La tragedia del joven saharaui que España deportó a Marruecos

Inauguró 2019 en una patera rumbo a Lanzarote. Husein Amadour se lanzó al mar para escapar del hostigamiento de las autoridades marroquíes. Su “delito” era reivindicar el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, la ex colonia española que arrastra el triste historial de ser el último territorio de África pendiente de descolonizar conforme a la ONU. En un proceso exprés denunciado por las organizaciones de derechos humanos, España acabó deportando a Amadour al otro lado del Estrecho.

A mediados del pasado febrero Amadour inició una huelga de hambre que ha tenido ahora que interrumpir ante el grave deterioro de su salud. Su vía crucis por las cárceles marroquíes no ha cesado desde entonces. Cumple doce años de prisión por formar parte de un grupo de estudiantes saharauis apodado “Los compañeros de El Luali” y estar presuntamente involucrado en el asesinato de un joven marroquí.

“Sus reivindicaciones no han cambiado. Sigue insistiendo en la mejora de las condiciones de detención y el traslado cerca de su familia”, denuncian en conversación con El Independiente fuentes de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, una ONG radicada en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Rabat que vela por las precarias condiciones de los saharauis encarcelados por su activismo político.

Deportación exprés

Amadour se halla en la cárcel de Moul el Bargui en la localidad de Safi, en la costa atlántica marroquí. “Su estado de salud se ha deteriorado rápidamente y no ha recibido ninguna visita médica”, alertan desde la citada organización. El joven universitario padece el síndrome del intestino irritable.

Su retorno forzado a Marruecos comenzó en el juzgado de instrucción número 4 de Arrecife (Las Palmas), donde pidió asilo tras identificarse como “estudiante universitario y activista de derechos humanos que defiende la autodeterminación del Sáhara Occidental”. Dos de los integrantes del grupo, alegó además, habían sido asesinados por las fuerzas de seguridad marroquíes. “Si regresa tiene miedo de ser detenido o asesinado como otros integrantes de su grupo”, advirtió.

El juez ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría (Tenerife), pero, en su lugar, Amadour fue escoltado por funcionarios del Ministerio del Interior, dirigido desde 2018 por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, hasta Las Palmas, donde fue obligado a tomar un vuelo hacia Marruecos en un proceso similar al que han sufrido otros activistas residentes en España hacia Egipto. Tras abandonar territorio nacional, su rastro se pierde en una prisión de Marrakech.

“Por su responsabilidad y complicidad histórica, España no tenía derecho a extraditar a un individuo que corre el riesgo de ser encarcelado o torturado a su regreso. Las leyes de inmigración y de refugiados insisten en la protección de los solicitantes”, indican desde la Liga, que recuerdan además que España como potencia administradora del territorio es “responsable de la expulsión de los saharauis durante muchos años”. “Es gracias a España que Marruecos ha ocupado el territorio del Sáhara Occidental”, agregan.

Represión contra los saharauis, al alza

Junto a Amadour también han firmado la huelga de hambre otros dos presos saharauis, Mohamed Dadda y Abdelmoula El Hafidi, tras lograr sendos acercamientos a sus cárceles. En su informe anual, publicado recientemente, Amnistía Internacional denuncia que “las autoridades siguieron aplastando la disidencia, dispersando protestas pacíficas y restringiendo las actividades de varias organizaciones que consideraban opositoras” además de “endurecer la represión contra activistas saharauis”.

La organización acusa a Marruecos de impedirle el acceso al Sáhara Occidental y de privar a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) de un mandato de derechos humanos. “La tortura y otros malos tratos continuaron impunes tanto dentro como fuera de las prisiones, especialmente contra activistas saharauis”, estima Amnistía. Entre los casos que menciona, figuran las vejaciones sufridas por el activista saharaui Mohamed Lamine Haddi, miembro del campamento de protesta Gdeim Izik del Sáhara Occidental, que llevaba recluido desde 2017 en régimen de aislamiento en la prisión de Tiflet II, en el noroeste de Marruecos.

En mayo, la destacada activista saharaui Sultana Khaya huyó de su arresto domiciliario y viajó a España para recibir tratamiento médico por las torturas que había sufrido durante varias agresiones policiales desde que fue sometida a arresto domiciliario en 2020. Según la organización, las autoridades marroquíes no han investigado “ni la violación ni otras violaciones graves de derechos humanos cometidas contra ella y su familia”.