Pedro Sánchez, reunido con su equipo en la Moncloa.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha dividido en dos corrientes: los partidarios de celebrar las elecciones lo antes posible y los que abogan por esperar hasta la primavera del año que viene para hacerlas coincidir con las municipales y las autonómicas. Los ministros de perfil más orgánico, encabezados por José Luis Ábalos, titular de Fomento y secretario de Organización del PSOE, defienden la tesis de que la convocatoria debe producirse cuanto antes para evitar el desgaste que sufrirá el Gobierno durante el próximo curso por falta de apoyos parlamentarios.
Por el contrario, el núcleo más cercano a la Moncloa, incluido el poderoso gabinete del presidente, aboga por "avanzar" en la labor ejecutiva y hacer coincidir todos los comicios en primavera para explotar el "cambio de época" que según Pedro Sánchez representa su Gobierno. La confluencia de todas las elecciones supondrían el cierre de una etapa política en España y el inicio de otra con un nuevo mapa en los ayuntamientos, las comunidades y el Congreso de los Diputados. El propio presidente del Gobierno se inclina más por esta opción. "Seguir es bueno para España y para nosotros", asegura Sánchez.
Los defensores de la teoría del "vuelco político" se aferran al CIS de julio, el primero bajo la dirección de José Félix Tezanos, hasta ahora responsable de demoscopia y sociología en Ferraz. La encuesta dibuja una remontada del PSOE, que obtiene un 29,9% de intención de voto, ocho puntos más respecto al barómetro de abril, y vuelve a ganar peso sobre Ciudadanos después de que ese estudio situara a los socialistas por debajo del partido de Albert Rivera.
Si hubiera elecciones ahora mismo, el PP pasaría del 24% que consiguió abril a un 20,4%, tres puntos y medio menos que le llevan a un empate técnico con Ciudadanos, que también obtiene un 20,4% y registra una caída de dos puntos. Podemos y sus confluencias registra la mayor caída de todos los partidos, con 4 puntos menos en tres meses: pasaría del 19,6% de abril al 15,6%.
La interpretación socialista del CIS es que ya se ha producido el "cambio político", aunque resulta "imposible" calcular ahora mismo la extrapolación en escaños de ese giro sociológico. Para lograrlo, el Gobierno socialista quiere "modernizar" el Centro de Investigaciones Sociológicas para afinar más el resultado de esa encuesta a a partir de septiembre. Además, el barómetro de julio no ha tenido en cuenta la renovación del PP, partido más votado en las últimas generales, con la victoria de Pablo Casado en sus primarias. El Gobierno quiere testar el efecto entre el electorado de esa regeneración antes de tomar una decisión sobre las elecciones.
Después de que Pedro Sánchez y Susana Díaz hablaran en Moncloa de todas estas variables, la presidenta andaluza ha dado orden en San Telmo de tener todo preparado para una convocatoria electoral en septiembre que diera paso a comicios a finales de octubre. No obstante, no se descarta que la fecha elegida finalmente sea a finales de enero, después de las vacaciones navideñas, horizonte que Díaz ha trasladado a sus socios de Ciudadanos. Su objetivo es mantenerse al margen de la confluencia electoral de primavera para celebrar un debate de carácter andaluz y escapar de los efectos que la corrupción puedan tener sobre su imagen.
El Parlamento andaluz ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación para el Empleo (Faffe), cuyos responsables gastaron decenas de miles de euros en prostíbulos y celebraciones. Al caso de las tarjetas black de la Faffe, en el que se incluye un listado con nombres y apellidos de 85 'enchufados' que fueron cargos del PSOE o familiares de sus dirigentes, se suma la amenaza de una sentencia condenatoria en el caso de los ERE que se podría producir entre enero y febrero.
Si Susana Díaz da el paso, el sector del Gobierno y del PSOE partidario de adelantar las elecciones presionará para que se celebren de forma conjunta y recuperar las grandes victorias socialistas que se producían al calor del principal granero de votos del partido. Además de la ventaja electoral que supone hacerlas coincidir, esta premura evitaría al Gobierno un nuevo calvario parlamentario como el vivido en el mes de julio y le ahorraría la toma de decisiones contra el independentismo catalán si éste radicaliza sus posturas en fechas tan señaladas como la Diada o el primer aniversario de la consulta ilegal del 1 de octubre.
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