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Casado rechaza el "fuego de artificio" de Sánchez y dirá 'no' a los PGE y a la renovación de la Justicia

El jefe de la oposición sí ofrecerá su apoyo al Ejecutivo para aprobar por la vía de urgencia en el Congreso una reforma exprés de la Ley de Salud Pública para alumbrar una legislación alternativa al estado de alarma

El líder del PP, Pablo Casado. EFE

Sánchez aprieta, Casado reacciona. Y viceversa. Esta se ha convertido en la tónica habitual dentro de la guerra fría que mantienen el jefe del Ejecutivo y el de la oposición. Ambos tratan de levantar la bandera del diálogo y de la moderación -uno para distanciarse de Podemos, el otro para dar esquinazo a Vox– en un momento excepcional por la emergencia sanitaria, social y económica que ha provocado el coronavirus. Pero los puentes entre PSOE y PP volaron por los aires hace tiempo, y los intentos de reconstruirlos se quedaron precisamente en eso.

Impulsado por la fuerza que le ha dado la respuesta de los grandes líderes empresariales a su llamamiento por la «unidad» política, social y económica -logró reunir a más de un centenar de destacadas personalidades de la economía, de la política, de la cultura o de la sociedad civil- Casado se convirtió, indirectamente, en el foco de todo el discurso que pronunció Sánchez durante casi una hora, al que exigió ejercer una «política de altura» ante el «mayor desafío en un siglo» porque «no hay virus de izquierdas ni de derechas».

En Génova no dudan en calificar el acto que protagonizó ayer el presidente del Gobierno en la Casa América de Madrid como «fuego de artificio» que, aseguran, no tendrá consecuencias sobre su ya definida estrategia, al menos en el corto y medio plazo. Fuentes autorizadas aseguran que el PP no caerá en el «juego» del líder del Ejecutivo, y Casado no dará ni un paso atrás en su objetivo de alzarse como alternativa ante la «debilidad» del Gobierno de coalición, una imagen que el propio Sánchez trató de enmendar este lunes prometiendo a Iglesias 40 meses de legislatura «estable». Pero para ello, advirtió, se necesitan unos Presupuestos.

Y el PP no contribuirá a ese objetivo. Ni la presión de ver cómo destacadas personalidades de la cúpula empresarial nacional -como la presidenta del Banco Santander, Ana María Botín, que en declaraciones a La Sexta calificó muy positivamente el discurso del presidente y pidió trabajar «todos juntos» para «reconstruir la economía»- arropaban a Sánchez cambiará el guion de Pablo Casado, que se presentará a su cita de mañana en Moncloa con una respuesta clara: ‘no’ a negociar unos Presupuestos Generales del Estado, al menos mientras Iglesias siga en el Consejo de Ministros; y ‘no’ a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional (TC) porque, aseguran, la posición del PP «es la de la despolitización» de estos órganos.

No es el mismo discurso que pronunciaba el PP hace apenas unas semanas, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el portavoz del ramo de los populares, Enrique López, perfilaban sin prisa pero sin pausa un principio de acuerdo por la renovación de estos órganos, una «necesidad» que demanda la cúpula judicial. Fuentes oficiales confirmaron que Casado cortó toda vía de interlocución con Sánchez en este aspecto por los «graves» ataques de Podemos a la monarquía y a los jueces -al hilo de las investigaciones que acorralan a la formación morada– que Sánchez no desautorizó.

Pero otro elemento ha trastocado los planes de Casado. Pese a estar abocada al fracaso, la moción de censura de Vox sí traerá consecuencias políticas para el presidente del PP, que verá como Santiago Abascal pone, directa o indirectamente, su liderazgo al frente de la oposición en cuestión por no sumarse a una operación contra «populistas, comunistas y separatistas» en la que Abascal, como han venido defendiendo desde el partido ultraconservador, no tiene por qué ser el candidato alternativo. Pactar el reparto de jueces y altos cargos de instituciones públicas como RTVE o el Defensor del Pueblo con Sánchez no haría sino dar más argumentos a Vox para arrinconar al PP, por lo que la interlocución en esta cuestión entre Génova y el Ejecutivo se retrasará al menos hasta que el debate de la moción pase y la ‘bomba’ de Abascal pierda fuerza.

A pesar del fracaso anunciado de la reunión de mañana, Casado no irá de vacío a su cita con el presidente del Gobierno y llevará consigo los planes «de choque» económico, educativo, sanitario y jurídico que ha venido elaborando el PP en los últimos meses, con la esperanza de llegar a «acuerdos de Estado» con el Ejecutivo, aunque reconocen la improbabilidad de que esto suceda porque, recuerdan en Génova, Sánchez lleva cuatro meses sin hablar con el jefe de la oposición a pesar de la «mano tendida» del PP.

En concreto, fuentes del partido afirman que Casado insistirá especialmente en su oferta de prestar el apoyo de sus 88 diputados para aprobar por la vía de urgencia una reforma exprés de la Ley de Salud Pública que alumbre una legislación alternativa a los estados de alarma ‘a la carta’ que propuso Sánchez a las comunidades autónomas.

El bloqueo de la Justicia

Hace dos semanas, el acuerdo de renovación del Poder Judicial estuvo a punto. Todos los detalles estaban encima de la mesa de negociación entre PSOE y PP. Pero ahora, desde el partido de Casado dan por hecho que será imposible llegar a un punto en común este miércoles.

El Consejo General del Poder Judicial está pendiente de renovación desde finales de 2018 y un cuarto del Tribunal Constitucional (el presidente Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés) está de salida. La propuesta de los magistrados de ambos órganos por parte de PSOE y PP, las dos formaciones con mayor representación en el Congreso de los Diputados, es necesaria puesto que hacen falta 210 votos de la cámara para sacar adelante la renovación.

El pasado 15 de agosto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, ya habían llegado a un discreto acuerdo (que aún así trascendió a los medios) por el que cada partido propondría 10 vocales del CGPJ y el PSOE también daría el nombre del presidente o presidenta que el PP aceptaría. Entre los propuestos por el partido del Gobierno entrarían dos nombres elegidos por Podemos, su socio de Gobierno. En el caso del Tribunal Constitucional, cada partido propondría dos candidatos.

Sin embargo, este lunes Enrique López verbalizó el ‘no’ más claro de todo el tiempo que lleva abierta la negociación. Le parece imposible llegar a cualquier entendimiento mientras Podemos esté en el Gobierno, un partido al que definió como «antisistema, que ataca permanentemente el orden constitucional y al Poder Judicial». 

Ni la insistencia del presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por la necesidad de la renovación, ni las alertas por parte de asociaciones de jueces y fiscales, que insisten en que este retraso pone en riesgo la legitimidad de las instituciones, han movido la posición de los negociadores. Pero, salvo sorpresa mayúsucula, la cita de este miércoles es la crónica de un fracaso anunciado, mientras la renovación de la Justicia continúa en el aire.

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