La solidaridad no se expropia

Hay algo profundamente inmoral cuando un Estado pretende apropiarse no solo de los recursos de sus ciudadanos, sino también de su solidaridad.

Si el régimen venezolano decide centralizar toda la ayuda humanitaria que llega desde organizaciones privadas, no estará administrando mejor la asistencia: estará expropiando el trabajo social de miles de personas que, dentro y fuera del país, han dedicado años a construir redes de confianza para ayudar directamente a quienes más lo necesitan.

Las donaciones tienen un destinatario moral. Quien entrega alimentos, medicinas o recursos económicos a una organización benéfica lo hace porque confía en ella, en su transparencia, en su capacidad y en su independencia. Esa confianza no puede ser confiscada por decreto.

La solidaridad nace de la libertad. Cuando el Estado obliga a que toda ayuda pase por sus manos, deja de existir una sociedad civil autónoma y aparece un monopolio político sobre la compasión. El mensaje es claro: no importa quién recaude, quién trabaje o quién se sacrifique; al final, será el poder quien decida qué llega, cuándo llega y a quién llega. Eso no fortalece la ayuda humanitaria. La politiza.

La experiencia demuestra que las organizaciones independientes suelen llegar donde la burocracia no llega, donde el clientelismo no quiere llegar o donde el poder simplemente no tiene interés. Su independencia es, precisamente, la garantía de que la ayuda responde a las necesidades de las personas y no a los intereses del gobierno de turno.

Por eso, resulta preocupante cualquier intento de convertir las donaciones privadas en patrimonio administrativo del Estado.

Pero esta reflexión también debe extenderse a la política exterior de Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha afirmado defender la libertad y la democracia frente al autoritarismo venezolano. Sin embargo, esa defensa pierde credibilidad cuando las decisiones estratégicas priorizan intereses geopolíticos o económicos sobre el fortalecimiento real de una sociedad civil libre e independiente. La libertad no consiste únicamente en cambiar gobiernos; consiste en proteger a las personas y a las instituciones que actúan sin depender del poder político.

La solidaridad es un acto libre. Y cuando un gobierno pretende apropiarse de ella, deja de administrar ayuda humanitaria para comenzar a administrar obediencia

Los venezolanos no necesitamos un Estado que monopolice la solidaridad ni potencias extranjeras que utilicen la ayuda como instrumento político. Necesitamos instituciones libres, organizaciones independientes y ciudadanos capaces de decidir por sí mismos cómo ayudar a sus comunidades.

Defender la libertad también significa defender el derecho de cada persona, empresa, fundación o asociación a elegir el destino de sus donaciones. Nadie debería ser obligado a entregar el fruto de su generosidad a un gobierno en el que no confía.

Porque las donaciones pertenecen moralmente a quienes las entregan y a quienes las reciben, no al poder político. La solidaridad es un acto libre. Y cuando un gobierno pretende apropiarse de ella, deja de administrar ayuda humanitaria para comenzar a administrar obediencia.

Queremos ser libres para decidir dónde enviar nuestras donaciones, a quién apoyar y con qué organizaciones colaborar. La solidaridad no necesita la tutela del poder. Necesita libertad, transparencia y respeto por la voluntad de quienes ayudan y de quienes esperan esa ayuda.

Manuel Rodríguez es coordinador de la Plataforma Ayuda Venezuela