El nombre del empresario navarro Antxón Alonso ha vuelto al foco mediático después de que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil lo mencione en sus informes sobre el 'caso Forestalia'. En esta causa se investigan presuntas irregularidades en la concesión de licencias en España para proyectos de energías renovables a cambio de mordidas, principalmente en Aragón.

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Antxón ya había estado en el centro de la actualidad judicial cuando la Guardia Civil le situó como propietario de Servinabar, la empresa de la que supuestamente el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán poseía un 45%. Servinabar recibió junto a Acciona varios contratos del Ministerio de Transportes por los que ambos están siendo investigados en la Audiencia Nacional en la parte del 'caso Koldo' que analiza presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública. El socialista utilizó esta compañía para sufragar alquileres, restaurantes y vacaciones.

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Meses después, en diciembre, Antxón fue detenido por la UCO en el marco de otra causa: el denominado 'caso SEPI', que se instruye también en la Audiencia Nacional y todavía permanece bajo secreto. La Guardia Civil lo sitúa dentro de lo que denominó el 'grupo Hirurok', integrado por el propio empresario navarro, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez, que también fueron arrestados. La Benemérita sospecha que se sirvieron de su influencia en la Administración para beneficiar a determinadas empresas en adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales.

Los indicios que maneja la Guardia Civil apuntan a que el 'grupo Hirurok' influyó en cargos públicos de Sepides —dependiente del Ministerio de Industria y Turismo— para que Forestalia pudiera acceder a una inversión de 17,32 millones de euros. La trama, a cambio, habría pactado una contraprestación de 200.000 euros. En el marco de esta investigación, la UCO registró la sede de Forestalia en Zaragoza y Madrid, así como también entró en el Ministerio de Transición Ecológica.

Díez, también conocida como la 'fontanera' del PSOE, está imputada paralelamente en una causa que se instruye en los juzgados de Madrid por presuntamente ofrecer sobornos a empresarios y fiscales a cambio de obtener información sensible con la que dinamitar las causas judiciales que afectan al Gobierno. En una de estas reuniones, la exconcejal socialista se presentó como la "mano derecha" de Santos Cerdán.

El 'caso Forestalia'

Ahora, tras desvelarse parte del sumario del 'caso Forestalia', Antxón ha aparecido en una tercera causa, si bien en esta no figura como investigado por el momento. La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel, parte de una denuncia de Teruel Existe y gira en torno a supuestas irregularidades en la concesión de licencias para proyectos de energías renovables, principalmente eólicas y fotovoltaicas.

Los agentes sitúan al exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica Eugenio Domínguez en el centro de una operativa que habría maniobrado para favorecer a Forestalia en la obtención de proyectos millonarios vinculados a las energías renovables. Tal y como desveló El Español, Domínguez explicó a la Guardia Civil que fue Antxón Alonso quien le fue presentado para iniciar "una inversión en proyectos de energías renovables".

No es la primera vez que el nombre de Domínguez aparece en investigaciones judiciales. En uno de los informes del 'caso Koldo', la Guardia Civil señaló que, tras la llegada del PSOE a La Moncloa, Santos Cerdán pidió al exasesor ministerial Koldo García, mano derecha del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, que se mantuviera en su puesto tras el cambio de Gobierno.

Tal y como muestra la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, los investigadores creen que Domínguez creó "un sistema de tramitación paralelo" para beneficiar a la compañía y que habría cobrado al menos 5,2 millones de euros a través de un entramado societario que el juez instructor define como "realmente complejo".

Supuestamente recibió esa cantidad a través de una maraña de empresas pantalla, entre las que figura Next Generation Caliope Innova. El 17 de mayo de 2022, esta sociedad transmitió 2.998 participaciones —de un total de 3.000— a Antxón Alonso. La compañía había sido constituida unos días antes, el 8 de abril, por Eduardo Pérez, uno de los presuntos testaferros de la trama.

Extracto del informe de la Guardia Civil del 'caso Forestalia'.

A su vez, Caliope Innova mantiene un acuerdo de cuenta corriente con la empresa Universal Global Scale Worldwide, que según los investigadores tiene negocios en energías renovables ligados a Águeda y Fernando Samper, presidente de Forestalia. Los agentes señalan además que ambas sociedades se encuentran domiciliadas en la calle Serrano de Madrid.

Tanto Domínguez como Samper fueron detenidos por la Guardia Civil junto a cuatro personas más: el ya mencionado Eduardo Pérez, su hermano Roberto Pérez, igualmente considerado un testaferro, el notario Javier de Lucas Cadenas y la mujer de Domínguez, Montserrat Heredero.

En esta causa se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por lo que no se descarta que el juez pueda inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, donde ya se investigan el 'caso Koldo' —el titular del Juzgado de Instrucción 2, Ismael Moreno— y el 'caso SEPI' —el titular del Juzgado de Instrucción 5, Santiago Pedraz—.

Uno de los proyectos bajo la lupa en la causa de Forestalia es el del Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico del país, que la empresa de Samper vendió por 500 millones de euros al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners. La Fiscalía ya ha solicitado la paralización de las obras y la Guardia Civil ha advertido de que podrían provocar daños medioambientales irreversibles en la zona. El juez decidió aplazar la vista sobre medidas cautelares prevista para este viernes para estudiar detenidamente qué personas o entidades deben ser citadas como posibles afectados.

La plataforma Teruel Existe denunció que el proyecto fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía sobre la mesa un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana y otro de la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón. Además, señaló que se trata del único proyecto que ha generado un consenso total entre las principales organizaciones ecologistas, que alertan de la destrucción que podría sufrir uno de los espacios de mayor valor ambiental de Europa.