España Caso ERE

Feijóo enmienda la posición del PP de Rajoy con los indultos y se abre a limitarlos

La propuesta de los populares, de reformar la ley de indultos para que hechos como la posibilidad de que "el PSOE se indulte a sí mismo" no se produzcan, contrastan con el rechazo a una propuesta de ley similar de los socialistas hecha en 2015, en plena investigación de la Gürtel

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el coloquio de Juanma Moreno Bonilla en el Hotel Westin Palace de Madrid, este lunes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el coloquio de Juanma Moreno Bonilla en el Hotel Westin Palace de Madrid, este lunes EFE

El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a mostrar sintonía con la vieja guardia del partido este lunes en el Hotel Westin Palace de Madrid. Figuras como la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, han respaldado al dirigente andaluz Juanma Moreno en un coloquio organizado por el grupo editorial Joly, cuando se cumplen tres meses de su victoria en las elecciones de Andalucía. En él, el popular ha anunciado que hoy suprimirá el Impuesto de Patrimonio y que deflactará próximamente el IRPF autonómico como hará Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid antes de final de año. Pese a esa sintonía con los miembros de los gobiernos de Mariano Rajoy, la actual dirección ha enmendado la postura de éste respecto a los indultos tras el último anuncio del partido.

Dando por finalizada la polémica por el impuesto a las energéticas, algo que ha servido para cometer errores en cuanto al relato y ha permitido al PSOE incrementar los ataques contra Feijóo y los suyos, el PP ha puesto sobre la mesa una sugerencia al Gobierno; algo que, por el momento, y ante el escaso aporte de contenido, apunta a ser más una estrategia para desviar el foco del tema energético que un planteamiento profundo sobre el que trabajar. Los populares, a través de su ‘número tres’, el coordinador general Elías Bendodo, se ha referido a un cambio en la ley de indultos que evitaría casos como el de José Antonio Griñán. Por el caso de los ERE andaluces, el expresidente de la Junta de Andalucía y exministro de Trabajo y Sanidad se enfrenta a una condena de prisión de seis años por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Asimismo, a quince años de inhabilitación para cargo público.

Más que una propuesta, el PP ha abierto la puerta a un «debate» sobre el asunto y ya ha dejado claro que no moverá ficha, al menos hasta que el PSOE de Pedro Sánchez se pronuncie al respecto. Los indultos, según ha señalado Bendodo en sede nacional, han estado presentes y han sido «objeto de análisis» este fin de semana en la interparlamentaria de Toledo, la vigésimo quinta que han desarrollado los populares hasta el momento y que ha fijado veinte ejes de trabajo hasta mayo; ejes que se irán ampliando y convirtiendo en medidas en diversas reuniones de trabajo sectoriales hasta semanas antes de la campaña electoral. Entre ellos: el combate a la despoblación, el desarrollo del tejido empresarial, la defensa del castellano o la libertad educativa, con la derogación de leyes como la LOMLOE.

El PP propone que las limitaciones a la ley de indultos de 1870 sea objeto de debate ciudadano

El PP defiende que «los gobiernos tienen que tomar medidas serias», porque «que el PSOE indulte al PSOE es difícil de comprender para los españoles». En ese sentido, Génova considera que «la posibilidad de indultarse a sí mismo» debe poderse «limitar» abordando una ley que data de 1870. Sin embargo, las palabras del partido en esta materia contrastan con la postura tomada por los populares desde 2015. En sede parlamentaria, y tras una propuesta de ley presentada por el grupo socialista para que el Gobierno tomara en consideración excluir la concesión de indultos a los condenados por delitos de corrupción, el PP de Rajoy se negó.

Mientras que el resto de partidos se adhirió a la propuesta de los de Sánchez -líder de la oposición por entonces-, al entenderla de «lógica y llena de sentido común», los populares la calificaron de «oportunista» y «aprovechada». El artífice de esas palabras fue el diputado por Toledo Arturo García-Tizón, que veía en la toma en consideración un ataque del PSOE en plena investigación de la trama Gürtel y demás casos de corrupción para intentar desgastarlo. Ahora, los papeles tornan, aunque frente al texto trasladado en su momento por Ferraz, no se le equipara otro similar de los populares.

