El Gobierno está valorando que las empresas petroleras sean quienes paguen parte de la rebaja al precio de los carburantes que este lunes ha anunciado para los transportistas. "Vamos a trabajar en próximos días sobre los detalles, pero estamos planteándonos un modelo similar al que se va a poner en marcha en Francia a partir del 1 de abril en que hay una parte de la financiación que viene de los presupuestos públicos y otra parte de la financiación que es una contribución de las propias empresas petroleras", ha afirmado Calviño este lunes.

La ministra ha afirmado que después de analizar distintas opciones para conseguir bajar el coste de los carburantes, han visto claro que bajar impuestos no es la vía. "Nos hemos dado cuenta de que las bajadas fiscales no son eficaces en este sector", ha declarado, ya que esas rebajas podrían ser "inmediatamente compensadas por una subida de los precios energía". De esa manera, darían lugar a un "empobrecimiento de las cuentas públicas" pero no a una bajada de los precios. 

"Por eso hemos estado considerando distintas medidas y estamos trabajando en una ayuda directa del litro del carburante que tenga un efecto positivo directo sobre aquellos colectivos que usan más el carburante como el transporte por carretera", ha remarcado, sin entrar en más detalles sobre qué empresas pagarán o de qué manera se concretará este impuesto.

Este lunes, el Gobierno ha concretado -la única, por ahora- medida que aplicará para luchar contra el impacto de la escalada de los precios: un plan de ayudas directas por valor de 500 millones de euros a las empresas de transporte. La bonificación sería solo para el gasóleo profesional y llega después de ocho días de paro convocados por una plataforma sin representación en el órgano oficial de interlocución con el Ministerio de Transportes.

La misma organización, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, ya ha manifestado que la propuesta del Gobierno no les parece. Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha argumentado que es lo máximo que podían hacer, ya que el Gobierno no puede rebajar más el IVA a este sector. "Nuestra fiscalidad es la más baja que permite la normativa europea", ha asegurado. En cualquier caso, por ahora solo se trata de un ofrecimiento que no entraría en vigor hasta que no se apruebe en el consejo de ministros del 29 de marzo.

No tomará medidas hasta dentro de una semana

El Gobierno se ha reafirmado en su idea. El marco europeo es el adecuado para frenar la subida de los precios de la energía y, por tanto, esperará hasta la reunión de los líderes de los Veintisiete que se celebrará a finales de esta semana para mover ficha a nivel nacional. En caso de que sea necesario, lo hará en el consejo de ministros del día 29.

Lo ha confirmado así este lunes Calviño, tanto después de la reunión que ha mantenido esta mañana el Gobierno con las comunidades autónomas, como tras la de esta noche con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. En ambas ha buscado abordar qué medidas debería tomar frente a la crisis, pero las dos han terminado sin ningún anuncio.

"Esperamos que en el Consejo Europeo se proporcione un marco adecuado (...)
pero el Gobierno está decidido aprobar un plan de choque el día 29", ha asegurado Calviño. En la misma línea se han pronunciado el resto de ministros este lunes: lo preferible es esperar. Aunque muchos sectores se manifiesten ya al borde del abismo, a pesar de las manifestaciones que este fin de semana han congregado a agricultores y transportistas.

Reuniones con las CCAA y los agentes sociales para "escuchar propuestas"

"La postura del Gobierno es clara: tenemos que frenar el alza de los precios del gas, de la electricidad y de los carburantes porque no puede ser que los ciudadanos y las empresas europeos paguen la guerra de Putin", ha sido clara Calviño tras reunión con las comunidades autónomas.

La ministra ha insistido en que se está buscando consensuar medidas para los sectores más afectados, y que, para ello, este lunes las regiones y los agentes sociales han puesto sobre la mesa "sus inquietudes" y que sobre eso van "a trabajar". Sí ha adelantado que se busca bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes, que pretenden apoyar a los colectivos más vulnerables, apoyar a los sectores y empresas más afectados y evitar provocar más inflación.

También ha deslizado que buscarán garantizar los suministros y proteger de la estabilidad financiera a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), aunque no ha concretado de qué manera, además de acelerar el despliegue de los fondos europeos y la agenda energética que lleve a España a ser menos dependiente en este plano.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT mantendrán las manifestaciones convocadas para el miércoles, con las que buscan presionar al Gobierno para que tome medidas ya. "Es un disparate, hay que tomar medidas drásticas", ha asegurado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. El de UGT, Pepe Álvarez, también ha insistido en la necesidad de reclamar al Gobierno medidas "que pongan fin a esta escalada irregular y especulativa a la que nos tiene sometido el sector de la energía".

Tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales -cuyos presidentes no han comparecido este lunes ante la prensa- han sido emplazados a volver a reunirse con el Gobierno para continuar discutiendo qué medidas tomar. El Gobierno a su vez está reuniéndose con el resto de partidos políticos con el mismo fin, a la espera, en cualquier caso, de lo que suceda en Bruselas.