El líder de Podemos, Pablo Iglesias. EFE

Política

Por qué Iglesias no quiere reformar la Constitución y cómo lo puede impedir

«En España no se dan ahora mismo las condiciones para un proceso constituyente». El líder de Unidos Podemos, tercera fuerza en el Parlamento con 71 diputados, dejó claro el pasado miércoles que su partido no quiere reformar la Constitución en esta legislatura.

Por primera vez en un aniversario de la Carta Magna, todos los líderes políticos nacionales y regionales que pasaron por el Congreso de los Diputados hablaron de la necesidad de reformarla. «¿Es ésta la legislatura de la Constitución?», preguntaban los periodistas en los corrillos posteriores. Sin la participación de la tercera fuerza política resulta complicado. Y Unidos Podemos no sólo se niega a cambiar ahora la norma fundamental, sino que también puede boicotear cualquier acuerdo entre el resto de partidos exigiendo que se someta a referéndum. Tiene los números necesarios en el Parlamento. Pero ¿a qué se debe su negativa?

No podemos marcar el ritmo’, admiten desde Podemos, que considera conformista la propuesta del PSOE

En la Cámara existe una mayoría de derechas que hace imposible la ambiciosa reforma constitucional a la que aspira Podemos. «No podemos marcar el ritmo», admiten desde la formación, que considera conformista la propuesta lanzada por el PSOE para iniciar los trabajos.

Sin una mayoría de izquierdas que permita abordar pilares de la Carta Magna, Iglesias teme que Pedro Sánchez admita el reconocimiento de algunos derechos civiles a cambio de cesiones al PP y a Ciudadanos que puedan, incluso, permitir una involución democrática según los planteamientos que emanaron del 15-M. Podemos teme que, por apuntarse una victoria política, el PSOE acepte una reforma limitada, como plantean PP y Ciudadanos, cerrando las puertas a ese debate durante décadas.

Para evitarlo, Iglesias ya ha advertido de que no dudará en solicitar la convocatoria de un referéndum sobre cualquier modificación de la norma que se apruebe en el Congreso y el Senado, ya que cuenta con una décima parte de la cámara baja necesaria para exigirlo.

«Si PP y PSOE intentan tocar una sola coma de la Constitución por su cuenta, tenemos diputados suficientes para asegurar al conjunto del pueblo español que cualquier cambio en una sola coma, eso lo va a debatir el pueblo, eso lo va a decidir el conjunto de la ciudadanía española en un referéndum», ha asegurado.

Iglesias advierte así de que ya no será posible una modificación de tanto calado sin el concurso de la sociedad española, como ocurrió con la reforma constitucional exprés protagonizada por PSOE y PP en 2011, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición Mariano Rajoy acordaron modificar el artículo 135.

En 2 de septiembre de 2011, el Congreso aprobó con 316 votos a favor y 5 en contra un cambio en la Constitución para introducir de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera que limita el déficit. Los síes de PP y PSOE superaron con creces los 3/5 de la Cámara o los 212 votos necesarios. Se estableció así dentro de la Constitución el concepto de estabilidad presupuestaria y que la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.

La primera reforma constitucional en 30 años se hizo por vía de urgencia y sin referéndum con motivo de la crisis económica del país y con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos por España al integrarse en la Unión Europea, es decir, para «reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país», según se publicó en el BOE el 27 de septiembre de ese año.

Pedro Sánchez, que como diputado votó a favor de la reforma, asegura ahora que fue «un error» porque se hizo sin el «refrendo de los españoles» y «no puede haber reforma de la Constitución sin el voto» de estos. «El PSOE está dispuesto a reconocer y corregir ese error», ha afirmado.

Condiciones sociales

Aunque Podemos pudiera someter a referéndum cualquier cambio en la Constitución contrario a su programa, las condiciones sociales tampoco juegan a su favor. Tras la declaración de independencia de Cataluña y el acuerdo entre PP, PSOE y Cs para aplicar el artículo 155 de la Constitución, el CIS muestra una mayoría de españoles (38,3%) que no quieren modificar el estado de las autonomías.

La segunda opción mayoritaria es un estado central sin autonomías (17,3%), frente al 13,5% que aboga por aumentar la descentralización y el 9,7% que propone la posibilidad de permitir a las autonomías su independización. Ese porcentajes es muy similar (9,1%) al de españoles que quieren menos autogobierno para las comunidades.

Estos datos muestran, a juicio de Podemos, un enfado social tras la crisis catalana que también juega en contra de sus aspiraciones a la hora de reformar la Constitución. El sentimiento nacionalista español despertado y el malestar generado por la desigualdad en la financiación autonómica harían inviable el proyecto federal y republicano de Pablo Iglesias.

