El calvario judicial de Gobierno y PSOE pasa esta semana por varias pruebas de fuego. Ayer fue la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado; este martes la de la directora general de la guardia Civil, Mercedes González, en la comisión de Interior del Senado; mañana y pasado la declaración, como imputado, del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el viernes la de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, también en la Cámara Alta.
En el cuartel general de los populares no dudan que el juez José Luis Calama dictará medidas cautelares contra Zapatero. Y, en este sentido, apuntan a la retirada del pasaporte, un pasaporte que, en calidad de ex presidente, tiene, además, naturaleza diplomática. No es tema menor.
Hablamos de un documento que permite ahorrarse los siempre engorrosos trámites de visado así como agilizar la entrada y salida de un país. También viajar sin pasar por aduanas, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones respecto al origen de las ostentosas joyas halladas en su caja fuerte y cómo pudo introducirlas en el país -en caso de ser un regalo de un gobierno extranjero- sin declararlas ni en aeropuerto ni ante la Agencia Tributaria. Tampoco sin cederlas a Patrimonio, como era su obligación si las recibió mientras estaba en Moncloa, salvo aquellos regalos considerados de cortesía.
Enmendar a Ansorena y al Instituto Gemológico con una tasación propia
De ahí que Calama haya abierto una pieza separada bajo la acusación de delito fiscal y contrabando, asuntos para los que el abogado de Zapatero ha pedido que se posponga su declaración al objeto de poder documentar el origen de esas joyas y aportar una tasación propia con la que enmendar la realizada por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Nacional. Ambas instancias elevaron el valor de todo el conjunto por encima de los 1,3 millones de euros.
La retirada del pasaporte limita la libertad de movimientos para asegurar la presencia en territorio nacional del investigado, conforme al artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Además del riesgo de fuga, lo que parece impensable en el caso del expresidente, otro de los criterios para la retirada de este documento es tener vínculos en el extranjero. Y lo cierto es que la actividad profesional principal de Zapatero tras dejar la presidencia del Gobierno ha tenido como escenarios Venezuela, China y Marruecos.
Sospecha de reiteración delictiva
Pero lo que más le puede lastrar si siente la tentación de salir fuera del país y, sobre todo, si vuela a Venezuela, es la sospecha de reiteración delictiva, apuntan en el primer partido de la oposición. "La imposibilidad de ir más allá de nuestras fronteras limita sus actividades. Se le acabaron los negocios", afirman en el Grupo Popular del Senado. Desde el momento en que el juez Calama considera a Zapatero un engranaje fundamental de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", con el telón de fondo del controvertido rescate en pandemia de una aerolínea de capital venezolano que no era estratégica, ir a Caracas puede levantar más de una sospecha.
Sin olvidar que los intereses del ex presidente le han llevado, además, a forjar el modelo de política exterior del Gobierno de Sánchez en relación con estos países, cabe recordar que el día posterior a su imputación tenía previsto viajar a la capital venezolana, Caracas, en este caso por "motivos privados", según señalaron en su entorno. Finalmente suspendió dicho traslado por el shock que generó pasar a ser investigado por la Audiencia Nacional en la pieza que se sigue por el rescate de Plus Ultra.
Las acusaciones populares ya han pedido cautelares y retirada del pasaporte. No contempla el PP, sin embargo, un ingreso en prisión preventiva del expresidente, como es el caso de José Luis Ábalos o de Koldo García. Es una medida extrema si hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de continuidad de la presunta actividad delincuencial. Cabe destacar que el juez Calama desestimó en su momento el registro en el domicilio de la familia Zapatero Espinosa, no así del despacho del ex inquilino de la Moncloa y de la empresa de sus hijas, Whathefav S.L., presuntamente beneficiada por las empresas de la trama en un millón de euros.
Comparecencencia semanal o quincenal ante los juzgados
Otra medida cautelar menos invasiva pasaría por la comparecencia semanal o quincenal ante los juzgados para acreditar que se está a disposición de la justicia. Eso no impediría a Zapatero, por ejemplo, viajar a Venezuela y de paso reunirse con sus amigos declarados, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, autócratas, torturadores y golpistas del régimen venezolano de Nicolás Maduro, ahora gobierno títere de Donald Trump.
Para los populares "la caja fuerte de Zapatero, la agenda de Leire y los mensajes deWhatsApp de Ábalos esconden algo más que joyas, corruptelas y excesos insoportables. Probablemente no serán los más graves penalmente, pero demuestran el mayor ejercicio de hipocresía política de la España democrática", afirmó ayer el portavoz popular, Borja Sémper, tras la reunión del comité de dirección popular.
El PP no descarta llevar al ministro Miguel Sebastián al Senado
Y ya más concretamente, sobre Zapatero criticó que "detrás de tanta lección había unarealidad mucho más sórdida: Sánchez y Zapatero son indisociables, porque
convirtieron la vida pública en una división permanente entre buenos y malos,
decentes e indecentes, limpios y sospechosos". Además, los populares no descartan llevar al ministro Miguel Sebastián al Senado tras afirmar que recibir joyas y otro tipo de dádivas era habitual siendo miembro del Gobierno. Quizá lo más llamativo de estas palabras ha sido señalar que, a diferencia de Zapatero, él no se las quedó en propiedad, lo que no hace ningún favor al expresidente.
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