El Gobierno confía en que la UE valide la regularización de inmigrantes y agilizará la tramitación de las solicitudes

De nuevo, los jueces se cruzaron en el camino del Gobierno. La Moncloa había previsto conceder este martes todo el empaque posible a la presentación de su Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, una especie de segundo hito tras la regularización extraordinaria de inmigrantes, cuya ventanilla se cerraba precisamente este 30 de junio. El presidente era el encargado de dar a conocer el paquete de 16 medidas, de confirmar el dato del más de un millón de solicitudes registradas de personas migrantes, de celebrar los números de una iniciativa "necesaria".

Pero el Tribunal Supremo se interpuso. En dos providencias, atendió los recursos presentados por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón y decidió plantear a las partes si hay que consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si el real decreto de normalización administrativa de inmigrantes entra en colisión con el ordenamiento jurídico europeo. Será a partir del próximo 7 de julio, según los cálculos del Ejecutivo, cuando el alto tribunal determinará si eleva o no la cuestión prejudicial al TJUE y si, en caso de hacerlo, también acuerda la adopción de medidas cautelares que impliquen la suspensión de todo el proceso. "No estamos excesivamente preocupados", señalan fuentes gubernamentales, convencidas de que Bruselas, si es que le toca pronunciarse, no pondrá pegas a la normativa española. Por lo pronto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz sigue adelante con su hoja de ruta prevista y "agilizará", tanto como sea posible, la resolución de los expedientes, incluso sin llegar a apurar los tres meses de plazo máximo de que dispone.

Desde el primer momento, el Ejecutivo lanzó un mensaje de "tranquilidad" a los miles de personas potencialmente afectadas, por su plena convicción de la "legalidad de la regularización", una medida que es la séptima vez que se lleva a cabo en España —y, probablemente, la más numerosa, por encima de la última, la de 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se concedieron 576.506 solicitudes—. El mecanismo de normalización administrativa se había diseñado se "velando estrictamente por su compatibilidad" con el ordenamiento jurídico europeo, señalaron.

El Supremo, previsiblemente a partir del 7 de julio, decidirá si eleva o no la cuestión prejudicial al TJUE y si adopta o no las cautelares de suspensión del decreto que pidieron Valencia y Aragón

El Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes, hasta este próximo viernes, 3 de julio, para que presenten alegaciones —Inclusión las prepara con la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado—, y decidirá previsiblemente dentro de una semana, a partir del día 7, sobre dos cuestiones. Primero, si eleva o no la prejudicial al TJUE y dos, si adopta o no las medidas cautelares que reclamaron los gobiernos del PP de Comunidad Valenciana y Aragón de paralización del real decreto del 14 de abril, el que puso en marcha el proceso de regularización.

Sánchez anuncia un plan para migrantes el día que concluye la regularización extraordinaria https://t.co/1VzHISWRvP pic.twitter.com/0yyRYtiq3q

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Respecto a esto último, en el Gobierno se manifiestan "tranquilos", porque ya el Supremo rechazó el pasado 22 de mayo suspender de manera cautelar el procedimiento cuando lo pidieron la Comunidad de Madrid, Vox, HazteOír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia. "Todas las observaciones que nos hizo el Consejo de Estado fueron introducidas en el real decreto de 14 de abril", así que el procedimiento cuenta "con todas las garantías", esgrimen fuentes gubernamentales, que recuerdan que el hecho de que el Supremo pudiera preguntar al TJUE no implica necesariamente la paralización del proceso.

El Gobierno aduce que incorporó en el decreto del 14 de abril todas las observaciones que hizo el Consejo de Estado, por lo que el procedimiento cuenta con "todas las garantías"

Además, la Justicia europea no resolvería de manera automática. Tardaría un tiempo, de manera que, salvo que el TS hubiera ordenado la paralización, el proceso podría llegar a término, puesto que el real decreto, de rango reglamentario (no es una ley), otorga a la Administración un plazo máximo de tres meses para resolver los expedientes. Lo que calcula el Gobierno es que aun en el supuesto de que el TJUE resolviera contra la regularización, no podría revertir o suspender los permisos de residencia y trabajo ya concedidos.

