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El 29% de los funcionarios del Estado viven en Madrid: "La descentralización es una locura"

Una empleada pública durante su jornada laboral.

Una empleada pública durante su jornada laboral. EUROPA PRESS

El debate sobre la descapitalización de Madrid ha provocado que más de un alto cargo en la Puerta del Sol se lleve las manos a la cabeza, incluida la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Pero no es una iniciativa nueva. Ya lo intentó abordar en su día José Luis Rodríguez Zapatero y nunca cayó en el olvido con el paso de los años por las múltiples iniciativas impulsadas eminentemente por la izquierda en los últimos años para combatir el «neocentralismo» de Madrid vaciando a la capital de organismos oficiales para ubicarlos en otros puntos de España.

Se trata de una iniciativa ambiciosa a la par que inviable ya que, según advierten los sindicatos, promover una descentralización de las instituciones sería «un auténtico escándalo» con afección directa para miles de personas que llevan décadas trabajando y residiendo en Madrid. «Es una locura. Tendría que haber una guerra para que alguien pueda decir a un funcionario que tiene que irse de Madrid a Logroño. Es ciencia ficción», zanjan fuentes sindicales consultadas por El Independiente, que insisten en la lógica de que en Madrid esté «la estructura básica de la Administración General del Estado» y en la dificultad de promover cambios en este sentido. El 29,1% de los más de 514.500 funcionarios dependientes del Estado trabajan en la Comunidad de Madrid, según el Registro Central de Personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En Cataluña, ese porcentaje se desploma hasta el 5%.

Madrid es la comunidad autónoma con mayor personal al servicio del sector público estatal con más de 150.000 empleados, seguida por Andalucía con 83.512, el 16% del total, según los datos actualizados del Boletín que publica anualmente el Gobierno. Muy de lejos le siguen Comunidad Valenciana y Castilla y León, con alrededor de 34.900 efectivos públicos. Así las cosas, la descentralización que abandera Pedro Sánchez implicaría reducir el grueso de administraciones públicas en Madrid y su correspondiente plantilla para «compartir Estado» y combatir la despoblación rural.

El 29% de los más de 514.500 funcionarios del Estado reside en Madrid. En Cataluña, se desploma al 5%

En la región que preside Isabel Díaz Ayuso se concentran las principales instituciones de los tres poderes del Estado, desde el Congreso hasta la Audiencia Nacional, pasando por la CNMC o el Tribunal Supremo. En concreto, los funcionarios del Estado que residen en Madrid se dividen en tres grandes ramas: la propia Administración -donde entra el personal de los Ministerios, organismos autónomos o entidades empresariales-, que cuenta con un total de 81.134 funcionarios públicos (el 35% del total nacional); las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 65.001; y la Administración de Justicia madrileña que, con un censo de 3.931 empleados, representa casi el 16% del total de España.

Los sindicatos aguardan ojo avizor a cualquier paso en falso de Moncloa en su proyecto de descentralización que pueda comprometer la «seguridad jurídica» de los empleados públicos. Pero Sánchez no guardará la iniciativa en un cajón. Para empezar, el PSOE hará bandera de este proyecto en el congreso federal que el partido celebra este fin de semana en Valencia, en el que los socialistas votarán diversas enmiendas con el objetivo de avanzar en el «traslado total o parcial» de diversos organismos a otros territorios. La iniciativa se viste incluso de compromiso en la ‘Agenda 2050’ de Sánchez, en la que también se hace alusión a la necesidad de «equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado». La descapitalización de Madrid cuenta además con la bendición de Podemos y de los socios nacionalistas de un Ejecutivo que ya trabaja en la idea sin atender a las advertencias de la oposición, a las críticas de Ayuso, ni a las reticencias de los sindicatos.

Pedro Sánchez nunca ha escondido su intención de abordar esa desconcentración de la Administración con el traslado total o parcial de diversos organismos del Estado para dar visibilidad a más provincias al margen de la capital, pero la iniciativa tomó cuerpo hace una semana, cuando el presidente del Gobierno visitó Ponferrada (León) durante un acto de partido. Allí habló de «cohesión territorial», de «lealtad» y de «colaboración» entre comunidades, y defendió la apertura de un debate «sano» sobre el proyecto de «descentralizar la presencia institucional» del Estado para que se reparta de una manera más igualitaria en todos los territorios. «España es mucho más que Madrid», zanjó, en un discurso en el que entre líneas se podía leer una enmienda a la totalidad al modelo del «Madrid es España» que defiende Isabel Díaz Ayuso en la región.

