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El 75% del Constitucional cumplirá su mandato en 2022 si no se renueva

Gobierno y Partido Popular siguen sin retomar el diálogo para renovar el Alto Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. EFE

Los magistrados del Tribunal Constitucional ponen la vista en el verano de 2022. La fecha parece lejana, pero si para entonces el Gobierno y el principal partido de la oposición siguen sin ponerse de acuerdo para renovar los órganos cuyos miembros son propuestos parcialmente por las Cortes, ocho de los 12 jueces del Alto Tribunal habrán cumplido su mandato y estarán pendientes de renovación.

El presidente del Constitucional Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés deberían haber sido reemplazados en noviembre de 2019, cuando cumplieron su mandato. Durante el tiempo que llevan de salida sin acuerdo de renovación entre PSOE y Partido Popular, el magistrado Fernando Valdés Dal-Re presentó su renuncia tras abrirle el Tribunal Supremo una investigación por supuesto maltrato a su esposa. Desde entonces, el tribunal se encuentra con 11 miembros en lugar de 12.

A ese tercio de magistrados que debería haber salido, en junio del año próximo se sumará otro. Para entonces vencería el mandato de Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, propuestos por el Gobierno, así como de Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si todavía no se hubiera renovado el órgano -fuentes internas reconocen a El Independiente que no tienen muchas esperanzas de que los dos principales grupos de las Cortes se pongan de acuerdo- un 75% del tribunal habría agotado su periodo, ahondando en la situación «insostenible» y de «anormalidad institucional» a la que se refirió el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes durante su discurso de apertura del año judicial. Durante éste, llamó al «patriotismo» a los partidos y les instó a renovar para acabar con el bloqueo que también afecta al Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

Periodo de importantes decisiones

El Tribunal Constitucional tiene por delante en las próximas fechas algunas decisiones de gran calado para el país. Los magistrados deben emitir una sentencia sobre si el decreto de noviembre de 2020, con el que se prorrogó el estado de alarma durante seis meses sin necesidad de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez recibiera el visto bueno del Congreso de los Diputados, fue legal.

También está previsto que antes de que acabe el año se resuelvan los recursos de amparo contra la sentencia del procés del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y/o malversación Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras, indultados por el Gobierno. El recurso del ex vicepresidente catalán será el último en resolverse y es el más complicado puesto que además de recurrir la condena por sedición que el Constitucional ya avaló al resolver los recursos de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y los ‘Jordis’ (Jordi Cuixart y Jordi Sànchez), Junqueras denuncia que se vulneraron sus derechos fundamentales al no suspender el Supremo la sentencia del procés mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvía la cuestión prejudicial que el propio órgano judicial elevó sobre la inmunidad parlamentaria del recurrente. Un asunto sobre el que no existe jurisprudencia.

Desde el Alto Tribunal trasladan a este diario que también hay intención de que se dicten las sentencias por los recursos contra la prisión permanente revisable o la ley de la eutanasia entre finales de este año y principios del siguiente. Asuntos que enfrentaron a los partidos políticos en las Cortes cuando fueron tramitados y suponen el núcleo de su oposición en el ámbito social. Lo que no está tan claro es que este curso judicial se vaya a abordar el recurso contra la ley del aborto del Partido Popular que lleva más de diez años congelado en el Tribunal.

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