Sin cifras oficiales todavía

Desde el Ejecutivo recordaban este martes que en apenas dos meses y medio se ha puesto en marcha un procedimiento hasta ahora "único en nuestro país", capaz de absorber un aluvión enorme de solicitudes, de más de un millón. De lo que no da cifras aún Inclusión es de cuántas de ellas han sido ya admitidas a trámite y cuántas han sido resueltas de manera definitiva, aunque está previsto que en las próximas horas se haga balance de los números.

La pretensión del Gobierno es "agilizar la tramitación de las solicitudes" todo lo que pueda. Aunque reivindica que no ha "bajado el ritmo" en ningún momento, ahora se trata de "incrementar el ritmo", llegando "cuanto antes" a la resolución de las solicitudes "incluso sin necesidad de apurar los tres meses, si es que se puede". "Todos los solicitantes tendrán una notificación definitiva, en un sentido u otro, no habrá silencio negativo", subrayan.

El Ejecutivo reivindica que no ha "bajado el ritmo" en ningún momento, ahora se trata de "incrementar el ritmo", llegando "cuanto antes" a la resolución de las solicitudes "sin necesidad de apurar los 3 meses"

¿Cómo funciona el trámite? Podían pedir los papeles, hasta este 30 de junio, todas las personas migrantes en situación irregular que hubieran estado al menos cinco meses en España desde antes del 1 de enero de 2026, que no tuvieran antecedentes penales —ni quí ni en su país de origen— y que no fueran "una amenaza para el orden público". Además, debían cumplir al menos uno de estos tres requisitos. haber trabajado, por cuenta ajena o propia, durante su permanencia en España (o acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena o propia); permanecer en España junto a su unidad familiar (siempre que sean hijos menores o mayores con discapacidad) o encontrarse en una situación de vulnerabilidad acreditada. También podían acogerse aquellos que hubieran demandado protección internacional.

#EnDirecto | Sánchez critica a quienes "alimentan el miedo" y "agitan discursos xenófobos" : "Pongamos Extremadura. El menor porcentaje de extranjeros, la región más segura. Sin embargo algunos partidos convirtieron inmigración y delincuencia en el primer problema de su campaña" pic.twitter.com/eLg79AUcIG

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La Administración a continuación valora la solicitud y la documentación que se acompaña y, si faltan papeles, se requiere la subsanación. Es decir, que la autorización provisional de residencia y trabajo "no es automática", como precisan en Inclusión. Una vez se hayan aportado todos los documentos y esté todo en orden, se expide la autorización definitiva. Una resolución del expediente que debe acometerse (y aquí el decreto sí fija plazo) en tres meses. "Ya se están emitiendo resoluciones definitivas", las que corresponden a las solicitudes presentadas antes y que no revestían de complejidad, y se están también "notificando las provisionales", relatan las mismas fuentes implicadas en el proceso de regularización extraordinaria.

Fuentes gubernamentales recalcan que el proceso está dirigido a las personas migrantes que viven aquí, y el permiso es para residir y trabajar aquí, "no para ir a otro país de la UE"

En el Ejecutivo recalcan no solo que no tendría sentido una paralización de la medida porque el propio Supremo ya rechazó esa posibilidad hace más de un mes, sino que el TJUE no interpondrá objeciones. "Cuando fijamos la fecha de corte en el 1 de enero de 2026, que podrían regularizarse aquellos que llevaran al menos cinco meses residiendo en España antes de esa fecha, significa que este proceso está dirigido para las personas migrantes que viven aquí, y el permiso que se les da es para residir y trabajar en España, no para ir a otro país de la UE. Estamos convencidos de que lo que hemos hecho es acorde con el marco normativo competencial de la UE", subrayan fuentes gubernamentales, que se remitían a lo dicho este mismo partes por la propia Comisión.

