Nadie podrá reprochar a Juan Ignacio Zoido que se está poniendo de perfil y que pretende que «todo cambie para que todo siga igual». Sus decisiones están siendo más o menos celebradas, pero desde luego está tratando de acometer la tarea que sus antecesores eludieron hacer: pasar página a una etapa marcada por el uso de la Policía para fines inconfesables. Ésta es la herencia que el magistrado sevillano recibió hace casi nueve meses cuando Mariano Rajoy le entregó la cartera de Interior tras retirársela a Jorge Fernández Díaz. Zoido llegaba como un artificiero a un departamento marcado por el escándalo de las grabaciones y la utilización de la Policía para «obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP» y perseguir al «adversario político», como acaba de concluir la comisión de investigación constituida en el Congreso.

El artificiero Zoido acaba de pisar su primera mina. Su decisión de reorganizar la estructura operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional, prescindiendo del mando único que representa el Director Adjunto Operativao (DAO) actual en cada cuerpo y repartiendo el poder en una estructura más horizontal, ha sido duramente contestada por los sindicatos y las asociaciones profesionales. Se trata de una meditada decisión con la que pretende dar mejor respuesta a la amenaza del terrorismo yihadista y al desafío de la ciberdelincuencia y que, en la práctica, supone reforzar el poder del director general -un cargo de confianza- y diluir el de los mandos operativos. El tiempo dirá si la medida, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, «afectará negativamente a la seguridad pública» y «ralentizará» la toma de decisiones, como se han apresurado a alertar las organizaciones que representan los intereses de los funcionarios policiales.

La reestructuración policial es sin duda la decisión de más calado que ha adoptado el ministro Zoido. El Independiente repasa las principales medidas acordadas por el titular de Interior desde que llegó al cargo hace nueve meses y que han marcado su gestión.

  • Nuevo equipo, nueva etapa. Zoido dejó claro con su primera decisión su intención de pasar página con el pasado y marcar distancias con su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, tras la polémica gestión llevada a cabo por éste durante los cinco años anteriores -marcada por el escándalo de las grabaciones en su despacho– y que le valió la reprobación en el Congreso once días antes de la investidura de Mariano Rajoy. El actual ministro renovó por completo el equipo y prescindió tanto del número dos de Interior, Francisco Martínez, como de los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil: Ignacio Cosidó y Arsenio Fernández de Mesa, respectivamente. Juan Ignacio Zoido se rodeó de un equipo de máxima confianza, dejando la Secretaría de Estado de Seguridad en mano del ex alcalde de Córdoba José Antonio Nieto y colocando al frente de los cuerpos policiales al ex concejal pacense Germán López Iglesias (Policía) y al magistrado José Manuel Holgado Merino (Guardia Civil).
  • Relevo en la DAO de la Guardia Civil. Después de casi siete años como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Cándido Cardiel pasaba a la reserva activa el pasado mes de diciembre y cedía su puesto a Pablo Martín Alonso, hasta entonces al mando de Operaciones del cuerpo y uno de los artífices de la derrota de ETA como responsable de la jefatura de Información entre 2004 y 2012. Fue el primer nombramiento de Zoido en la escala de mando. El ministro acababa de aterrizar y el DAO acumulaba más de 40 años en el cuerpo, donde goza de gran respeto. Con el tiempo, el titular de Interior fue perdiendo la confianza en Martín Alonso, uno de los grandes damnificados con la remodelación del organigrama operativo en los cuerpos policiales que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes y que tanta contestación ha encontrado en las asociaciones de guardias civiles. El punto de inflexión de ese distanciamiento sin retorno fue la mención a José Antonio Nieto en un atestado incorporado a las actuaciones del caso Lezo –en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actúa como fuerza policial- por la reunión que mantuvo en su despacho del Ministerio del Interior el pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y también detenido en aquella operación. Nieto ha defendido que en aquel encuentro no se habló de esta investigación porque ni su interlocutor se lo preguntó ni él la conocía. Pablo Martín saldrá ahora del puesto tras la aprobación de la nueva estructura, pero puede que se futuro estuviera ya escrito a finales de abril.
La cartera del ministro del Interior, hoy en manos de Juan Ignacio Zoido.

