Las reglas que nadie escribió

Hay un gesto que llevo meses sin poder quitarme de la cabeza, y lo peor es que no tiene nada de espectacular. Un hombre, en un despacho que corona la legalidad de todo un Estado, pasa la yema del dedo por la pantalla de su teléfono y borra unos mensajes. Eso es todo. El movimiento más doméstico que existe, idéntico al que yo mismo hago una docena de veces al día para vaciar una conversación intrascendente, la yema sobre el cristal en la penumbra de una mañana cualquiera. Y, sin embargo, no consigo mirarlo como un gesto trivial, porque sé lo que había debajo. En aquel roce levísimo se deshilachaba algo enorme, la independencia de una institución entera. He vuelto muchas veces sobre esa imagen, la he congelado, la he ralentizado en mi cabeza como quien repasa la grabación de un accidente buscando el instante exacto en que todo se torció, y todavía no sé si lo que siento es indignación o algo más incómodo, el reconocimiento de un gesto que me resulta, por cotidiano, demasiado familiar.

Frente a esa imagen pongo otra, y lo hago a conciencia, porque comparar es entender. En febrero de 2019, en una sala del Parlamento de Ottawa, Jody Wilson-Raybould sostuvo durante casi cuatro horas la mirada y el relato sin que la voz se le quebrara una sola vez. Hablaba despacio, con una monotonía deliberada, casi judicial, eligiendo cada palabra como quien coloca una piedra sobre otra, y esa calma sin aristas era ya una forma de resistencia. Contaba cómo el entorno del primer ministro había intentado, reunión tras reunión, que desviara un proceso penal contra una gran empresa de ingeniería. Era ministra de Justicia y fiscal general de Canadá, la primera persona indígena en ocupar esa cartera, y se había negado. La movieron de puesto, dimitió, y meses después el comisionado de Ética del Parlamento concluyó que el propio Justin Trudeau había vulnerado el artículo 9 de la ley de conflictos de interés al intentar influir en aquella decisión. No hubo togas rasgadas ni un dato reservado en circulación. Hubo una ministra que no levantó la voz porque no le hacía falta. Confieso que, al leer su testimonio, sentí algo parecido a la envidia, la de quien contempla desde fuera una casa con las costumbres que en la suya nunca cuajaron.

Y vuelvo al dedo sobre la pantalla, porque la otra escena ocurrió en mi país y me concierne de un modo que la canadiense no puede. Cinco años después de Ottawa, el fiscal general del Estado español borró aquellos mensajes en una mañana idéntica a tantas. El Tribunal Supremo no consideraría el borrado decisivo por sí solo, pero le otorgaría relevancia probatoria y pondría en duda la explicación de aquellas eliminaciones periódicas. El fallo, anticipado el 20 de noviembre de 2025 y notificado por escrito el 9 de diciembre, lo convirtió en el primer fiscal general en ejercicio condenado e inhabilitado de la democracia española, por revelar datos reservados de la defensa de un particular. Hay un detalle de esa historia en el que no logro dejar de pensar, y no es el delito, sino lo que ocurrió alrededor. Mientras el tribunal deliberaba, el Gobierno que lo había nombrado no le pidió que se apartara. Lo defendió. Dos fiscales generales, dos países, dos maneras de entender un mismo cargo, y yo, que escribo desde uno de ellos, no puedo fingir la neutralidad del entomólogo.

