El virus acabó con las elecciones. Habían sido convocadas cuando en China la región de Wuhan amanecía en su 18º día de confinamiento. Entonces la preocupación del Gobierno de Iñigo Urkullu no pasaba aún por las advertencias pandémicas que llegaban desde tierras orientales sino por las críticas suscitadas por otra crisis en pleno auge: el accidente del vertedero de Zaldibar. La comparecencia del lehendakari para anunciar el fallido 5 de abril se producía apenas cuatro días después del accidente. Hoy, 80 días más tarde, Joaquín y Alberto continúan sepultados bajo toneladas de vertidos y tierra.

El anuncio electoral se produjo el 10 de febrero, faltaban sólo dos semanas y media para que los quebraderos de cabeza de Zaldibar los ocupara el Covid-19. La noche del 28 de febrero en Euskadi se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus y en el País Vasco comenzaba a asentarse el que sería uno de los primeros focos del país. Desde entonces, el maldito virus se ha cobrado 1.2120 fallecidos y 14.132 infectados. Ahora, mes y medio de confinamiento después, lo peor de la crisis de salud parece haberse superado. Así lo aseveran al menos los dirigentes políticos y lo reflejan los datos que dan a conocer. En Euskadi sólo el 7% de los test que se realizan dan ya positivo y el pasado viernes las UCI no recibieron ni un sólo ingreso. Ahora la amenaza que crece con más virulencia para el Gobierno de Urkullu es la crítica política y la rendición de cuentas. Y lo hace con un liquido inflamable que no falla: una convocatoria electoral que amenaza con prolongar el pulso preelectoral durante tres meses.

El próximo jueves Urkullu propondrá a los partidos que en julio -cuando los expertos le aseguran que el riesgo de contagio será muy reducido- se celebren las elecciones que hubo de paralizar. Lo hará si la pandemia lo permite y el Gobierno de España no lo impide. El ministro de Sanidad ya advirtió el viernes que su celebración sólo se autorizará con el permiso del coronavirus. Esta mañana el lehendakari tendrá la oportunidad de defender su aspiración electoral ante el presidente del Gobierno en la reunión dominical que celebra con los presidentes autonómicos. Urkullu baraja incluso ya dos fechas; el 5 y el 12 de julio. El cronograma para los próximos meses, en el que trabaja ya el lehendakari, es dedicar el verano a la conformación del nuevo Gobierno y a la constitución del Parlamento Vasco. Dos instituciones clave para hacer frente al largo y complicado otoño que se avecina.

La inestabilidad institucional actual, con la Cámara disuelta y con la Diputación Permanente como único órgano de rendición de cuentas, no parece lo más adecuado para un horizonte económicamente inquietante. El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, ha advertido que trabaja con una previsión de caída de la recaudación este año por parte de las haciendas vascas del 20%. Un hundimiento de los recursos con los que se deberán financiar ayuntamientos, diputaciones y el propio Gobierno vasco para sostener los servicios que prestan. La reordenación de los presupuestos, el aplazamiento de proyectos y el incremento del endeudamiento no ha hecho más que empezar.

Apoyo de Urkullu

El anuncio de una posible nueva fecha electoral llega en la mejor semana de lucha contra la epidemia pero la más ruidosa en la crítica política a la gestión del Gobierno. Transcurridos casi dos meses de la epidemia que ha azotado con virulencia Euskadi, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha tenido que salir al paso -con un tono airado y un evidente malestar- de los distintos episodios que han sembrado de dudas su modo de abordar la gestión de la epidemia.

Uno de ellos ha sido el papel que ha concedido a servicios como la dirección de Epidemiología de su consejería o al Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes. Relegados de la primera línea, Murga se ha apoyado de modo preferente en un reducido equipo de asesores de su confianza. La situación hizo incluso que tras varias informaciones periodísticas forzara la aparición pública, casi dos meses después de iniciarse la crisis sanitaria, del director de Salud Pública. En ella, el máximo responsable epidemiológico se limitó a leer un comunicado en el que manifestaba su malestar y defendía que sí se había contado con su equipo. De igual manera, esta semana la consejera ha tenido que defender que se ha apoyado en el grupo de expertos en enfermedades infecciosas y con los que ha mantenido al menos seis reuniones, según desveló el viernes en el Parlamento Vasco.

Junto a ello, otro de los aspectos que esta semana ha reavivado las dudas en torno a su gestión es el modelo empleado para llevar la contabilidad en sus informes diarios. Se trata de documentos que no elabora la dirección de Salud Pública y en los que no figuran firma alguna sobre la autoría. En ellos se detalla el número de análisis realizados, infectados y porcentaje de contagios. La variación en los datos, tal y como informó ‘El Independiente’, es otra de las cuestiones a aclarar sobre los procedimientos empleados por sus autores.

