¿Se irá al traste el acuerdo para equiparar los sueldos de policías y guardias civiles con los de los Mossos d’Esquadra? ¿Facilitará el nuevo Ejecutivo el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas? ¿Se habilitará la pasarela profesional para que agentes de la Policía de la Generalitat no independentistas puedan enrolarse en la Policía Nacional? ¿Se volverá al organigrama de un mando único en cada Cuerpo frente a la estructura horizontal impulsada, no sin polémica, por Juan Ignacio Zoido? La llegada del PSOE al Gobierno tras prosperar la moción de censura no hará peligrar algunos proyectos en materia de Interior con amplio consenso, pero sí alimenta algunas incógnitas sobre otras cuestiones de gran impacto en la opinión pública y en los que abiertamente mantiene una posición contraria al PP.

  1. Equiparación salarial. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que el PP sacó adelante en el Congreso sólo unas horas antes de que el PSOE registrara la moción de censura que les ha desalojado del poder incluye una partida de 500 millones de euros para avanzar en la equiparación de los sueldos de policías nacionales y guardias civiles con los de los Mossos d’Esquadra. Desglosados, son 310 millones para la plantilla operativa, 100 para favorecer la reincorporación del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada y los 90 millones que le corresponden a los agentes de la subida acordada para toda la Función Pública. Como Juan Ignacio Zoido se encargó de recordar la pasada semana en los pasillos de la Cámara Baja, en la nómina de julio debería reflejarse esa subida ya en los “bolsillos” de policías y guardias civiles. Por muchas enmiendas que puedan plantearse en el trámite en el Senado, se descarta totalmente que el acuerdo alcanzado el pasado 19 de marzo por el ministro del Interior -ahora en funciones- con cuatro sindicatos de la Policía Nacional y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil pueda quedar en papel mojado. Todos los grupos parlamentarios han considerado justa la reivindicación de los agentes y apoyan que se igualen sus retribuciones con las de funcionarios de policías autonómicas. El equipo de Zoido deja Interior no sólo con el acuerdo marco publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino también con la licitación del concurso por el que se contratará a una consultora que se encargará de analizar con detalle las retribuciones y la tarea de los puestos de trabajo en ambos cuerpos.
  2. Falta de agentes. El ministro saliente también había marcado como prioridad para la legislatura reforzar las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil, muy mermadas por la indisponibilidad presupuestaria durante la crisis económica para convocar más plazas en cumplimiento de los criterios de estabilidad. El déficit de agentes en ambos cuerpos hoy es  palpable y debería ser motivo de preocupación por la persona que asuma las competencias a partir de esta semana. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Gobierno, referidos a 31 de enero de 2018, la Policía Nacional dispone hoy de 13.802 agentes menos de lo que prevé su catálogo de activos (64.335 frente a 78.137). En el caso de la Guardia Civil, el déficit es de 7.785 funcionarios (77.546 frente a 85.331). A ello se suma el problema que empieza a constatarse ya en comunidades como Cataluña, donde hay una dificultad real para cubrir muchas de las plazas ofertadas ante la situación política provocada por el desafío independentista y la carestía de vida en esta región. Ello ha llevado ya a algunos sindicatos a pedir formalmente que se habilite un complemento económico de territorialidad -similar al abonado en el País Vasco- para incentivar la cobertura de plantilla en Cataluña.
  3. Una solución para los Mossos constitucionalistas. Desde que estalló la crisis en Cataluña y se constató la inacción de la Policía de la Generalitat el 1-O, decenas de mossos han venido demandando al Ministerio del Interior que habilite la pasarela profesional que permita el paso de agentes de la Policía Autonómica a la Policía Nacional. La Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, aprobada el 28 de julio de 2015 cuando al frente del Ministerio del Interior se encontraba Jorge Fernández Díaz, prevé en una disposición adicional -concretamente la cuarta- el ingreso en el Cuerpo de agentes de policías de comunidades autónomas: “Los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia, en los términos y conforme a las condiciones que reglamentariamente, y con participación de las organizaciones sindicales representativas, se determinen, siempre que cumplan los requisitos generales exigidos en el artículo 26 y posean la titulación requerida para el acceso a cada escala”. Esa puerta que se dejó abierta hace tres años requiere un desarrollo reglamentario, que es lo que exigen muchos funcionarios que no se han significado a favor del proceso independentista y que advierten de que puede haber una caza de brujas por parte de mandos secesionistas una vez levantada la aplicación del artículo 155 de la Constitución con la proclamación del nuevo Govern.
  4. ¿Vuelta al mando único? Otra de las incógnitas que deja en el aire la salida del PP del Gobierno es si el PSOE mantendrá el organigrama operativo horizontal implantado por Zoido tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil o si, por el contrario, se volverá al modelo de un mando operativo en cada Cuerpo. Entre las medidas más polémicas aplicadas por el ex alcalde de Sevilla durante el año y medio que ha dirigido el Ministerio del Interior se encuentra la supresión de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en cada Cuerpo -figura implantada por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cuando dirigió este departamento ministerial en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente- y su sustitución por una estructura formada por cuatro jefaturas centrales en la Policía Nacional y cuatro mandos en la Guardia Civil. En el Instituto Armado, algunos oficiales consideran que el organigrama actual no es operativo y echan en falta ese mando único.