La calidad democrática

Conviene empezar por el papel, donde la comparación incomoda a los tópicos, también a los míos. Porque la tentación, llegados aquí, es el lamento fácil, decir que España es una democracia de segunda y quedarse tan ancho, y debo resistirla, porque es falsa. España no es una democracia de segunda. En el Índice de Democracia de The Economist correspondiente a 2024 obtiene 8,13 sobre 10 y figura, sin discusión, como democracia plena, con una nota de 9,58 en proceso electoral y pluralismo. Lo revelador, y aquí empieza lo que de verdad me inquieta, es que sus peores calificaciones se concentran con precisión casi quirúrgica en otras tres casillas, la participación política, el funcionamiento del Gobierno y la cultura política. Lo que funciona en España es la maquinaria de votar. Lo que falla es casi todo lo que ocurre entre una elección y la siguiente. Y entiendo entonces que una Constitución es solo un esqueleto, que lo que le da vida es un tejido invisible de autocontenciones que nadie ha legislado, eso que Tocqueville llamaba las "costumbres del corazón", y que yo he aprendido a echar de menos sin haberlo tenido nunca.

En Canadá, el fiscal que defendió su independencia ganó. Aquí, el que actuó alineado con el poder que lo había nombrado fue condenado

He buscado ese tejido en otros sitios, casi con la avidez del que ha pasado frío y quiere saber cómo se calienta la casa de al lado. El Reino Unido, casi sin Constitución escrita, es una de las democracias más sólidas del planeta gracias a él, lo que los británicos llaman, medio en broma, la teoría del buen tipo, la idea de que el poder se contiene a sí mismo porque hay cosas que no se hacen aunque ninguna ley las prohíba. De ahí gestos como el de Lord Carrington, que dimitió en 1982 por no haber previsto la invasión de las Malvinas, un fracaso que ni siquiera era suyo. Me detengo en ese hombre más de lo razonable, porque renunciar al poder por una culpa ajena es justo lo que en mi país no veo, y necesito creer que es posible. Tampoco conviene idealizar, y me lo repito para no caer en mi propia trampa, esa tradición se resquebrajó con Boris Johnson; pero el sistema fue capaz de multarlo por el Partygate, de declararlo culpable de engañar deliberadamente al Parlamento y de expulsarlo. El tejido cedió, y luego se rehízo.

Canadá teje alrededor de su Parlamento una red de vigilantes independientes, y por eso Wilson-Raybould acabó reivindicada por un dictamen que señalaba al primer ministro. La ministra que protegió su independencia salió victoriosa aunque perdiera el cargo. Pongo ese desenlace junto al español y el contraste me deja sin coartadas, porque allí el fiscal que defendió su independencia ganó, y aquí el que actuó alineado con el poder que lo había nombrado fue condenado, y ese mismo poder lo defendió hasta el final.

Perder la cara

Japón me enseñó algo todavía más sutil, y más físico. Allí la palabra sekinin, responsabilidad, no es una metáfora; perder el rostro es una pequeña muerte social que obra con una contundencia casi biológica, en el cuerpo antes que en el expediente, en la reverencia que se prolonga de más y en el rostro descompuesto ante las cámaras. Tampoco allí hay pureza, y casi lo agradezco, porque la pureza me haría desconfiar. El escándalo de los fondos opacos del Partido Liberal Democrático terminó con archivos fiscales para decenas de políticos que apenas dieron explicaciones, la cultura de la dimisión falló; pero la rendición de cuentas llegó por otra vía, el electorado arrebató al partido sus mayorías parlamentarias, incluida la de la Cámara Alta en 2025.

Y aquí está la lección que fui a buscar sin saber que la buscaba. En una democracia de calidad los controles son redundantes. Primero actúa la vergüenza, en la piel; si la piel se endurece, actúan los tribunales; si los tribunales tropiezan, quedan las urnas. Cuando uno cede, el siguiente sostiene. Lo escribo y siento a la vez el consuelo de haberlo entendido y la inquietud de preguntarme cuántos de esos relevos resisten en mi país antes de que la cadena se rompa.

