El bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la crisis catalana ha devuelto al debate político la posibilidad de un adelanto electoral. La negativa de PNV a apoyar las cuentas para 2018 por la actuación del Gobierno para frenar el referéndum del 1-O resucita la incertidumbre sobre la duración de la legislatura.

La posibilidad de que el conflicto se recrudezca a partir de una declaración unilateral de independencia acompañada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución haría inviable el apoyo del nacionalismo vasco al Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque las cuentas de 2017 se prorrogarían durante el ejercicio de 2018 sin grandes sacrificios para el Ejecutivo, la falta de acuerdo abocaría a un adelanto electoral a comienzos de 2019, un año antes del fin oficial de la legislatura.

Ante este escenario, y como ocurrió con la investidura de Rajoy hace un año, el PP y Ciudadanos ponen sus ojos en el PSOE. En noviembre del año pasado, y tras la defenestración de Pedro Sánchez como secretario general, el grupo socialista hizo presidente a Rajoy a pesar de la ‘rebelión’ de 15 diputados sanchistas que votaron ‘no’. La semana pasada, el PSOE revivió esa ruptura de la disciplina de voto también con motivo de su apoyo al Gobierno. Ciudadanos presentó una moción para respaldar las actuaciones del Ejecutivo en Cataluña que Sánchez ordenó rechazar. Cuatro diputados afines a Susana Díaz se negaron a votar en contra y se abstuvieron.

En este contexto de tensión interna vuelven las presiones hacia el PSOE. Ya el lunes, Albert Rivera puso al grupo socialista otra vez en el punto de mira. El presidente de Ciudadanos pidió a Pedro Sánchez que el PSOE se abstenga en la votación para poder sacar adelante los Presupuestos de 2018. «Deje de pensar 5 minutos en Podemos y piense en España», le espetó, recordando medidas negociadas con C’s y el PP para los PGE que no se podrían aplicar como la ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas o beneficios fiscales para las familias con hijos a cargo.

Un día después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también señaló al PSOE. Le pidió que se sume a la negociación presupuestaria y recordó que las nuevas cuentas supondrían «subidas salariales para funcionarios y ofertas de empleo público», así como mejoras en la financiación de las administraciones autonómicas.

Aunque el propio Rajoy aseguró en la Casa Blanca que no contemplaba un adelanto electoral, esa posibilidad aterrorizó tanto al establishment del PSOE hace un año que forzó la dimisión de Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre. Doce meses después, con el secretario general de vuelta a su despacho en la planta noble de Ferraz, el escenario es muy distinto.

El PSOE no teme la llegada de nuevos comicios, aseguran desde Ferraz. Las encuestas muestran una tendencia al alza del Partido Socialista que se suma a la caída sostenida de Podemos -su gran rival- en intención de voto. Según el barómetro electoral de agosto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP podría sufrir la caída de hasta un millón de votantes respecto a junio de 2016. Ciudadanos crecería electoralmente a su costa.

Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez acelera la recuperación de votos que se inició con el proceso de primarias. Hasta 900.000 electores podrían reconciliarse con el PSOE tras haber votado a Podemos o haberse quedado en la abstención. El partido de Pablo Iglesias y sus confluencias se sigue debilitando electoralmente tras haber perdido un millón de votos entre diciembre de 2015 y junio de 2016.

La recuperación electoral del PSOE y su consolidación como segunda fuerza política frente a Podemos haría que Pedro Sánchez volviera al Congreso de los Diputados como líder de la oposición. Recuperaría un espacio central en la vida política que perdió al renunciar a su escaño para no abstenerse en la investidura de Rajoy. Ese regreso no estaría exento de dilemas. Si se mantiene la correlación de fuerzas actuales entre los bloques de izquierda y derecha, el líder socialista podría volver a intentar su investidura con el apoyo de Pablo Iglesias y, esta vez sí, los grupos nacionalistas. No en vano, el propio Sánchez ha defendido el carácter democrático y constitucionalista de todos los partidos con representación en las Cortes desde que comenzó la crisis catalana.