Si alguien pensó que la salida de don Juan Carlos de España, tal y como se ha llevado a cabo, supondría un refuerzo para la institución monárquica el tiro le ha salido por la culata. No puede ser que se haya actuado con tanta torpeza.

Echar una ojeada a la prensa extranjera es la mejor prueba del fracaso de esta operación, si es que de salvar a la Corona se trataba. Coinciden los grandes medios internacionales en que el rey emérito huye del país acosado por los escándalos (desde Le Monde a La Repubblica, pasando por The Times, The Guardian o Clarin). La palabra que con más frecuencia aparece en sus titulares es «exilio», acompañada de «escándalos».

Y es que es difícil de entender que don Juan Carlos se vaya de España sin que se sepa todavía si va ser imputado por corrupción o no. Y si, como dice su abogado, Javier Sánchez Junco, permanecerá a disposición de la Fiscalía -faltaría más- «para cualquier trámite o actuación que considere oportuna», ¿a qué viene tanta prisa?

Irene Montero, ministra de Igualdad, ahondó ayer en la idea de que la salida de don Juan Carlos tiene motivos inconfesables: «Todo el mundo interpreta que su traslado fuera de España tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia». Lo ha dicho y se ha quedado tan tranquila. Como si el estado de derecho funcionara sólo cuando se aplica a los que no forman parte de «la casta». Lo dice ella, que forma parte de este coaligado gobierno.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya se despachó ayer a gusto: «La huida al extranjero de Juan Carlos es una actitud indigna de un ex jefe del Estado y deja a la monarquía en una situación muy comprometida».

En la segunda parte de la afirmación del líder de Podemos estoy de acuerdo: la Corona queda en una situación muy debilitada.

El servicio a España se hace afrontando las posibles responsabilidades y aguantando el chaparrón. Pero esta salida vergonzante -tiene bemoles que aún no se sepa dónde va a residir, como si, en efecto, de una fuga se tratara- no sólo daña la ya maltrecha imagen del anterior monarca, sino que deja en una posición muy embarazosa a su hijo, el rey Felipe VI.

Los que quieren liquidar la España constitucional se frotan las manos. Al quite ha salido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, exigiendo la abdicación de Felipe VI. Por no hablar del resto de partidos y partidillos que pretenden un cambio de régimen como sea: ERC, Bildu, e incluso el PNV.

El diseño de la operación salida de don Juan Carlos no ha podido ser más torpe. La prensa internacional habla de exilio y corrupción; Irene Montero dice el emérito quiere eludir la acción de la justicia, y Torra pide la abolición de la monarquía ¿Se trataba de fortalecer a Felipe VI o de debilitarle?

A quienes dudan si la posición de Felipe VI es ahora más o menos sólida, les pregunto: ¿Podría el rey de España hacer en estos momentos un discurso como el que hizo el 3 de octubre de 2017? Recordemos. Después de afirmar que las autoridades catalanas habían quebrantado el estado de derecho, declaró: «Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía». Ese fue el discurso que animó a Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Por cierto, decisión apoyada por el PSOE.

Eso no se lo perdonan al Rey los independentistas, como tampoco los populistas de Podemos, que criticaron la medida y le acusaron de haberse extralimitado en sus funciones.

El Rey, sin embargo, se ganó con aquella declaración el respeto de una gran mayoría de españoles, que vieron en su mensaje un reflejo de lo que hizo su padre en la dramática noche del 23-F de 1981.

La salida por la puerta de atrás de don Juan Carlos no es una muestra de la fortaleza de la monarquía, sino todo lo contrario, una evidencia de su debilidad.

El rey emérito, hay que volverlo a repetir, aún no está imputado por ningún delito. Y, en todo caso, la única responsabilidad que podría achacársele, por lo publicado hasta ahora, sería la de un posible delito fiscal. Dudosamente podría imputársele de blanqueo. Primero, porque don Juan Carlos recibió los 65 millones de euros en la Fundación Lucum dos años antes de la adjudicación del contrato del AVE a la Meca y, en segundo lugar, porque en esos años estaba protegido penalmente por la Constitución.

Se equivoca Sánchez Junco al situar a su cliente en una posición pasiva respecto a la Fiscalía. Si don Juan Carlos quiere regularizar su situación fiscal debería hacerlo. Esa decisión hubiera ahorrado muchos disgustos a la institución.

Las correrías amorosas del anterior monarca eran conocidas por muchas personas ilustres, políticos, periodistas, etc. y no parecían escandalizar a nadie. Ahora muchos fingen ignorancia y se llevan las manos a la cabeza, en una muestra impúdica de hipocresía.

En la debilidad de la Corona ha tenido bastante que ver la actitud el presidente del Gobierno, que no ha frenado el desgaste a la institución impulsado por su socio. La propia decisión de la Fiscalía General del Estado de reclamar las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción es una demostración de que se ha jugado a dos barajas.

El presidente dijo ayer que en democracia no se juzgan a las instituciones sino a las personas. Con ello quiso defender la decisión del anterior rey de marcharse de España como una forma de salvaguardar a la monarquía. Pero, como sabe el presidente, si hay una institución personalísima esa es la Corona.

Por eso, insisto, no me cabe en la cabeza que se haya actuado con tanta torpeza. En Moncloa hay mucha materia gris. Si todo se ha hecho, como se reconoce, con el concurso de la presidencia del Gobierno, tendremos que colegir que lo que se pretendía no era tanto una operación de salvamento, sino, más bien, de debilitamiento. Ahora Felipe VI no tiene de qué preocuparse. Su padre ya se ha ido. La Monarquía seguirá siendo nuestra forma de estado, pero sus funciones serán mucho decorativas de lo que eran hasta ahora.