El Gobierno escala su confrontación con la instrucción de Peinado al CGPJ

Las fricciones del Gobierno con la Justicia ya son una constante en esta legislatura. Y ahora han alcanzado un nuevo pico por la causa contra Begoña Gómez, instruida por el juez Juan Carlos Peinado y cerrada por él mismo el lunes, justo cuando el presidente y su mujer se encontraban de viaje oficial en China. La irritación del Ejecutivo contra el magistrado y su auto de procesamiento, por el que propone juzgar por jurado popular a Gómez por cuatro delitos —malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida—, es patente y no se esconde. Pero el resquemor no se queda ahí. También en el Gabinete late un profundo malestar con el propio Consejo General del Poder Judicial. Por no moverse, esgrimen, por no "poner orden", por no parar lo que entienden como abusos del juez, por acelerar a la hora de criticar al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y no tramitar, sin embargo, las quejas que él elevó hace casi 11 meses. Por prestarse al juego de la "derecha judicial".

En esta ocasión, con la última decisión de Peinado, el Gobierno no ha querido esconder su enfado con él. Lo ha verbalizado ostensiblemente. Solo ha dejado fuera del choque al presidente. Pedro Sánchez, preguntado en rueda de prensa en Pekín, a primera hora de la mañana —sobre las dos de la tarde en la capital china—, esquivó la confrontación y se ciñó a su guion habitual, con la pretensión de no quitar él mismo el foco del encuentro que acababa de mantener con Xi Jinping. "Yo lo que le pido a la Justicia es que haga justicia, que la Justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues... no tengo que decir nada más", resolvió. Dio igual que los periodistas le repreguntaran. No quiso entrar al trapo.

Puente tenía ganas de contestar a Peinado y había avisado a la portavoz, Elma Saiz, y al ministro Bolaños de que quería intervenir. Él fue el más claro y largo, el que actuó de portavoz 'oficioso'

Lo hicieron los ministros por él en una insólita rueda de prensa en la Moncloa, tras la reunión del Gabinete —presidida por primera vez, por cierto, por el nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo—. Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente se lanzaron en tromba contra el juez y su extravagante instrucción. Hilaron, juntos, la defensa más contundente de Begoña Gómez. Las preguntas al titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes eran esperables por los reproches de las asociaciones judiciales —la mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y la segunda más numerosa en afiliados, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ambas conservadoras— e incluso de la comisión permanente del CGPJ. Pero el responsable de Transportes quiso terciar. Él mismo ya había avanzado a la portavoz y a Bolaños, antes de la comparecencia, que tenía ganas de responder a Peinado.

Y lo hizo. Sin cortapisas. Casi como portavoz oficioso del Ejecutivo. "¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad? ¿O estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente?". Esa pregunta, adujo, es central, "vital" para el futuro de nuestra democracia. Lo que estaba deslizando el ministro es que Peinado, con sus resoluciones, pretende cortar las alas al Gobierno. Después, volvió a tomar la palabra y recalcó que no ve "ilícito" ninguno en los 39 folios del auto del magistrado, que no justifica que Gómez se haya lucrado, que todo juez ha de dictar resoluciones que sean no solo imparciales, sino que lo parezcan, y en este caso "ese afán por aparentar imparcialidad no ha existido en ningún caso".

Decide la Audiencia de Madrid

Bolaños se ratificó en sus palabras del día anterior y proclamó, como sus compañeros de Gabinete, su derecho a opinar, porque por mucho que sea ministro de Justicia su libertad de expresión no queda mermada. Su opinión, "si cabe", es "más cualificada", porque "conoce la materia" y porque sabe que la "preocupación" de jueces y magistrados por la imagen que da la Justicia con la instrucción de Peinado es "muy generalizada". Porque así se lo ha trasladado la "práctica totalidad" de aquellos con los que ha hablado de este tema. Y, de nuevo, volvió a mostrar su "confianza absoluta" en unos tribunales superiores que, "en la práctica, ya han anulado multitud de resoluciones" en esta causa. Apelaba así, primero, al criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, la que con seguridad tendrá que decir si avala o no el último paso del magistrado.

El titular de Justicia recuerda que hace 11 meses acudió al CGPJ para denunciar "irregularidades" del juez Peinado pero todavía hoy no tiene respuesta. Y ese CGPJ ya le ha reprochado sus palabras del lunes

Pero el ministro de la Presidencia dejó en su respuesta a una última pregunta de los informadores otro recado más. Y este lo dirigió al CGPJ. Se le inquirió si el Gobierno tenía pensado pedir amparo ante el órgano de gobierno de los jueces, y él dio a entender que era inútil. Recordó que fue él quien elevó quejas al CGPJ por "irregularidades" cometidas presuntamente por Peinado cuando fue a tomarle declaración como testigo —después, instó al Supremo a que lo imputara, pero el alto tribunal lo rechazó de plano porque no había ni "el más mínimo respaldo indiciario"—, y que no se habían resuelto pese a que se presentaron hace casi 11 meses, el 4 de junio de 2025.