Lo que ya dijo la Comisión en enero

El Ejecutivo comunitario no quiso hacer comentarios tras la decisión del Supremo pero en enero, cuando los socialistas pactaron esta medida con Podemos, ya advirtió de que no habría problema. El comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, señaló entonces que "es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal", pero que "este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España". "Por eso lo hemos hecho así, con todas las garantías jurídicas —indican ahora fuentes gubernamentales—. Por eso seguimos adelante con el proceso. No estamos excesivamente preocupados".

Bruselas ya avaló el proceso de regularización, porque cada Estado "tiene competencia sobre cómo reaccionar y abordar la parte de migración legal y los trabajadores, la mano de obra" que requieren

La duda que tiene el Supremo, y por eso ha pedido su opinión a las partes, es si el real decreto de 14 de abril "podría entrar en colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la UE", acordado en 2024 por los Veintisiete. Entiende el TS que no se trata de un "reconocimiento individualizado" de un permiso de residencia para extranjeros en situación irregular en España, sino de "un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular debiendo reunir determinadas condiciones". Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo apuntan que el reglamento europeo que desarrolla el Pacto de Migración y Asilo de 2024 "establece con rotundidad que el marco común es necesario para abordar de manera eficaz el fenómeno creciente de llegadas mixtas de personas que necesitan protección internacional y de quienes no la necesitan". Y de ahí se colige que "la responsabilidad por las llegadas de migrantes y solicitantes de asilo a la Unión no debe ser asumida por los Estados miembros por separado sino por la UE en su conjunto".

#EnDirecto | Sánchez subraya que los migrantes que llegan a España "deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas y compartir los valores democráticos que nos definen": "La integración no es solo vivir en un territorio, es formar parte de la comunidad" pic.twitter.com/pKGEe6EZ3J

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El mensaje que emite el Gobierno es de plena "tranquilidad", tanto por la "seguridad jurídica" con la que redactado el real decreto como por el hecho de que la consulta al TJUE no lleve aparejado per se una paralización de la medida. "El proceso está bien diseñado. Un poco de responsabilidad. No se va a caer y los que han registrado su solicitud verán acabado el procedimiento. No generemos más incertidumbre", reclaman.

El Ejecutivo reconoce que trabajó con "tres escenarios" posibles: uno, de 500.000 peticiones, otro, de 750.000, y tres, un millón. Las previsiones se han visto "superadas por la realidad"

Las cifras finales de solicitudes no se conocen, pero en todo caso sí se ha desbordado ya la previsión inicial. En el Ejecutivo reconocen que trabajaron con "tres escenarios" posibles. Uno, el de unas 500.000 peticiones, que era el horizonte que fijaron las entidades que promovieron la Iniciativa Legislativa Popular. Dos, unos 750.000, y tres, un millón, que es lo que ha ocurrido. El Gobierno niega que quisiera "engañar": "Teníamos que adaptarnos a un proceso vivo, y debíamos estar preparados, se trataba de responder ante cualquier escenario". A fin de cuentas, la irregularidad es una "exclusión administrativa" difícil de calibrar, y en todo caso las previsiones iniciales más conservadoras, asumen en la Moncloa, "se han visto superadas por la realidad".

500 millones de dotación presupuestaria

Este martes, Sánchez presentó en Madrid, junto a Saiz y parte del Ejecutivo, el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, dotado con 500 millones en este primer año. Plan que es un "paso más dentro de la política migratoria" del Gobierno, y "no un hecho aislado", que enlaza con la reforma del reglamento de extranjería ya acometida o la acogida de los menores no acompañados de Canarias que ordenó el Supremo. "Nos guía la mirada de derechos humanos", defienden en el Ejecutivo. Una política "responsable", una migración "legal, segura y ordenada", verbalizó el presidente.