La justificación esgrimida por entonces para el ‘no’ en el Congreso fue que el primer Gobierno de Rajoy no había concedido «ningún indulto a condenados por delitos de corrupción», bajo un compromiso interno y propio desde el inicio de la legislatura en 2011. Asimismo, los populares, en su momento, recriminaron al PSOE que, para hacer «daño» limitaran el círculo a la corrupción y no al terrorismo, la violencia de género o la pederastia. «¿No tienen estos delitos un rechazo social tan fuerte como la corrupción?», se preguntaban los de Rajoy entonces.

Desgastar a Moncloa

A finales del mes de agosto, el propio Feijóo aseguraba que desde el PP no se aprovecharía la condena de los ERE para hacer política y fundamentar la estrategia de partido de oposición. Un compromiso en contraste, afirmaba, con el PSOE y los ataques a corruptelas como la ya mencionada Gürtel en sus distintas vertientes, como la valenciana o la madrileña. No obstante, a los populares, la posibilidad del indulto a Griñán les da rédito electoral, tras una semana por detrás de Sánchez en cuanto a discurso y con un marco negativo entre la opinión pública por no haber sabido explicarse: ‘el PP está en contra de que las energéticas arrimen el hombro’, ha calado. Ante ello, el propio Bendodo ha querido dejar constancia del compromiso social de sus siglas, indicando que están a favor de que estas empresas contribuyan con sus beneficios en esta situación excepcional.

Feijóo aseguró en agosto que no utilizaría la condena de los ERE como el PSOE la trama Gürtel

En Génova juegan con dos elementos. El primero es que confían en que el PSOE, tras el indulto a los líderes del procés el año pasado, acabará dando salida al de Griñán. El segundo, es que, esa misma acción, en relación a cuestiones por corrupción, contradice el código ético de los socialistas, lo que serviría para incrementar los reproches y desgastar la credibilidad de Sánchez de cara al ciclo electoral.

Es más, aunque por ahora se descarta cualquier propuesta por escrito y algo más desarrollado en la cámara baja, en el PP son conscientes de que las diferencias entre socios en materia de indultos, como en Defensa, son patentes. De hacer una iniciativa parlamentaria, el grupo popular podría encontrar un apoyo tan diverso como el de Vox, Cs o el propio de Unidas Podemos.

Vox insiste en «despolitizar la justicia»

En paralelo a la intervención de Bendodo desde Génova, Vox ha hecho otra propuesta en relación a los indultos. En palabras de Inés Cañizares, la portavoz adjunta del grupo parlamentario en las Cortes, la formación ultraconservadora propone que, de darse el indulto por el caso ERE a Griñán y otros involucrados en la causa, cada firmante que ha abogado y que defiende el mismo, done una cantidad de 175.000 euros. En total, los personajes públicos que han solicitado la medida de gracia para el socialista alcanza los 4.000, por lo que, con esa cifra individualizada, en Vox estiman que puede solventarse el «saqueo» de las arcas públicas andaluzas.

«Que lo pongan de su bolsillo para devolver el dinero robado y que firmen después si quieren», ha mantenido Vox en referencia a políticos proclives al ‘perdón’ judicial como los socialistas José Bono, José María Barreda o Marcelino Iglesias; los populares Rodolfo Martín Villa, Juan Ojeda o Beatriz Gutiérrez; sindicalistas como Cándido Méndez, o personajes de la cultura y el deporte como Fernando Savater, Javier Cercas o Vicente del Bosque, entre otros. Frente a ello, Vox apunta a que las sentencias están para cumplirse y, por lo tanto, Griñán debe ir a la cárcel «sí o sí». Se apoyan en que «el Gobierno no para de decir que hay que desjudicializar la política, pero lo que hay es que despolitizar la justicia».

La formación de Santiago Abascal, por su parte, ahonda en la posición ya tomada desde hace meses, cuando la nueva dirección de los populares y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, iniciaron negociaciones para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El partido ‘verde’ sigue abogando por que, en esta cuestión, sean los propios jueces quien elijan a sus representantes, y no haya un reparto de las sillas a diferentes escalas como hasta el momento.

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