Por estos motivos, Podemos considera que ésta no es la legislatura de la reforma constitucional, su «proceso constituyente», aunque sí podría ser la preparatoria, la del «impulso constituyente», en sus palabras.

El «impulso constituyente»

El secretario general de Podemos pidió en el 39 aniversario de la Constitución abrir un «gran diálogo de país» centrado en lograr un nuevo acuerdo social, un pacto territorial y un acuerdo frente a la corrupción, tres ejes que cree que deben sustentar el debate constitucional.

Iglesias aseguró que en este momento hay un debate en España que «incumbe a toda la sociedad» y no se puede resolver con comisiones parlamentarias como la propuesta por el PSOE para revisar el modelo territorial, a la que no se ha incorporado Podemos. Su planteamiento es abrir un camino de diálogo y acabar con la «dinámica de choque de trenes» que ha dominado el escenario hasta ahora.

Ese diálogo constitucional debe girar en torno a tres ejes: El primero, el modelo social, porque a su juicio «uno de los grandes acuerdos de la Constitución del 78, que fue la garantía de los derechos sociales, se ha roto, y es necesario recuperarlo para garantizar el empleo o la protección de quienes se encuentran en posición más difícil».

Reforma electoral previa

Antes de reformar la Constitución, Pablo Iglesias quiere abrir el candado del Senado. Es decir, reformar la Ley Electoral para evitar que el sistema de representación según la población de los territorios siga favoreciendo la mayoría del PP en la Cámara alta. Cualquier reforma de la Carta Magna debe ser necesariamente aprobada por las dos cámaras. El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y puede rechazar cualquier intento.

«Si la reforma del sistema electoral puede ser un mecanismo que impulse cambios constituyentes en España, nosotros estamos más que disponibles para empujar», defendió el miércoles, lanzando esta propuesta a Pedro Sánchez y a Albert Rivera. «Se podría hacer desde ya y nosotros estamos abiertos a buscar el diálogo en serio para cambiar el sistema electoral. Una reforma del sistema electoral lo podríamos hacer perfectamente en los próximos meses, con voluntad política», les instó.

«Tenemos un sistema electoral que pervierte el principio de igualdad y que podría ser reformado de manera sencilla si nosotros nos podemos de acuerdo con el PSOE y Ciudadanos en algo tan obvio como hacer un sistema electoral más proporcional y más cercano a la Constitución, es decir, más constitucional e inspirado por lo que dice la Constitución», resumió.

Esas propuestas ya habían sido lanzadas pocos días antes por Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos purgadas por Iglesias, que durante el año 2016 se encargó de elaborar el proyecto de reforma constitucional para el partido al frente de la Secretaría de Análisis Político y Social, Programa y Proceso Constituyente.

400 diputados

En concreto, Iglesias propone ampliar de 350 a 400 los diputados en el Congreso, bajando los salarios de los parlamentarios para que «no cueste ni un euro más», variar la fórmula D’Hondt para evitar el efecto mayoritario que tiene en las provincias pequeñas y que beneficia al PP, y reformar el voto rogado «para que la gente en el exterior pueda votar con facilidad». «Esto es algo enormemente sencillo de hacer. Se supone que muchas formaciones han manifestado su voluntad». «Esto es algo que podríamos hacer muy pronto», insiste.

Además, Iglesias defiende la necesidad de abordar cuanto antes la reforma del Senado. «Es una broma que la Cámara territorial en España represente a las provincias. Debería representar a las comunidades autónomas», asegura.

Si PSOE y Ciudadanos recogieran el guante y aceptaran reformar la Ley Electoral, esta legislatura sí que podría sentar las bases para una reforma de la Constitución en la próxima. El problema entonces para Iglesias volverían a ser los números. Unidos Podemos cae en todas las encuestas y ya tiene a Ciudadanos pisándole los talones según el último CIS electoral nacional.

Tras la declaración unilateral de independencia, el partido de Albert Rivera recibía un 17,5% de  intención de voto, un punto menos que el 18,5% registrado por Podemos. El sondeo de octubre también apuntó a un nuevo descenso del PP (28,0) y del PSOE (24,2) de Pedro Sánchez, que no logra atraer al votante desencantado que abandona a Podemos y que vuelve a la abstención.

Un aumento electoral de Ciudadanos como el que señalan las encuestas sin una gran caída del PP podría hacer que en la próxima legislatura esa alianza parlamentaria se afianzara, haciendo inviable de nuevo la reforma de la Constitución que quiere Pablo Iglesias.

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