Esta semana, la más complicada para Murga desde que asume la consejería, también se ha conocido el contagio de al menos 64 sanitarios vascos por el uso de mascarillas defectuosas adquiridas por el Ministerio de Sanidad. El empleo de las mismas y el riesgo de contagio que ha supuesto ha soliviantado de modo importante a los trabajadores de la red hospitalaria vasca. De las 124.000 mascarillas de la marca Gerry Galaxy que llegaron a Euskadi, hasta su retirada por ser defectuosas se habían distribuido 13.200. En algunas unidades de Osakidetza se habían empleado durante dos semanas, desde el 3 de abril y hasta su retirada el pasado día 17.

Calidad de los test

Pese a la rápida reacción de Osakidetza para identificar a los 2.200 sanitarios que las habían utilizado para someterles a test, la falta de suficientes PCR ha provocado situaciones de profundo malestar entre algunos profesionales sanitarios. Inicialmente se planteó tres analiticas, si bien posteriormente se redujeron a dos. Algunas direcciones de servicios, según ha conocido este diario, instaron a sus enfermeras a recurrir a isopos empleados para realizar cultivos, diferentes a los utilizados en las PCR, para tomarse entre sí las muestras con las que se debía detectar el posible contagio por coronavirus. También el Sindicato de Enfermería Satse ha urgido a decretar el aislamiento inmediato de las enfermeras de las unidades de ato riesgo que trabajaron con las mascarillas defectuosas, con un 30% de capacidad de filtro.

A este episodio de las mascarillas defectuosas se suma ahora otra medida que ha requerido la reacción urgente de las autoridades. Los ayuntamientos vascos han tenido que proceder a la retirada de un lote de 300.000 mascarillas por ser defectuosas. Tras detectar un fallo en el sistema de agarre de las gomas, los consistorios han tenido que devolver el lote.

Uno de los anuncios hecho estos días es el inicio, a partir de este lunes, de la campaña de cribado de seroprevalencia anunciada por el Gobierno de España, con 5.000 análisis en Euskadi. A él las autoridades vascas sumarán otro testeo masivo con 4.000 voluntarios que mostraron síntomas compatibles con coronavirus hace al menos 40 días pero que no fueron analizados.

En estos último días también ha trascendido que sanitarios vascos que fueron analizados con test serológicos dieron negativo en anticuerpos pese a haber estado incluso ingresados en la UCI por Covid-19. La calidad de los test y la sensibilidad para detectar anticuerpos es esencial. Los utilizados hasta ahora no diferenciaban entre los anticuerpos tipo ‘M’, los generados cuando aún existe carga viral en el cuerpo, y los del tipo ‘G’, los producidos una vez curado y superado el virus. Por ello, los expertos instan a que este tipo de muestreo se haga no con test que detecten “anticuerpos totales” sino tanto los llamados IgM e IgG, que permiten diferenciar el estadio en el proceso de inmunidad de un paciente.

La última polémica que ha tenido que afrontar la consejería ha sido el proceso para activar la extensión masiva de test a la población. Hace unos días la Universidad del País Vasco anunciaba el logró en tiempo récord de sus científicos, junto con otros centros de investigación, para el diseño de un test alternativo a los kits PCR comerciales El logro reducía el coste a 15 euros por análisis. De este modo, este descubrimiento facilitaría a la sanidad vasca no depender tanto del mercado internacional, saturado de demanda de este tipo de test, y mejorar su grado de autonomía.

Test PCR

Sin embargo, pese a la validación científica del Instituto Carlos III, la falta de diligencia por parte del Gobierno para asumir el empleo de esta técnica generó dudas sobre si realmente deseaba emplearla. A ella se sumaron informaciones en las que se apuntaba que se habrían rechazado ofrecimientos de laboratorios para colaborar en los muestreos. La consejera Murga ha negado que rechacen el apoyo de laboratorios o incluso de la UPV. En el Parlamento Vasco anunció el viernes que ya se había dado el último paso para la validación hospitalaria y que esta se produciría en cuestión de horas. Por la tarde, se confirmó que el procedimiento PCR contaba con la validación para su uso en pacientes y que por tanto podría comenzar a emplearse por parte de la sanidad vasca.

En esta dura semana para Murga, el lehendakari no sólo anunció su pretensión electoral con la que podría haber minimizado el debate de la gestión sanitaria de la diputación permanente, sino que expresó su apoyo a la consejera y a su gestión. Un movimiento a puertas de una nueva campaña electoral en la que sin duda la epidemia y su abordaje marcarán no sólo su desarrollo sino los discursos políticos. Lejos quedan ya los anuncios que en clave soberanista se presentaban como los ejes de campaña de las ‘no elecciones’ del 5-A. Entonces, partidos y ciudadanos fijaban como una de las bases de campaña la actualización del autogobierno vasco en forma de un nuevo estatus político para Euskadi.

Ahora, en las elecciones que Urkullu quiere celebrar en julio -y que propondrá a los partidos este jueves-, las claves de la pugna política discurrirán menos en clave soberanista y sí en soluciones sociales y económicas para un horizonte incierto que ya auguran los economistas. Los grandes proyectos, las inversiones y los anuncios se deberán reconvertir ahora en planes de ayuda, en programas de liquidez a empresas y familias y en una completa reconstrucción del tejido económico y moral del País Vasco. Y entretanto, habrá que seguir vigilando al virus.