La cartera del ministro del Interior, hoy en manos de Juan Ignacio Zoido. M. INTERIOR

  • Villabona y la ‘operación limpieza’. «Es el policía más preparado para afrontar el reto que tiene ante sí». La afirmación corresponde a Juan Ignacio Zoido y el policía al que se refería era Florentino Villabona, un veterano comisario principal que el pasado 31 de enero coronó su carrera en la Policía Nacional con su elección como nuevo Director Adjunto Operativo (DAO), puesto que venía ocupando de forma provisional el comisario principal Antonio Rodríguez desde que Eugenio Pino se jubiló a finales de junio del pasado año. Villabona llegaba al cargo con un encargo claro por parte del ministro: hacer limpieza, acabar con la guerra interna que se venía librando en el cuerpo en los últimos años y poner los cimientos de una nueva etapa, aprovechando que se jubilaba en noviembre al cumplir los 65 años. En el acto de toma de posesión, el mando se comprometió a «dejar el terreno aún más llano» y a lograr la «recuperación de la confianza de las distintas instituciones del Poder Judicial», después del fiasco de una operación contra el yihadismo dirigida por la Brigada de Información de Madrid que mereció los reproches del juez Santiago Pedraz: había mandado a prisión a dos supuestos terroristas sobre la base de los indicios inconsistentes que había reunido la Policía, como el instructor terminó constatando. La gestión del todavía DAO, el otro gran damnificado de la remodelación diseñada por Zoido, ha sido decepcionante. No ha terminado de allanar el camino y sólo ha dejado su sello con la eliminación de la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), responsable de la redacción de informes como el del 11-M o el chivatazo del Faisán, y en la destitución del jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, la persona a la que el ex DAO Eugenio Pino encargó que proporcionara «una minigrabadora» de fácil utilización para dejar constancia de las reuniones sensibles de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
  • El fin de la Brigada de Revisión de Casos. Magistrado en excedencia, Juan Ignacio Zoido se enteró por la prensa de que la BARC -una unidad creada dentro del cuerpo durante la pasada legislatura a iniciativa de Eugenio Pino- había elaborado informes sobre el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, el chivatazo del bar Faisán y los atentados del 11-M. Fue tras reconocerlo el ex DAO en una entrevista concedida al diario El Mundo. «Yo encargué a la Brigada de Resolución de Casos que hiciera un informe [sobre el 11-M] y ahí está. Le encargué lo del Faisán y ahí está. Encargué lo de Marta del Castillo, porque no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver a un padre de una hija muerta. Hay que hacer todo lo posible y poner todos los medios. Y si unos no pueden, que vengan otros con otra perspectiva. En medicina siempre se pide la segunda opinión: ‘Oiga, yo tengo un problema y vamos a ver si tiene razón», confesó Pino. Zoido tomó dos decisiones: instar a Florentino Villabona a que disolvera esa brigada y ordenar la búsqueda de esos informes para entregarlos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Los efectivos de la BARC pasaron al Centro Nacional de Desaparecidos -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- y alguno de esos informes, como el del 11-M y el del Faisán, aparecieron y terminaron en sede judicial.
  • La UCO y Cifuentes. «Sinceramente creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona [Cifuentes] y a un partido [PP] que creo hay que evitar». Son las palabras de Zoido durante una entrevista concedida a esRadio después de que la UCO pidiera al juez Eloy Velasco que imputara a la presidenta de la Comunidad de Madrid por delitos continuados de cohecho y prevaricación por la adjudicación del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en el marco de la pieza separada del caso Púnica en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid y de que ni el instructor ni la Fiscalía Anticorrupción apreciaran indicios delictivos para elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dada la condición de aforada de Cristina Cifuentes. Aquellas palabras fueron reprobadas por algunas asociaciones de guardia civiles, que demandaron más respaldo por parte del ministro hacia el trabajo de los agentes de la UCO en lugar de alimentar las dudas sobre la rigurosidad de los atestados de la unidad que lucha contra la corrupción.