La mano derecha del DAO de la Guardia Civil se escuda en que sus subordinados de la UCO nunca se quejaron de "presiones"

Juan Manuel del Barco, secretario del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas, ha cuestionado este martes ante la Audiencia Nacional las presuntas presiones denunciadas por los dos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) a quienes se les abrieron dos informaciones reservadas en el marco de las investigaciones que rodean al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.

Durante su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz —que instruye el 'caso Leire'—, Del Barco ha cuestionado que el exjefe de la UCO Rafael Yuste y el general jefe de la unidad, Alberto López Malo, hayan declarado haber recibido órdenes para "ponerse de perfil" en las investigaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. Según ha sostenido, ambos mandos no trasladaron ningún tipo de queja o advertencia por presiones cuando fueron interrogados en el marco de las diligencias internas abiertas a raíz de la presunta filtración de los mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez, publicados en prensa en mayo de 2025.

Cabe destacar que estos agentes a los que se abrió expediente, no se quejaron presuntamente ante la Dirección de la Guardia Civil ya que fue la misma cúpula quien decidió abrir esos expedientes a los agentes.

La UCO como "objetivo de interés"

Según se desprende de los diferentes informes a los que ha tenido acceso este periódico, la UCO se convirtió en un "objetivo de interés" prioritario para una presunta organización criminal debido a su papel en la instrucción de causas judiciales que afectaban directamente al PSOE y a miembros del Gobierno. Para contrarrestar estas investigaciones, se diseñó una estrategia procesal y mediática orientada a desacreditar y "destruir" los procedimientos de la UCO.

Esta campaña buscaba forzar nulidades en casos complejos de fraude en el sector de los hidrocarburos para luego trasladar ese impacto procesal a otras causas sensibles, como el caso Koldo. Para ello, miembros de la red intentaron captar a empresarios investigados y a mandos de la Guardia Civil, ofreciéndoles mejoras procesales, la asunción de sus costes de defensa o puestos de responsabilidad a cambio de aportar información comprometedora que erosionara la credibilidad de los agentes de la UCO.

Las informaciones reservadas

Paralelamente, se instrumentalizó la estructura interna de la Guardia Civil para cercar a la UCO mediante la apertura de "informaciones reservadas". El hito más significativo ocurrió en mayo de 2025, a raíz de la publicación en prensa de mensajes privados entre el Presidente del Gobierno y José Luis Ábalos.

En ese momento, tanto la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, ordenaron de urgencia una investigación interna contra la UCO bajo la premisa de que los mensajes procedían de filtraciones de la Unidad. Todo ello se mantuvo en curso a pesar de que el propio DAO admitió internamente saber que la UCO no era el origen de la filtración y de que el propio Ábalos reconoció públicamente haber consentido la difusión de los chats a través de una persona de su confianza.

Esta presión administrativa contra la UCO se caracterizó por su "excepcionalidad", tal y como lo califican los propios agentes, y por la falta de canales formales de notificación, sumándose a otras dos informaciones reservadas abiertas en diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

La maniobra de mayo de 2025 solo se detuvo y archivó tras la intervención de la justicia. El instructor de la información reservada se reunió con el Magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien advirtió de manera tajante que, de abrirse formalmente dicho expediente, procedería a deducir testimonio y abrir diligencias penales tanto contra el instructor como contra el DAO que había ordenado la investigación. Ante esta advertencia judicial, y tras constatar las "presiones políticas" que se estaban recibiendo, la cúpula de la Guardia Civil ordenó el cierre inmediato y archivo de las actuaciones sin haber practicado ninguna diligencia.

El general que redactó la nota de encargo defiende su fiabilidad

En el marco de esta misma causa, el general jefe de Información de la Guardia Civil ha declarado también ante el juez Pedraz que la fuente de información que motivó las pesquisas internas sobre la posible implicación de la UCO en la filtración de los mensajes era "fiable".

Cabe recordar que, según consta en el sumario, la exmilitante socialista Leire Díez llegó a contactar directamente con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, dentro de las gestiones atribuidas a su intento de que se abriera una investigación interna sobre el origen de la filtración de los mensajes entre Sánchez y el entonces número tres del PSOE, José Luis Ábalos.

La UCO contabiliza en un mínimo de tres las reuniones que mantuvieron la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, y aunque desde Interior sostienen que en esas reuniones no se trató de intentar menoscabar a la Benemérita, la propia Mercedes sí ha reconocido que Díez le pidió intentar reincorporar al cuerpo a comandante Villalba, imputado en el 'caso Koldo'. Además, los informes recogen que la propia directora pidió tener localizados a todos los agentes de la UCO que investigaban los diferentes casos en los que se implicaba a personas del Gobierno.