Economía

SOS de bares, restaurantes y hoteles a Sánchez: "No se puede abrir en estas condiciones"

La hostelería lamenta la situación "dantesca" creada por la "improvisación" del Gobierno, mientras que los dueños de hoteles advierten: "Sin libre circulación, no sirven de nada aforos al 30%"

Vista de un restaurante cerrado en Cala Mandia, Manacor este martes. EFE

La desescalada por fases anunciada este martes por el presidente del Gobierno ha activado todas las alarmas entre los dueños de hoteles, bares y restaurantes. Los empresarios, al límite ya de por sí tras semanas cerrados por el confinamiento, aseguran que la solución planteada por Pedro Sánchez no sirve para empezar a reactivar sus respectivos negocios.

Las críticas no se han hecho esperar. Menos de 24 después de que la comparecencia del jefe del Ejecutivo, distintas patronales han expuesto los puntos débiles del plan de desescalada.

La patronal Hostelería de España considera que el Gobierno ha contribuido a colocar al sector en una situación «dantesca» por la estrategia seguida durante esta crisis, caracterizada por su «improvisación». Por ello le reclama ayudas en materia de alquileres, financiación y empleo. «No sé si es por el modelo, por los pactos o por lo que sea, pero la situación es dantesca. Han aplicado eso de ir resolviendo día a día a rajatabla, pero nosotros en estas últimas siete semanas necesitábamos también de alguna certeza», expone en una entrevista con Efe su presidente, José Luis Yzuel.

Con la propuesta de desescalada del Gobierno para el sector encima de la mesa desde ayer martes, el máximo responsable de la patronal habla ya de «indignación» y de «tomadura de pelo» por las restricciones de aforo que incluye, ya que según sus cálculos no será posible cubrir costes: «No se puede abrir en esas condiciones», asegura Yzuel.

El plan del Ejecutivo pasa por permitir desde el día 4 de mayo reabrir el servicio de comida para recoger en el local y desde el 11 las terrazas, pero con una limitación de aforo del 30% de su capacidad. Dos semanas después está previsto dejar reabrir al público el interior de los bares y restaurantes con un tercio del aforo habitual y garantías de separación entre las mesas.

El hostelero aragonés advierte de que en estas condiciones corren el riesgo de cerrar cerca de 85.000 de los más de 300.000 bares y restaurantes repartidos por todo el país y recuerda casos como el de los establecimientos especializados en bodas, que sufren una oleada de cancelaciones incluso a varios meses vista debido, en su opinión, a la incertidumbre generada por el Ejecutivo.

Críticas hacia Sanidad

Yzuel exige que se aclare cuáles son los protocolos de higiene a aplicar para poder volver a operar en este período posconfinamiento por el coronavirus: «Nos hubiera gustado hablar con Sanidad, ayudar a quien está trabajando en esto, pero no ha habido manera», lamenta.

«Las medidas de seguridad no creemos que requieran de mucha inversión. Que a nadie se le ocurra comprar mamparas que igual las tiene que tirar a la basura», ha advertido el representante de los hosteleros, quien rechaza de plano la separación física entre comensales de una misma mesa. En su opinión, una de las claves para el sector radica en las terrazas, donde la sensación de seguridad será mayor, por lo que ha instado a los ayuntamientos a ayudar a bares y restaurantes dando permisos para instalarlas en algunos lugares y ampliarlas en otros casos de forma «transitoria».

Por el contrario, avanza que los más perjudicados serán los bares de menor tamaño, y especialmente aquellos que dependan más del consumo en barra. Al Ejecutivo le reclama más apoyos en materia de alquiler para que los arrendadores permitan a los hosteleros no pagar al menos una parte de la renta mientras han estado cerrados, pero también renegociar el precio hasta que se recupere la actividad al 100 %.

