La familia Franco ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie en 24 horas sobre la medida cautelarísima de suspensión de la exhumación que le pidió el día anterior o, de lo contrario, solicitarán la tutela del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ante la "inminencia" del traslado de los restos del dictador.
En un escrito presentado esta tarde, los familiares se dirigen a la Sala Primera del TC tras notificarles el Consejo de Ministros la decisión adoptada en su reunión semanal: el inicio de las actuaciones necesarias para ejecutar el traslado del cuerpo embalsamado desde el Valle de los Caídos al cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio antes del próximo 25 de octubre.
Los nietos consideran que, toda vez que el Ejecutivo puede exhumar a su abuelo en el plazo de 48 horas, "deviene extremadamente urgente" que el Constitucional adopte las medidas cautelarísimas solicitadas para que no se consume un "perjuicio de imposible reparación".
Horas después de que el Tribunal Supremo dejara claro que el Gobierno podía acceder a la basílica del Valle de los Caídos y que no necesitaba autorización eclesiástica, Carmen, María de la O, María del Mar, José Cristóbal, María Aránzazu, Jaime Felipe y Francisco Franco Martínez-Bordiú quemaron el penúltimo cartucho presentando un recurso de amparo con el que se oponen a que los restos abandonen la sepultura que ocupan desde hace casi 44 años en Cuelgamuros por vulneración de derechos fundamentales. La alegación iba acompañada de una petición de medida cautelarísima, a fin de que el TC frene la exhumación hasta analizar el caso para que no decaiga la finalidad del recurso.
En el escrito presentado este viernes, los familiares avisan al TC de que, si en 24 horas no se ha pronunciado sobre la medida solicitada, entenderán que la vía interna "se ha agotado" y recabarán la tutela judicial al tribunal con sede en Estrasburgo (Francia).
Convención Europea de Derechos Humanos
Los Franco interpretan que si el Constitucional no resuelven en el citado plazo se producirá una violación del artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que todo ciudadano cuyos derechos y libertades hayan sido vulnerados "tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales".
En opinión del abogado de la familia, el letrado Luis Felipe Utrera-Molina (JY Hernández-Canut Abogados), "el silencio o demora inexcusable por parte del Tribunal Constitucional ante la tutela cautelar solicitada, una vez conocida la inminencia de la ejecución de los acuerdos objeto de impugnación, determinaría la absoluta ineficacia de la vía de recurso interno ejercitado por mis representados, quedando expedita la vía jurisdiccional del TEDH".
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