  5. . Crímenes de ETA sin resolver. Zoido podrá lucir en su hoja de servicios que fue en su etapa de ministro del Interior cuando tuvo lugar la desaparición formal de ETA después de haber cometido cerca de un millar de asesinatos en el último medio siglo. Pero la victoria del Estado de Derecho sobre el terrorismo etarra no es todavía completa, por cuanto quedan 358 asesinatos aún sin esclarecer. El pasado año, la Asociación Dignidad y Justicia presentó una iniciativa en el Parlamento Europeo para que se investiguen los casos que, décadas después, siguen sin resolverse. Las asociaciones de víctimas confía en que el ‘archivo de ETA’ entregado a España por las autoridades judiciales franceses arroje pistas sobre muchos de estos crímenes de los que siguen desconociéndose sus autores.
  6. Política penitenciaria. El hipotético acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra tras la desaparición de la banda terrorista es otro de los asuntos a los que tendrá que dar respuesta el nuevo titular de Interior. En este punto hay una sensible diferencia entre el PSOE y el PP. Mientras los conservadores no valoraban la posibilidad de facilitar que los reclusos de ETA terminen de cumplir sus penas en centros penitenciarios más próximos a Euskadi –un tercio se encuentran en cárceles andaluzas-, los socialistas vascos coinciden con el PNV en que esa política de dispersión carece ya de sentido. ¿Será el Gobierno de Pedro Sánchez el que acerque a los presos de ETA a las cárceles vascas? ¿Será el Gobierno de Pedro Sánchez el que transfiera al Ejecutivo de Íñigo Urkullu las competencias en materia de Prisiones, autonomía que tiene desde hace años Cataluña? Sólo el tiempo dará respuesta a estas preguntas.
  7. Desigualdad salarial en las prisiones. Desde hace semanas, los funcionarios de Instituciones Penitenciarias vienen secundando movilizaciones a las puertas de las prisiones para exigir al Ministerio del Interior que acabe también con la brecha salarial que sufre este colectivo, hasta el punto de que un trabajador público de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) puede cobrar varios centenares de euros menos que un compañero con la misma categoría profesional por hacer el mismo trabajo en Brians 2 (Barcelona). De momento, la reivindicación ha recibido escasa respuesta por parte de Ángel Yuste, el secretario general de Instituciones Penitenciarias que ya ocupó el cargo con Aznar y al que Rajoy rescató cuando el PP volvió al Gobierno. Los sindicatos celebran la salida de Yuste. El cambio de interlocutor relajará sin duda el enfrentamiento existente en este momento entre la Administración y la representación de los funcionarios. Éstos demandan también, por ahora sin éxito, que se cubran las más de 2.000 bajas que tiene actualmente la plantilla.
  8. La amenaza del terrorismo yihadista. El próximo 26 de junio se cumplirán tres años desde que España decidió activar el nivel 4 -en una escala de 5- de alerta antiterrorista, tras los atentados registrados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. La acción sanguinaria perpetrada por el Estado Islámico en Cataluña el pasado verano no llevó a incrementar el nivel de alerta, pero tampoco se han relajado las medidas. Son los especialistas de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y el servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se reúnen todos los jueves en torno a la mesa de valoración de la amenaza para medir el riesgo, los que deberán determinar si hay motivos para rebajar un escalón la alerta o seguir manteniéndola en el nivel actual.
  9. El ‘avispero’ del Campo de Gibraltar. La actuación de las redes de narcotraficantes que operan en el Campo de Gibraltar han convertido esta comarca del sur de España en un foco de máximo peligro por los métodos empleados por los grupos para introducir la droga desde Marruecos. Agresiones a guardias civiles, asalto a un hospital público para liberar a un cabecilla detenido… son sólo algunos de los episodios que han revelado la dificultad con que los agentes ejercen su labor en estos destinos. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil exigen refuerzos antes de que los grupos se conviertan en auténticos “carteles” y corrompan a las administraciones. De momento, sólo se han destinado refuerzos temporales. Es un problema de primera magnitud que requiere una solución efectiva antes de que sea demasiado tarde.
  10. Normas de “decoro” en la Guardia Civil. El director de la Guardia Civil que nombre el próximo ministro del Interior deberá decidir si sigue adelante el borrador de orden con el que José Manuel Holgado pretendía imponer restrictivas normas de uniformidad y policía para adecuarlas a los nuevos tiempos. Como desveló El Independiente, el texto presentado quiere eliminar los bigotes por debajo de las comisuras de los labios, lucir aros en la nariz, exhibir tatuajes que no queden ocultos bajo el uniforme, tener las uñas sobrepasando el borde del dedo, utilizar relojes que excedan el ancho de la muñeca, prohibir las conversaciones ajenas al servicio y que se mastique chicle en horario de trabajo, entre otras medidas. El borrador ha sido muy contestado por varias asociaciones profesionales, que han pedido a la dirección que dé marcha atrás y revise el texto. La próxima reunión del grupo de trabajo estaba prevista para junio. ¿Asumirá el nuevo equipo de Interior el proyecto de normas de decoro elaborado por el equipo de Zoido?