El 'topo' de la SEPI filtró a Leire la propuesta favorable al rescate de Tubos Reunidos un día antes de reunirse el Consejo Gestor

El 14 de junio de 2021, Miguel Ángel Figueroa —entonces directivo en la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI)— recibió una llamada del expresidente del holding público, Vicente Fernández. Faltaban apenas 24 horas para la reunión del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), en la que se iba a abordar, entre otros asuntos, el expediente de Tubos Reunidos. Al colgar el teléfono, Figueroa envió a Fernández el orden del día previsto para la sesión y la antepropuesta de resolución favorable al rescate que el órgano iba a conocer al día siguiente. Dos documentos "de carácter reservado" que, según la Fiscalía Anticorrupción, formaron parte de las filtraciones que permitieron al socio de la exmilitante socialista Leire Díez asesorar a la siderúrgica vasca para conseguir una ayuda pública de 112,8 millones de euros.

Así lo recoge la Fiscalía Anticorrupción en un escrito consultado por El Independiente y que se apoya en uno de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire'. Según las pesquisas de los investigadores, la llamada tuvo lugar a las 12:14 de aquel 14 de junio. Unas cuatro horas más tarde, Vicente Fernández tenía ya a su disposición la antepropuesta de resolución formulada por la responsable técnica del expediente, Rosario Martínez Manzanedo, con el visto bueno del entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y con la aprobación de la presidenta del holding público, Belén Gualda. Dicho documento contemplaba la estimación de la solicitud de rescate que había presentado Tubos Reunidos

Anticorrupción detalló estos extremos al juez Pedraz para sustentar su petición para imputar a 25 nuevas personas en el 'caso Leire', solicitudes que fueron aceptadas en su totalidad por el magistrado. Entre ellas se encuentra Belén Gualda, pero también se incluye el director del FASEE, Julián Mateos Aparicio; el director corporativo del ente público, Miguel Ángel Santiago Mesa; o los altos cargos Rosario Martínez Manzanedo y Félix Azcona Lacarra. También se ha imputado a los ex directivos de Tubos: Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia y Carlos López de las Heras.

Todas estas imputaciones se enmarcan en la matriz que dio origen al 'caso Leire', que nació para indagar en unas supuestas irregularidades detectadas en la gestión de expedientes de la SEPI, al autodenominado grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Ahora, la causa también ha derivado en una investigación sobre una supuesta trama que habría operado desde el entorno del PSOE para "desestabilizar" las causas sensibles para el Gobierno.

Filtración de documentos reservados de la SEPI

La documentación que Figueroa hizo llegar a Fernández tenía carácter reservado. El Real Decreto-ley regulador del FASEE establece expresamente que los datos, documentos e informaciones en poder del Consejo Gestor y de la SEPI no pueden ser divulgados ni utilizados para fines distintos de aquellos para los que fueron recabados. A partir de ahí, la Fiscalía concluye que Vicente Fernández se valió de su capacidad de influencia para acceder a información interna del expediente de la siderúrgica alavesa, y que posteriormente habría utilizado para ayudar a la directiva de la compañía a orientar su estrategia para obtener el rescate.

Tal y como avanzó este periódico, en una de las libretas que le fueron intervenidas a Leire Díez por la Guardia Civil, se recogía la siguiente anotación de su puño y letra sobre Figueroa, entonces director de Participadas III en el holding: "Va a ser nuestros ojos en a SEPI". Según la UCO, Figueroa habría filtrado a Vicente Fernández "al menos nueve archivos" relativos al expediente del rescate de Tubos Reunidos que estaban alojados en la plataforma interna del ente público.

Identificó a Sara Aagsen como el obstáculo al rescate

Según recogen los investigadores de la UCO, la reunión del Consejo Gestor del día 15 no salió como esperaban. Tras la sesión, Figueroa informó a Fernández de que la Secretaria de Estado de Energía, entonces Sara Aagesen, había manifestado su oposición a la operación, aparentemente "por motivos de carácter ecológico". Fernández trasladó a Leire que la financiación no sería aprobada en la siguiente reunión del Consejo Gestor, prevista para el 22 de junio, debido a la posición de Aagesen. En esos mensajes identificaba a su fuente como "MAF", en referencia a Miguel Ángel Figueroa. A partir de ese momento, el propio Fernández analizó distintos escenarios, entre ellos la posibilidad de que la operación quedara bloqueada de forma definitiva, lo que abría la puerta a una estrategia alternativa: "actuar vía Antxón y vía Santos".

La vía de Antxón implicaba llamar a la puerta del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Según la UCO, las referencias al PNV entre los miembros de Hirurok se intensificaron a principios de julio. El expresidente de la SEPI escribió a Antxón para pedirle que averiguara la opinión del partido sobre el rescate. "Antton, puedes enterarte qué opina el PNV del rescate de Tubos Reunidos? (...) El Secretario de Estado de Economía está poniendo pegas", le trasladó. En ese mismo mensaje precisaba que le interesaba especialmente conocer el criterio del "PNV organización". Tres días después, Fernández informó al presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, de que continuaba realizando gestiones "indirectas y discretas" y le aseguró que iba a reunirse con personas que podían ayudar.

Paralelamente, Fernández volvió a contactar con Figueroa para pedirle acceso a "la red", término que los investigadores asocian a la plataforma interna de gestión de expedientes de la SEPI. En respuesta, el directivo remitió a través de la aplicación cifrada Threema hasta ocho archivos adicionales, entre ellos un informe calificado como "confidencial" de la Secretaría General de Industria sobre la relevancia industrial de Tubos Reunidos y el acta de la reunión del consejo de administración de la compañía en la que se aprobaron los términos de la financiación con la SEPI.

El Consejo Gestor del FASEE aprobó finalmente el rescate de Tubos Reunidos el 13 de julio de 2021. La ayuda, por importe de 112,8 millones de euros, fue posteriormente ratificada por el Consejo de Ministros. La UCO señala en uno de sus informes que el grupo se habría embolsado 114.950 euros, una contraprestación que Tubos Reunidos habría pagado a través de la mercantil Mediaciones Martínez, administrada por Antxón Alonso y "utilizada por el grupo Hirurok para canalizar sus ingresos".