El plan comprende cuatro ejes, 16 medidas y 10 objetivos de aquí a 2030. Algunas de las iniciativas recogidas, como la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana, necesitará de la aprobación vía parlamentaria, ya que tiene que darle forma una ley. Ese nuevo organismo pretende hacer "más sistemáticos y operativos los distintos procesos por los que pueda pasar una persona migrante, optimizando recursos, y siempre dejando fuera las competencias de seguridad y control fronterizo, que continuarán en manos de Interior. Busca "reforzar la coherencia y eficiencia del sistema y también la coordinación entre administraciones".

Una de las medidas la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana, que necesitaría de una ley. El Gobierno insiste en que es capital la cooperación y "consenso" entre administraciones

Precisamente una de las dificultades que afronta el despliegue del plan es la previsible oposición de los gobiernos autonómicos y locales del PP, especialmente aquellos que compartan con Vox. El Gobierno insiste en que es capital la cooperación y el "consenso" entre administraciones y que no se trata de redimensionar los servicios públicos, porque estos se configuran sobre el padrón, y este ya cuenta con las personas que estaban aquí en situación irregular. El plan busca, por tanto, no redimensionar los servicios públicos, sino resolver "algunos desafíos" de la integración de los inmigrantes, como facilitar su incorporación al mundo laboral, apoyar el emprendimiento, destinar recursos a la formación o fomentar programas que "refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores". Respecto a esta última cuestión, en el Ejecutivo precisan que el conocimiento del catalán, el euskera o el gallego se tendría en cuenta "como un elemento más en el itinerario de la persona migrante", como "un elemento más, sin que tenga más valor que cualquier otro".

#EnDirecto | Sánchez advierte de que sin inmigración España perdería un 19% de su PIB: "90.000 bares bajarían la persiana. 50.000 aulas se quedarían sin alumnos. Desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas. Ese es el país que quieren algunos, más pobre y con menos recursos" pic.twitter.com/8591sf9yz2

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Aunque el plan contenga medidas que requieran rango legislativo, en el Ejecutivo recuerdan que se trata de un paquete que trasciende este mandato y que mira hacia 2030. Es decir, que es otra herramienta con la que los socialistas jugarán de cara a la campaña de las generales de 2027. La "inmensa mayoría" de las iniciativas, precisan, son desplegables por parte del Gobierno, es un plan operativo en el que los ministerios pueden impulsar las medidas "sin necesidad del Parlamento", de ahí que se hable de un presupuesto de 500 millones "de ejecución inmediata".

La prioridad nacional son "discursos". "Y nosotros estamos centrados en hacer política migratoria, y no política con las migraciones". La competencia, recuerdan en el Ejecutivo, es del Estado

Vox está imponiendo al PP, en los acuerdos autonómicos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León —falta por ver Andalucía, ya que ahí no ha cuajado aún el pacto—, la llamada prioridad nacional. Los dos firmantes la interpretan de manera distinta. El PP, como un premio al "arraigo", y Vox, como la exclusión de las personas migrantes. En el Ejecutivo indican que "nadie sabe cómo se ejecutaría" esa prioridad nacional. "Son discursos, y nosotros estamos centrados en hacer política migratoria, y no política con las migraciones", rubrican, utilizando una distinción que utilizaba Sánchez en su discurso de la mañana.

"Fórmulas reales y jurídicas no existen y serían inconstitucionales, además", explican desde la Moncloa. "Hay que recordar", siguen en Inclusión, "que hay un marco constitucional de distribución de competencias, y hay materias de las que no pueden disponer las comunidades autónomas. Ellas no pueden decidir la política migratoria o de asilo. Más allá de los discursos, más allá de esa criatura que es la prioridad nacional, hay que concretar y quien tiene la competencia es el Estado. Pero nosotros seguiremos buscando espacios de interlocución y de diálogo. Lo demás es artificio y ruido y no nos va a impedir hacer nuestro trabajo".