. Lo había aprendido de memoria: no caminar con otras, no llegar al mismo tiempo que las demás, no llevar nada que parezca un libro. La clase dura cuarenta minutos. Si llaman a la puerta, el cuaderno desaparece debajo del fardo de tela y la profesora abre con calma, porque el pánico se huele.

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Entre estas dos escenas, separadas por seis mil kilómetros y un abismo moral, transcurre la historia que nadie en Bruselas quiere nombrar con exactitud.

Desde que los talibanes recuperaron Kabul en agosto de 2021, la arquitectura del apartheid de género más sistemático del siglo XXI se ha construido con una coherencia que resulta, en su propia lógica interna, casi admirable. Primero las universidades, después los institutos, luego las escuelas de primaria a partir del sexto curso. Después los parques, las peluquerías, los gimnasios, los baños públicos. Después la prohibición de trabajar en ONG internacionales. Después la de trabajar en la ONU. Cada decreto llegaba anunciado por el mismo silencio previo y seguido por la misma expresión de sorpresa calculada de la comunidad internacional, que tardaba dos semanas en redactar un comunicado y seis meses en olvidarlo.

Lo que ocurre en Afganistán no es una deriva autoritaria, ni una crisis humanitaria en el sentido técnico del término. Es la extinción legal y planificada de la mitad de una población de cuarenta millones de personas. Las niñas afganas nacidas después de 2009 no han conocido un solo año de adolescencia en el que el Estado no les haya prohibido algo fundamental. Para ellas, la pregunta no es qué carrera estudiarán, sino si alguna vez podrán caminar solas por una calle.

Y sin embargo, en junio de 2026, la Unión Europea recibe a sus representantes para explorar "canales de diálogo". El argumento de Bruselas es predecible porque es siempre el mismo: sin interlocución, Afganistán se convierte en un Estado fallido que exporta terrorismo y flujos migratorios. Es necesario mantener el contacto. Es necesario, sobre todo, ser pragmáticos.

Lo que se negocia en las salas climatizadas del Rond-Point Schuman no es, en realidad, la situación de las mujeres afganas. Es el precio de ignorarla

El problema con el pragmatismo es que tiene memoria corta y un precio largo. Cada vez que Occidente ha extendido una mano al régimen talibán sin condiciones innegociables, los talibanes han respondido con un nuevo decreto restrictivo, con la certeza aprendida de que el miedo a la inestabilidad siempre pesará más que la indignación moral. En 2022 prometieron moderar las restricciones educativas a cambio de ayuda humanitaria. En 2023 endurecieron la prohibición de las universidades. En 2024 cerraron las escuelas de primaria para niñas mayores de once años. Cada concesión occidental ha sido respondida con un apretón de tuerca, porque el régimen sabe que la paciencia de Bruselas es inversamente proporcional a su memoria.

Lo que se negocia en las salas climatizadas del Rond-Point Schuman no es, en realidad, la situación de las mujeres afganas. Es el precio de ignorarla. Un precio que se paga en términos de acceso consular, de ayuda condicionada, de acuerdos de control fronterizo. Las mujeres afganas no están en la mesa. Son el asunto que se pospone para una ronda posterior, cuando las condiciones sean más favorables, cuando el régimen haya "evolucionado", cuando el momento político sea el adecuado. El momento político adecuado lleva cinco años sin llegar.

Mientras tanto, en los barrios de adobe de las periferias de Kabul, de Herat, de Jalalabad, cientos de mujeres sostienen con sus propias manos la única institución que el Estado no ha logrado destruir del todo: la voluntad de saber. Las escuelas clandestinas no tienen nombre ni dirección fija. Se mueven de casa en casa cada pocas semanas. Las profesoras se comunican a través de aplicaciones con mensajes de autodestrucción y formatean sus teléfonos con la regularidad con la que otros cambian de contraseña. Las niñas aprenden a llegar con diez minutos de separación, a esconder los cuadernos entre los pliegues del burka, a sustituir los manuales de historia por ejemplares del Corán si llaman a la puerta.

La resistencia de las mujeres que enseñan en habitaciones sin ventanas demuestra que el deseo de aprender sobrevive a cualquier decreto

Es una logística de resistencia que tiene algo de prodigioso y mucho de insostenible. Las profesoras que son descubiertas no van a juicio porque no hay juicio al que ir. Hay detención, hay interrogatorio, hay lo que el régimen llama "orientación", que es una palabra que en los centros de la policía religiosa significa cosas que los informes de Amnistía Internacional describen con la frialdad necesaria para poder ser publicados. Los padres y hermanos de las mujeres implicadas son detenidos también, como cómplices, como prueba de que el control familiar es responsabilidad del varón. Los propietarios de los inmuebles pierden sus bienes. El castigo se irradia hacia afuera como una onda expansiva, diseñada para que nadie que conozca un caso quiera arriesgarse a ser el siguiente.

Y aun así, las clases continúan.

Farida, con sus trece años y sus folios doblados entre las lentejas, no conoce el nombre de ningún diplomático europeo. No sabe que a seis mil kilómetros de distancia unos hombres con corbata están sentados frente a los hombres que firmaron los decretos que le impiden ir a la escuela, discutiendo sobre estabilidad regional. Lo que sabe es que su profesora lleva tres años enseñándole álgebra en una habitación sin ventanas, y que eso es, en las coordenadas de su mundo, un acto de valentía que no tiene equivalente en ningún vocabulario diplomático conocido.

La pregunta que Bruselas no se formula en voz alta es sencilla: ¿qué mensaje envía al mundo el hecho de que un régimen que ha convertido a la mitad de su población en prisioneras domésticas reciba delegaciones oficiales de la primera potencia normativa del planeta? La respuesta también es sencilla, aunque incómoda: que si resistes el tiempo suficiente, si capturas a tu propia gente como rehén de tu supervivencia política, Occidente acabará parpadeando, ajustándose la corbata y ofreciéndote un asiento en la mesa.

La resistencia de las mujeres que enseñan en habitaciones sin ventanas demuestra que el deseo de aprender sobrevive a cualquier decreto. La pregunta es si la comunidad internacional estará a la altura de esa valentía, o si preferirá seguir llamando "diálogo" a lo que, visto desde Kabul, tiene el aspecto inequívoco de una rendición.