Política

De la negligencia en las residencias a la 'prevaricación' de Sánchez: el Covid-19 llega a los tribunales

Hospital de campaña de Ifema, en Madrid. EFE

Más de un mes después de que la emergencia sanitaria comenzase a golpear a España, y pese a los reiterados llamamientos a dirimir responsabilidades penales cuando la tormenta sanitaria haya amainado, lo cierto es que las primeras consecuencias del Covid-19 comienzan a copar los tribunales cuando en España aún no se ha conseguido el ansiado hito de aplanar la curva.

Desde el ámbito político y social, asociaciones y partidos se preparan ya para litigios por la gestión tanto pública como privada de la crisis, cuyas cifras ya dejan más de 8.100 muertos y casi 94.500 casos en toda España.

Desde el punto de vista político, las muertes de los afectados por el Covid-19, el desbordamiento de hospitales y centros de Atención Primaria, o las presuntas negligencias cometidas en las residencias tendrán sus consecuencias no sólo en el campo de batalla político, sino también en la vía penal. Vox ya ha anunciado que llevará al Ejecutivo de coalición encabezado por Pedro Sánchez a los tribunales por, a su juicio, ejercer una «gestión criminal» en la batalla contra el coronavirus, una hoja de ruta que tampoco descartan en el tejado de los populares.

Y sin llegar aún a futuros, Pedro Sánchez tiene ya encima de la mesa varias causas pendientes. Una de las primeras vino a cuenta del abogado Víctor Valladares, que denunció al jefe del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación y lesiones imprudentes debido a la celebración de las 77 manifestaciones feministas convocadas el 8 de marzo, Día de la Mujer en la Comunidad de Madrid -foco de la pandemia- que a su juicio deberían haber sido prohibidas a tenor del cumplimiento de las recomendaciones llegadas desde la Unión Europea, cuando ya se contabilizaban en España 430 positivos por Covid-19.

La querella exige que se interrogue al propio Sánchez como imputado, y depende ahora del Alto Tribunal su admisión a trámite. Por el momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, sólo abrió diligencias previas contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aunque el letrado reclama también al jefe del Ejecutivo como responsable último de la celebración de las movilizaciones.

Pero a esta denuncia le precedió otra causa, también dirigida al Gobierno central, que en este caso tiene como protagonistas a Pablo Casado, Santiago Abascal y Pablo Iglesias, con Inés Arrimadas posicionada en terreno de no agresión. El pasado 20 de marzo, el PP anunciaba que recurriría ante el Tribunal Constitucional la entrada del vicepresidente segundo en la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), recogida en la disposición final segunda del Real Decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la pandemia en España, una causa que ya había recurrido Vox ante el Tribunal Supremo. Ambas formaciones esgrimían el «grave riesgo para la seguridad nacional» de la entrada de Iglesias en el CNI y mantienen el convencimiento de seguir adelante con el proceso cuando el país comience a recobrar la normalidad.

Negligencia en las residencias

La multiplicación de noticias sobre centenares de muertes de ancianos en residencias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional ha provocado que la Fiscalía General del Estado acordase investigar la grave situación en la que se encontraban estas personas -en algunos centros se han encontrado situaciones extremas como la de ancianos conviviendo con cadáveres durante días-.

Pero la cascada de diligencias abiertas por las presuntas negligencias cometidas en residencias de ancianos no se detiene ahí, y se extienden a los casos puntuales. En uno de los más mediáticos, el de la residencia de Monte Hermoso, donde han fallecido un total de 46 ancianos con otros 19 hospitalizados y 39 aislados con síntomas, la Fiscalía Provincial de Madrid mantiene una investigación abierta a raíz de una denuncia del Defensor del Paciente.

La falta de material, el eterno debate

La falta de material de protección suficiente para garantizar la seguridad del personal sanitario que trabaja a destajo para luchar contra el coronavirus ha sido uno de los principales motivos que ha desencadenado una guerra política sin cuartel entre el Gobierno central y las autonomías.

La primera denuncia llegó de parte de un juzgado de Madrid, que el pasado 19 de marzo emitió una orden por la que daba a la Comunidad de Madrid 24 horas para que suministrase todos los recursos de protección necesarios, basándose la magistrada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, se acordaron las medidas cautelarísimas solicitadas por la asociación Amyts para Isabel Díaz Ayuso, si bien esta elevó la denuncia al Ministerio de Sanidad por la asunción del «mando único» y, a su juicio», ser responsable último del desabastecimiento de material.

En este mismo sentido se expresaron los Juzgados de varias provincias de Castilla y León, en concreto de Segovia, Ávila o Zamora la pasada semana, donde ordenaron a la consejería de Sanidad de cada territorio a suministrar de forma «urgente» y continuada de material de protección para el personal sanitario.

Y este mismo martes trascendía otra denuncia por este mismo motivo: la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) hacía pública una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos de homicidio imprudente, de lesiones contra los trabajadores y por la infracción de las normas de prevención laboral, al no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales que trabajan para evitar la propagación del virus.

Plataforma de afectados por Covid-19

Además, pacientes, médicos, familiares o empleados de residnecias ya se están organizando en plataformas de afectados por el virus que dan cuenta de la avalancha de demandas que se prevé colapsen los tribunales.

Por el momento, tanto el despacho Navarro&Larriba de la Comunidad Valenciana como Lex Abogacía ya han armado las primeras organizaciones a las que ya se han suscrito cientos de afectados. En concreto, el bufete valenciano prevé estudiar la presentación de querellas patrimoniales contra el Estado por la gestión de la crisis.

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