En cambio, el CGPJ sí había acordado este martes recalcar la "necesidad de respetar" las decisiones judiciales. Un consenso al que llegaron los miembros de la comisión permanente del órgano, integrado por su presidenta, Isabel Perelló y siete vocales (cuatro del ala conservadora y tres del sector progresista). Evidentemente, el CGPJ respondía a las declaraciones de Bolaños del lunes, cuando aseguró que la instrucción de Peinado ha "avergonzado" a muchos ciudadanos y a parte de la carrera judicial.

¡Cortos nos hemos quedado!", expresaba un miembro de Gabinete después de la insólita rueda de prensa. El Ejecutivo proclama su derecho a opinar tras la reprimenda del CGPJ y los colectivos

"Hoy el Consejo General del Poder Judicial se ha reunido, y no sé si entre los temas que han tratado es que yo estas denuncias las presenté el 4 de junio de 2025 —observó Bolaños—. Casi 11 meses después, se siguen investigando estas irregularidades, irregularidades que constan por escrito o que están grabadas en un vídeo que ha visto toda España [de su declaración ante Peinado en su despacho en la Moncloa]. Pues quizá el CGPJ debiera ser consciente que 11 meses después estas irregularidades que se están investigando deberían ir resolviéndose". La acusación de doble rasero al CGPJ era bien evidente.

Todo ahora "es posible"

"¡Cortos nos hemos quedado!", resoplaba un miembro del Gobierno tras la inédita rueda de prensa de este martes, en la que los colaboradores más cercanos al presidente habían descargado largo y tendido contra el juez. En la Moncloa reivindican su "legítimo derecho a la opinión", a poder expresar sus críticas a Peinado, en particular, y al Poder Judicial, en general, si discrepa de su actuación. Desoían así las indicaciones de las asociaciones y del propio CGPJ. Porque la causa ya ha llegado a un punto muy maduro. Ahora debe decidir la Audiencia de Madrid, y esta es cierto que ha corregido numerosas decisiones del instructor —le ha repetido que no hay indicios para investigar el rescate de Air Europa, le ha levantado imputaciones, le anuló el primer intento de llevar a Gómez ante un jurado popular—, pero ha respaldado el núcleo duro del caso, no ha detenido sus pesquisas.

Este caso duele más al presidente, porque obviamente le duele mucho más que el caso el exfiscal del Estado, ya que en esa ocasión fue un choque institucional, aunque de gran magnitud

Ahora, como señala un ministro, aunque sea "todo un delirio", es "posible" que finalmente la mujer del presidente pueda pisar el banquillo. Una imagen que jamás ha pasado en democracia y que duele personalmente mucho más a Sánchez que el juicio (y condena) al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con él se produjo un choque institucional de enorme magnitud. Pero aquí se trata de la esposa del presidente. Nada más y nada menos. Y sentada ante un jurado que difícilmente podrá no tener una percepción previa de los hechos después de una instrucción tan polémica y tan presente en los medios estos dos años.

En el equipo del presidente se reconocen decepcionados, enfadados incluso con la nula respuesta que han encontrado del CGPJ: no entienden que no haya frenado al instructor del caso Begoña. Y sienten que no sirve de nada acudir al órgano de gobierno de los jueces. En la Moncloa sostienen que lo lógico es que actuara de oficio y le embridara. Pero intuye que no hará nada: "Todos sabemos lo que hay y lo que está pasando", también que la "única ventanilla" en la que poder reclamar es la de CGPJ. "Ojalá alguien pusiera orden", remarcan. "Son una panda...", explota un miembro del Gabinete, sin poder (ni querer) ocultar su cabreo.

Las críticas se singularizan también en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, téoricamente de extracción progresista aunque en el tiempo que lleva en el cargo, casi dos años, ha basculado hacia el ala conservadora. "Una señora a las órdenes de la derecha judicial. Lo cómodo", le reprocha un ministro del núcleo duro. En plata: Perelló se ha plegado sin rechistar a sus compañeros conservadores del CGPJ. El resultado es que el Gobierno no dispone de una mayoría progresista: fueron elegidos diez vocales conservadores y otros diez supuestamente alineados con el Ejecutivo, con una Perelló en el el bando progresista. Pero esas cuentas ya no valen, por el agrietamiento de los progresistas y el reposicionamiento de la presidenta del Poder Judicial y de Supremo con los aupados por el PP.

Una señora a las órdenes de la derecha judicial. Lo cómodo", apunta un ministro del núcleo duro respecto a Isabel Perelló, por su realineamiento con los vocales del ala conservadora del CGPJ

Lo que está claro es que en esta ocasión el Ejecutivo, salvando la figura del presidente, ha preferido no morderse la lengua. Ni siquiera en un espacio tan hipotéticamente solemne como la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Confío en que la Justicia haga justicia —manifestó la portavoz, Elma Saiz—, pero eso no es incompatible con criticar algunos procedimientos, afortunadamente, los menos, que la desprestigian profundamente". "Los ministros", razonaban en la Moncloa, "son libres de dar su opinión". "Y aquí todos pensamos lo mismo".