Regreso a España, y no para el lamento cómodo, del que ya me he prevenido, sino para nombrar la dolencia con la precisión con que un médico nombra lo que duele. No es la corrupción en sí, que existe en todas partes, sino que el sistema no la metaboliza. Su nombre de manual es partitocracia, que traducido a algo visible significa partidos convertidos en agencias de colocación que se reparten el Estado como un patrimonio. El Consejo General del Poder Judicial estuvo bloqueado más de cinco años porque los dos grandes partidos prefirieron una institución vacante a una que no controlaban. El Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la televisión pública se reparten por cuotas, casi como un botín. El Eurobarómetro especial de 2025, recogido en el informe europeo sobre el Estado de derecho, lo retrata sin piedad: el ochenta y nueve por ciento de los españoles cree que la corrupción lo impregna todo, frente a una media europea del sesenta y nueve por ciento. Pero esa cifra no describe solo a los corruptos, describe a un ciudadano que ha dejado de indignarse porque ha empezado a esperar el escándalo, que lo contempla como quien contempla el clima, y debo confesar que reconozco a ese ciudadano, que algunas mañanas he sido yo, el que lee el último caso con un encogimiento de hombros y pasa de página. Esa resignación mía, multiplicada por millones, es el verdadero síntoma.

Esa resignación nace además un escalón más arriba, porque el dirigente no concibe su cargo como un servicio del que se rinden cuentas, sino como una trinchera que se defiende, y la dimisión, en esa lógica de guerra, no es honor sino rendición, un trofeo que se entrega al enemigo. Por eso la palabra se ha ido extinguiendo de la práctica. Sobrevive en el diccionario, ha desaparecido de las costumbres. Y cada vez que el dedo borra los mensajes en lugar de soltar el cargo, la trinchera gana una pulgada y la costumbre que nunca creció retrocede otra más.

El dirigente no concibe su cargo como un servicio del que se rinden cuentas, sino como una trinchera que se defiende

¿Por qué? Me he prohibido la respuesta perezosa, la de una supuesta inferioridad moral española, porque además de cómoda es falsa, y porque desconfío de toda explicación que me deje a salvo. La respuesta es histórica. La Transición levantó en pocos años una arquitectura formal de primer orden sobre una cultura política a la que cada intento anterior de orden liberal le había sido segado por un pronunciamiento, una guerra o una dictadura. Las costumbres democráticas no se promulgan en un boletín, se sedimentan en generaciones de práctica ininterrumpida, y a España se le negó esa continuidad. La letra se importó deprisa. Las costumbres, que tardan generaciones, no se dejaron crecer. Y nada de esto autoriza la complacencia ajena, ni la mía cuando miro hacia fuera, porque el Partygate británico, los fondos japoneses o la deriva estadounidense recuerdan que el peligro es el mismo en todas partes, que la regla escrita, sola, nunca se sostiene.

Vuelvo, para terminar, a los dos fiscales, porque empecé con ellos y porque he comprendido que toda esta vuelta al mundo no era más que un rodeo para volver a mirarlos. La diferencia entre aquellos países y el mío no es que carezcan de ambiciosos, de corruptos o de serviles, los tienen todos, como nosotros. Es que conservan una sola vara de medir, que aplican con relativa indiferencia hacia quién manda, y una capacidad residual de vergüenza, esa fuerza callada que empuja a un ministro a dimitir por una derrota que no fue culpa suya. Una democracia no se mide por la perfección de sus leyes, sino por lo que hacen los poderosos cuando ninguna ley los observa, cuando solo queda en pie la regla que nadie escribió. Y sé ahora por qué el gesto del dedo sobre la pantalla no me suelta. No es el delito lo que me desvela, es la familiaridad, la certeza incómoda de que esa regla invisible tampoco ha terminado de crecer dentro de mí, que también yo, en lo pequeño, he vaciado conversaciones y he apartado la vista. La pregunta que España no ha respondido aún no es si tiene buenas leyes, que las tiene, sino si dejará que esa regla invisible crezca por fin hasta hacerse costumbre. Y la formulo sabiendo que no es solo una pregunta sobre ellos, los de los despachos, sino también sobre mí, sobre lo que estoy dispuesto a exigirme cuando nadie me mira y la pantalla, en la penumbra, espera el roce del dedo.