En su posición de confrontación total con el Madrid de Ayuso, el presidente de la Comunidad Valenciana se ha unido animadamente al debate en los últimos días para empujar al Gobierno a avanzar en lo que denomina como «segunda transición territorial». «¿Por qué todo está en Madrid?», cuestionaba en un acto público el pasado sábado. «No hay ningún teorema ni doctrina que diga que tiene que estar todo allí», insistía. Mientras, Ayuso y Almeida, auspiciados por el Partido Popular en su conjunto, se defienden con uñas y dientes de la nueva «injerencia» de Sánchez y abren la enésima batalla política entre Madrid y Moncloa. En opinión de la presidenta madrileña, la descentralización en la que ya trabaja el Ejecutivo terminaría perjudicando a la «gobernabilidad de España y a los funcionarios». Ayuso ha azuzado de nuevo el fantasma de la ‘madrileñofobia’ que, a su juicio, extiende la izquierda contra la capital y promete batalla: el PP registrará mociones en los ayuntamientos de la región para evitar el vaciamiento que persigue Sánchez.

Inquietud en los sindicatos

El Gobierno promete que la descentralización de organismos dependientes de la Administración será una realidad antes de final de año aunque, por el momento, el Ejecutivo ha suavizado el órdago que infló el propio Sánchez y ha matizado que el proceso se centrará en ubicar organismos de nueva creación más allá de las lindes madrileñas, y no en el vaciamiento propiamente dicho de la capital. De hecho, como avanzó el propio Sánchez, algunas partidas presupuestarias ya contemplan la financiación de nuevos organismos públicos, como es el caso de la creación de un Centro de Datos de la Seguridad Social en Soria. El Gobierno, no obstante, sigue sin cerrar la puerta del traslado de sedes ministeriales o de otros órganos ya consolidados en Madrid -con la vista puesta en la CNMC o en la AIRef- lo que volvería a poner de actualidad el debate sobre los traslados forzosos de funcionarios que en los sindicatos sólo contemplan en supuestos de emergencia.

La decisión ha generado cierta inquietud en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario de la Administración General del Estado, donde tildan de «polémica estéril» el anuncio y piden al Gobierno «centrarse en los problemas reales» de las administraciones públicas, como eliminar la tasa de reposición. «Se trata de una propuesta que el Gobierno tiene que poner por escrito para saber de qué estamos hablando», comentan fuentes del CSIF, que circunscriben la medida a no más que una «batalla política».

Es el mismo diagnóstico que hacen desde CCOO, donde subrayan la «afectación directa» que este tipo de iniciativas puede acarrear para trabajadores asentados en un determinado territorio, y advierten que desde el sindicato se trabajará para «garantizar la máxima seguridad jurídica» para los empleados públicos, cerrando toda posibilidad a la movilidad forzosa de funcionarios residentes en Madrid. Tanto CCOO como el CSIF quitan hierro a que la descentralización se reduzca a las entidades de nueva creación, pero lanzan una advertencia al Gobierno: Sánchez no puede saltarse a los sindicatos. «Todo tiene que pasar por una mesa de negociación», advierten.

Destino: Barcelona

Por el momento, como adelantó La Información, el Gobierno sólo se plantea la apertura de concursos de traslado para movilidades voluntarias o la incorporación de nuevos trabajadores públicos allí donde se abran nuevas oficinas pero, en ningún caso, traslados forzosos. Esta es precisamente la cuestión en la que inciden los sindicatos, que insisten en que «sólo por causas urgentes inaplazables» puede movilizarse a un trabajador con plaza fija por el traslado de su centro de trabajo.

Fuentes sindicales inciden en el «escándalo» que implicaría volver al modelo que intentó impulsar José Luis Rodríguez Zapatero con el intento de traslado de Madrid a Barcelona de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en 2004, que terminó tumbando el Tribunal Supremo y anulando definitivamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy por la absorción del ente por la CNMC. «No es tan fácil mover a un funcionario así como así. Está muy tasado por la ley y no tendría ninguna razón de ser», zanjan. La ciudad condal ha sido precisamente el destino de los dos grandes intentos de descentralización de sedes estatales. Al margen de la CMT, el PSC ha impulsado en múltiples ocasiones el proyecto de trasladar el Senado a Barcelona, una iniciativa electoral que Salvador Illa recuperó para las elecciones catalanas del 14-F. Este proyecto también terminó en fracaso.

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