«Ahora mismo, muchas grandes cadenas han dejado de pagar. Cero ingresos, cero pagos. Y si quieren, que les lleven a los tribunales. Pero con los pequeños es diferente», argumenta. Igualmente insta a las autoridades a facilitar financiación a los pequeños empresarios con préstamos por debajo del 0,5 % de interés de hasta 20.000 euros, lo que «permitiría sobrevivir a miles de bares», un tipo de apoyo que por el momento «no existe».

En estas misma línea, insiste en que es imprescindible flexibilizar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que actualmente exigen volver a contratar a todo el personal afectado. «Si eso no cambia, todo se desmorona. De poco nos sirven si luego me tengo que comer a toda la plantilla aunque se reduzca mi aforo y los ingresos bajen», arguye.

Quejas de los hoteleros

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) también ha recibido con decepción el plan de desescalada, que no contempla las especificidades del sector del alojamiento turístico, y ha advertido de que, si no hay libre circulación, los empresarios no podrán abrir.

En este sentido, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha asegurado que la restricción a la movilidad por provincias no contribuye a la «nueva normalidad» avanzada por el Gobierno. «Si no tenemos libre circulación, con todas las medidas de control que sean necesarias, no sirven de nada protocolos de actuación y aforos al 30% por seguridad; simplemente, no podremos abrir», ha señalado.

«Si no tenemos libre circulación, con todas las medidas de control que sean necesarias, no sirven de nada protocolos de actuación y aforos al 30% por seguridad; simplemente, no podremos abrir«, ha asegurado Marichal, informa Europa Press.

La Confederación hotelera ha criticado que las aperturas de los establecimientos sin que se aborden protocolos únicos, ampliaciones de los ERTE, test masivos y medidas financieras de apoyo son «un brindis al sol».

Según ha transmitido la patronal de hoteleros, durante la celebración de un pleno extraordinario, los empresarios del sector consideran que este documento anunciado este martes por el presidente, Pedro Sánchez, no da respuestas al turismo y la hostelería, que aporta al PIB nacional un 14% y más de 120.000 millones de euros anuales.

La patronal ha asegurado que el plan de desescalada «no resuelve en absoluto» el cómo proceder a la hora de reabrir negocios de alojamiento turístico, que no cuentan aún con medidas previas fundamentales como el protocolo único nacional, validado por Europa.

Además, la Confederación ha señalado que tampoco aborda la ampliación a seis meses del periodo de vigencia de los ERTE por fuerza mayor tras la derogación del estado de alarma, la realización de test masivos a plantillas, clientes y proveedores o el apoyo de la Administración Pública al sector con una nueva legislación financiera que contribuya a la continuidad de las empresas y el empleo.

«Con este cuadro es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin irnos directamente desde los ERTE por fuerza mayor a los ERE o a los concursos de acreedores», ha asegurado Marichal.

La reivindicación de los profesionales de la gastronomía

La Hermanad Gastró (HERGAS), con más de un millar de miembros de todos los ámbitos gastronómicos -productores, cocineros, empresarios, bodegueros, sumilleres, empleados de hostelería y canal de distribución- ha reunido las principales reclamaciones «urgentes» que necesita el sector para poder acometer «sin quebrar» el plan de desescalada por fases anunciado por el Gobierno. Una modificación inmediata de los ERTES para que los trabajadores de hostelería se reincorporen de forma progresiva, medidas higiénico sanitarias concretas y microcréditos para las pymes son las tres reclamaciones que hacen al Ejecutivo.

La modificación «inmediata» de los ERTES aplicados a la práctica totalidad de restaurantes, de forma que no haya que reincorporar las plantillas al completo a partir de la fase 1, que arranca el 11 de mayo y que sólo permite la apertura de las terrazas con una limitación de uso del 30 % de su capacidad, es la principal reivindicación de un sector que emplea a más de 300.000 personas de manera directa y supone el 6 % del PIB. 

Según un comunicado de HERGAS, el reingreso de los trabajadores debe «adaptarse al ritmo de las aperturas y al incremento proporcional de las facturaciones» si se quiere facilitar la «supervivencia de millones de empleos y familias». 

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