El Gobierno deberá modificar el cuadro macroeconómico sobre el que sostiene las cuentas públicas a lo largo de este mes. No lo hace desde septiembre, y en este periodo se han sucedido eventos que han repercutido directamente en la evolución de los ingresos y los gastos del Estado, del rápido avance de la inflación a la invasión rusa de Ucrania.

Antes de que termine abril, el Gobierno debe remitir a la Comisión Europea su Programa de Estabilidad, y antes debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. En este documento, incluirá sus perspectivas macroeconómicas y sus pronósticos fiscales respecto a cómo quedarán las cuentas, cuánto espera ingresar y gastar a lo largo del ejercicio y hasta dónde ascenderán su déficit y su deuda sobre PIB.

Según el Banco de España, el Gobierno deberá efectuar cambios sustanciales sobre esas cuentas, que ahora mismo contemplan un crecimiento del 7% del PIB español este año. El Banco vaticina un avance del PIB muy inferior, del 4,5% en su escenario central, sobre todo por la guerra en Ucrania, que ha llevado a un fuerte aumento del precio de las materias primas y ha afectado a los flujos comerciales.

Las reglas fiscales continúan suspendidas

En cambio, el supervisor prevé que el déficit público cierre el año en el 5%, el mismo dato que sostiene el Gobierno, ya que, aunque por un lado el mejor cierre del año habría permitido reducirlo más de lo que inicialmente estaba previsto, por otro las medidas fiscales tomadas para hacer frente al impacto del conflicto sobre la economía lo vuelven a disparar. La deuda pública pasará del 118,4% del PIB registrado en 2021 -120% en 2020- al 112,6% en 2022, según sus cálculos.

Normalmente, la Comisión Europea no permite que el déficit supere el 3% del PIB y exige que la deuda vaya reduciéndose hasta el objetivo del 60% del PIB, pero este año el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido, de forma excepcional. Bruselas tomó esta decisión para permitir a los países aumentar su gasto para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en sus economías, y no está claro cuándo se retomarán.

El lunes, España y Países Bajos propusieron al resto de países reformas estas normas fiscales europeas con estrategias por estados,  a través de una regla de gasto que lleve a que las normas sean "más comprensibles, más fáciles de aplicar y más anticíclicas". A la vez, España aboga por que las reglas fiscales europeas continúen en suspenso en 2023.

Las últimas previsiones

En el último Programa de Estabilidad que España envió a Bruselas en abril del año pasado, el Gobierno pronosticaba un crecimiento del PIB del 7% para este año, del 3,5% en 2023 y del 2,1% en 2024. En cuanto a la tasa de paro, estimaba un descenso gradual a lo largo de los años, del 15,5% de 2020 hasta el 12,7% en 2024, de forma progresiva: una tasa del 14,1% en 2022, del 13,2% en 2023 y del 12,7% en 2024.

El Gobierno también esperaba cerrar 2022 con un déficit del 5%. Un año después, disminuiría hasta el 4% en 2023 y hasta el 3,2% en 2024. Son previsiones muy distintas a las de 2019, cuando quería alcanzar el déficit del 1,1% en 2020, bajar hasta el 0,4% y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022.

Actualmente, el Ejecutivo cree que está «en condiciones» de cumplir con su objetivo de reducir el déficit público al 5% del PIB este año, según comunicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la semana pasada, aunque a la vez anima a tomar estas previsiones con «prudencia» por la incertidumbre actual causada por la guerra en Ucrania y su impacto en la economía española.

En 2020, el PIB español cayó un 10,8%. En 2021, terminó avanzando un 5,1%, 1,4 puntos menos de lo que preveía el Gobierno (6,5%) y muy por debajo de su estimación inicial, ya que de cara a los presupuestos de ese año preveía que crecería un 9,8%.