Sumar insta al PSOE a recuperar las iniciativas anticorrupción pactadas en 2025 y a desbloquear la 'ley de lobbies'

Desde Sumar se argumenta que el 'caso Zapatero' no deja al Gobierno de coalición en la misma fractura que el verano pasado, tras el escándalo que sumaba al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la 'trama Koldo' que sigue investigándose en sus derivadas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En una comparecencia previa a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar y representante de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, explicó que la situación sería muy distinta de no tratarse de un expresidente del Gobierno y sí de un ministro del actual Ejecutivo en activo.

La solución para Sumar no es un adelanto electoral antes de que termine el año como sugirió este domingo el PNV. Creen que es necesario continuar en el Gobierno de coalición y aprovechar en lo posible su influencia para aprobar medidas de calado social. Todo, peso al distanciamiento con el PSOE de cara a qué tipo de medidas son necesarias, principalmente en vivienda, y a que no hay mayorías parlamentarias para sacarlas adelante, sobre todo cuando en ese tipo de cuestiones o en las económicas tanto Junts -ya de por sí apartado del PSOE- y PNV se distancian.

Además de seguir con esa agenda social, desde Sumar se afea al Gobierno una falta de concienciación y dureza para afrontar un proceso de regeneración política que se extienda de Moncloa y el Congreso a las relaciones políticas y públicas a nivel estatal. "Hace ya unos meses presentamos un decálogo de medidas" como la regulación de los lobbies por ley, de cómo deben actuar. Sobre "corrupción" o las "incidencias que pueda haber desde o público a lo político o viceversa cuando no procede". "La solución no puede estar en que deje de haber un Gobierno para que venga otro con los amigos de -el exministro de Hacienda, Cristobal- Montoro". "Queremos una ley de lobbies, legislar igualmente la figura del expresidente", añaden, al ver incoherente que reciba una prestación pública y a la vez pueda tener vida profesional privada "y negocios".

El año pasado, después de duras negociaciones en el Congreso entre equipos de ambos partidos, se llegó a un acuerdo para constituir una comisión interministerial para desarrollar a futuro las medidas y su presentación en sede parlamentaria. En esos encuentros, la confluencia estuvo representada por Lara Hernández, de Movimiento Sumar, Enrique Santiago, de IU, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otros, y por el PSOE, la exvicepresidenta primera del Gobierno y entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, y su secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Ya meses después de esos encuentros y tras fracasar iniciativas como la toma en consideración de la Oficina contra la corrupción por el voto contrario del PP, Vox y Junts. Los dos primeros, entre exigencias de salida del Gobierno y convocatoria electoral. Por parte de los segundos, por la negativa a ver duplicadas estructuras -Cataluña ya tiene una oficina antifraude- y la centralización de competencias con un nuevo órgano estatal. Desde entonces, apenas ha habido actividad de esa comisión, con una última reunión en febrero: por el intento de presupuestos fallido, por negociaciones como la financiación singular y, sobre todo, por el último ciclo electoral y el envío de Montero a Andalucía, desvinculándose por completo del asunto.

"Volvamos a traer ese decálogo, volvamos a traer la agencia anticorrupción", reiteró Martínez Barbero. "Lo que le pedimos al PSOE es que sea valiente, que mire a la calle y que haga lo que piden que hagamos", añadió, reclamando a la vez la mayor transparencia posible. Hay que mencionar que a finales de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye la mayoría de exigencias de ese Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Actualmente se encontraría en fase de informes consultivos, por lo que esa misma situación aleja la posibilidad de que se presente en estos momentos para la tramitación parlamentaria. La CNMC ya emitió un informe favorable. Sí ha recibido críticas de algunos sectores legales, como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Creen que debilita los controles antiblanqueo.

Unas hora más tarde, la portavoz de los comunes, integrados en Sumar, Aina Vidal, insistió en esa distinción entre "lo que hace un Gobierno o un expresidente". "Mantenemos la presunción de inocencia pero igualmente claridad de para qué estamos aquí". Vidal hizo una crítica contundente: "Luego vemos al PSOE sonreír con lo que se oponen". Se refirió así la representante catalana haciendo referencia a la vivienda, al rechazo de los socialistas a recuperar la prórroga de alquileres tumbada en abril en el Congreso, y a la dinámica que llevan denunciando desde 2023 en Sumar, de que el PSOE acaba sacando rédito social con medidas que aplica por la presión y la exigencia magenta.