La Audiencia Nacional rechaza que la Dirección General de la Guardia Civil deba entregar equipos de protección individual (EPI’s) contra el coronavirus y realizar las pruebas de detección a todos los agentes que presten servicio estos días en la calle, como solicitó la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

La Sala de lo Social ha desestimado la medida cautelar que solicitó dicha asociación el pasado 8 de abril para que se tomara en un plazo de 24 horas. Los magistrados exponen en su auto que «la medida que se solicita relativa a la entrega de los EPIs y la realización de los test de forma indiscriminada a todos los agentes que se encuentren en servicio activo de protección de la seguridad lejos de mitigar el riesgo de retardo, lo acrecientan, poniendo, a juicio de esta Sala, en peligro un bien jurídico superior y trascental al que se pretende proteger con la futura demanda, cual es la salud pública de la sociedad en su conjunto».

De hecho, la Sala destaca que «ante una situación de notoria y conocida escasez de recursos preventivos y de test de diagnósticos eficaces para la detección del Covid-19, producida por el alcance mundial de los contagios producidos por el alcance mundial de los contagios producidos por el patógeno vírico, la ​pretensión de la parte, amén de trascender las competencias de la Dirección General de la Guardia Civil (…) pone en peligro el uso racional que de los mismos debe efectuar por la propia DGCC de los recursos disponibles con relación a su plantilla – y atención a las particularidades de ​ cada una de las actuaciones que se le encomienda para cada caso concreto-, así como las prioridades que al respecto puedan efectuarse ​por las autoridades sanitarias, en orden a la práctica de los test, para garantizar la salud colectiva»​.

Se respeta la normativa de prevención laboral

El Tribunal también expone que, a diferencia de lo que denuncia la asociación, el Instituto Armado sí ha respetado la normativa de prevención laboral: «Difícilmente puede apreciarse la actitud de inobservancia de la normativa en materia de ​seguridad y salud laboral que, de forma un tanto gratuita, imputa», se lee en la resolución.

En este sentido, la Sala explica que «se acredita que desde finales del mes ​de enero, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, se está desarrollando una actividad preventiva, ​encaminada a evaluar los riesgos de la diferentes unidades en atención a los riesgos que se expone en cada una de ellas, ​así como las gestiones necesarias apara el acopio de recursos preventivos en una situación mundial de desabastecimiento para ​paliar los riesgos de exposición al Covid 19, habiendo dado cumplida cuenta del material que se dispone y de los criterios adoptados para su uso».​