Economía

De la moratoria fiscal a exigir el teletrabajo: el 'plan de choque' que la oposición exige a Sánchez

Sánchez y Casado, en Moncloa. EP

Aún con la actividad parlamentaria prácticamente paralizada la agenda política no ha dado un solo descanso en los últimos días, en que la gestión sobre todo económica para contener el impacto de la emergencia sanitaria se estima esencial, sobre todo de cara a crisis económica de proporciones incalculables llamando a la puerta cuando se haya ganado el combate al coronavirus.

Con la tramitación urgente de los Presupuestos Generales aún en stand by, a los que Génova aún se resiste y Arrimadas suscribe por la situación de «emergencia nacional», el primer paso -y la primera exigencia que hace el propio Casado- es la aprobación de decretos económicos «de urgencia», para los que el jefe de la oposición cierra filas y ofrece «todo el apoyo del PP» en el Congreso para refrendar esas medidas. Para las cuentas del Estado, señalan, habrá que esperar.

A este efecto, Sánchez reúne este martes a su Consejo de Ministros, con el objeto de avanzar en el paquete económico que tiene como fin último paliar los efectos del coronavirus sobre trabajadores y empresas, y cuyo debate se prevé tenso a tenor de la bronca que se vivió de puertas para adentro el pasado domingo entre el sector capitaneado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; y el del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Precisamente, en la reunión volverá a estudiarse la agilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) o la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores, en concordancia con lo acordado entre el Ejecutivo y sindicatos.

Como estaba previsto, el presidente del Gobierno mantuvo este martes una reunión telemática con todos los líderes de la oposición, no de manera conjunta, sino uno por uno. Todos ellos, incluido Santiago Abascal, tendieron la mano al Ejecutivo para atajar la crisis del coronavirus sin fisuras y, al mismo tiempo, todos ellos plantearon su propio plan de choque económico que confían que el Ejecutivo estudie este martes e implante progresivamente.

El primero de ellos fue Pablo Casado quien, abandonando momentáneamente el bronco tono con el que se dirigió al presidente del Gobierno en los últimos días, suscribió el respaldo a las medidas que se tomen en el Consejo de Ministros, pero añadió algunas más: la más relevante tiene que ver con el incremento del fondo de liquidez del Tesoro hasta los 100.000 millones de euros en créditos. «Sólo así podremos evitar que las empresas quiebren», indicaba el jefe de la oposición en una declaración institucional.

Según indican fuentes de Génova, que suscriben la «lealtad» que mantendrá Casado implemente Sánchez o no las propuestas económicas del PP, el líder popular volvió a poner encima de la mesa en la videoconferencia de este lunes la necesidad de estudiar el decálogo económico liberal que presentó Casado hace ya una semana, cuando la crisis del coronavirus sólo había empezado a golpear.

La bajada de impuestos es la medida estrella en el plan de choque del PP, como la reducción al 50% del Impuesto de Sociedades a sectores como el turístico; suprimir las subidas fiscales recogidas en el acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos; la devolución de los 2.500 millones de euros adeudados a las Comunidades Autónomas; y, en materia de autónomos, ampliar a 12 meses más la tarifa plana de autónomos o la colaboración público-privada con la banca y el BCE para crear una línea de liquidez, que también iría dirigida a las pymes. En Génova lamentan que, desde que se envió el documento, «el Gobierno no ha dado ninguna respuesta».

Cs: prórroga fiscal de seis meses y blindar el teletrabajo

Por su parte, Inés Arrimadas no se ha movido del tono de unidad y de «partido de Estado» en que lleva posicionada desde que comenzó la crisis sanitaria, y en su vista con el presidente del Gobierno volvió a trasladarle su apoyo sin condiciones. Eso sí, también planteó una serie de medidas económicas de su propia tinta que en la formación estiman «imprescindibles» para frenar el impacto económico en el medio y largo plazo, con la seña de identidad de los liberales -la de la protección de los autónomos- y con su propia firma. El Plan de Choque Económico de Cs se articula en torno a tres aristas: trabajadores, familias y empresas.

La medida estrella es la petición al Gobierno de que apruebe una moratoria fiscal (IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades) para todas las empresas y autónomos para los próximos seis meses y hasta los 30.000 euros, sin límite ni volumen. En esta línea proponen también una tarifa plana para los autónomos que reabran sus negocios tras la crisis; bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social o la implantación de una línea de crédito ilimitada con aval público del Estado, sin intereses.

Defienden también los naranjas un mayor control y blindaje del teletrabajo habida cuenta de las aglomeraciones registradas en el Cercanías de Madrid el primer día laborable tras el decreto del estado de alarma. El propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se dirigía al Ministerio de Fomento y al Ejecutivo para que sea «más exigente» y «se exija que la gente se quede en casa y solamente vayan a su puesto de trabajo los que tengan que ir de forma ineludible».

En conversación con este medio, un miembro de la recién elegida Ejecutiva de Ciudadanos afirma que el partido ya está trabajando en un proyecto para impulsar la digitalización de las pymes como vía para decretar el teletrabajo. «Esta crisis tiene que acelerar ese proceso, y el Estado apoyarlo con convenios con tecnológicas y con desgravaciones a esas inversiones», apuntan las mismas fuentes.

Vox pide levantar restricciones a los comercios

Y los de Santiago Abascal han puesto también el acento en las bonificaciones para autónomos, exigiendo entre otras medidas la suspensión del pago de impuestos de autónomos y, en el caso de Vox, una bonificación para las pymes que se traduzca en el ahorro del 50% del IVA en la factura de la luz de sus locales, misma deducción que piden aplicar para las familias durante el período del estado de alarma.

En el decálogo de medidas defienden también las líneas de crédito al 0% para pymes; la libre disposición de los fondos de pensiones sin penalización o la prohibición de las posiciones bajistas en el mercado de valores, esto es, prohibir que los especuladores dejen de ganar dinero «apostando contra nuestra economía y contra nuestras empresas», apuntaba Abascal en un comunicado.

Pero una de las peticiones más polémicas al Ejecutivo, que explicó el vicepresidente primero de la formación en rueda de prensa telemática, fue la de levantar las restricciones a los comercios: «¿Por qué no puede abrir una mercería o un taller mecánico igual que una farmacia o un estanco?», se preguntaba Buxadé.

A última hora de la tarde del lunes, Santiago Abascal emitía desde su cuarentena un videocomunicado en el que reafirmaba su apoyo al Ejecutivo tras la adopción de medidas como la reagrupación bajo un único mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o «acabar con 17 políticas sanitarias distintas», si bien no cejaba en sus órdagos al Ejecutivo y exigía la dimisión de «la responsable de la coordinación para la lucha contra el coronavirus», Carmen Calvo; del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias por, a su juicio, «aprovechar esta terrible situación para avanzar en su agenda política comunistas».

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