En cuanto se conoció la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba las imputaciones del ex ministro del Inferior Jorge Fernández Díaz y de la ex secretaria general del PP , María Dolores de Cospedal, para saber de su implicación o no en la llamada "operación Kitchen", los dirigentes del PP se prepararon para el que iba a ser un arranque de curso político infernal.

"Ya veréis la que se nos viene encima", alertaron algunos dirigentes de Génova entonces. Y la que se les viene encima no es sólo una investigación judicial sobre un caso que, de confirmarse en todos sus términos, supone una escandalosa utilización espuria de los resortes del Estado para una maniobra a todas luces ilegal, sino, además, un calvario político que tendrá su epicentro en el Congreso de los Diputados, donde PSOE y Unidas Podemos han encontrado un terreno propiciatorio para intentar desgastar al primer partido de la oposición a través de una comisión de investigación parlamentaria que pretende fiscalizar los siete años mandatos de Mariano Rajoy.

Bien es cierto que Génova tiene un instrumento con el que acabar de marcar distancias con Fernández Díaz y Cospedal en caso de que sea imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la pieza Kitchen, esto es la suspensión de militancia previa apertura de un expediente informativo. Desde Génova avisan que "no queremos adelantarnos y mucho menos en el caso de María Dolores", pero llegado el momento, "veremos, se estudiará", admiten, porque "esta dirección se caracteriza por la ejemplaridad y seguirá igual".

Los estatutos del PP establecen salvedades en función de la "gravedad de los hechos"

En todo caso, recuerdan que los estatutos del partido, "dicen lo que dicen", esto es, que no se procederá a dicha medida hasta la apertura de juicio oral. Pero la norma estatutaria no se cumplió ni con la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ni con la senadora Pilar Barreiros, a la que enviaron al Grupo Mixta hasta su desimputación.

Porque aunque, efectivamente, los estatutos populares hablan de dicha suspensión cuando un afiliado "esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción", establecen la salvedad de que en función de la "gravedad de los hechos" se podrá proceder a "la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto". Y dicha medida se archivará "en el momento en el que recaiga sentencia absolutoria, aunque no sea firme, auto de sobreseimiento o el expedientado quede excluido de la investigación judicial".

Fuentes próximas a Cospedal, abogan por su inocencia al tiempo que recuerdan que "le ha ganado todos los pleitos a Bárcenas. Si alguien ha luchado contra la corrupción en el partido y levantado las alfombras ha sido ella" y respecto a las conversaciones con el ex comisario Villarejo, que le costaron el acta de diputada, "no hubo nada punible", aseveran. En cuanto a la posible suspensión de militancia se rebelan recordando que "Podemos y PSOE tienen imputados y no ha pasado nada".

"Paco no es ni afiliado", puntualizan sobre el ex secretario de Estado de Seguridad

En cambio "Paco no es ni afiliado", dicen en Génova en alusión al ex secretario de Seguridad Francisco Martínez, quien está poniendo los clavos del ataúd del que fue su superior jerárquico en el Ministerio del Interior.

Son “investigaciones que vienen de tiempos muy pasados”, dijo el martes Pablo Casado en un encuentro digital de El Mundo. Y agregó: "Yo era un diputado por Ávila y no tenía ninguna resposabilidad en el PP". Casado intentaba construir un cortafuegos con tiempos no tan pretéritos del partido que le obligan a cortar amarras. Porque si bien encumbró en Génova a una dirigencia nueva cuando ganó el congreso extraordinario de su partido allá por julio de 2018, siempre alardeó de no haber roto con sus mayores conservando una buena línea de interlocución tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy.

Del aznarismo orgánico no queda prácticamente nada. Porque aunque el viernes 18 Casado clausura las jornadas de FAES "Centrados en Europa", que inaugura Aznar, el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, como portavoz del partido, unido a la marcha de su jefe de gabinete, Alfredo Timermans, y a la anterior salida de de Javier Fernández Lasquetty, deja ese frente en retirada. Se ha salvado el que fuera director de gabinete de Aznar en Moncloa, Carlos Aragonés, que asesora a Casado en temas de estrategia, y Gabriel Elorriaga porque consiguió escaño con la marcha de Isabel García Tejerina, pero cuyo cese como asesor parlamentario fue la mecha que hizo estallar la relación con la ya ex portavoz este mes de agosto.

Cospedal no es presidenta regional del PP. Esa propuesta nunca se materializó

Del "marianismo" sólo queda con mando en plaza Ana Pastor, que mantiene intacta una pátina de moderación y de gestión impoluta que Casado ha sabido aprovechar. En lo que respecta a Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, recuerdan en Génova que "no tienen ni cargo. No son más que afiliados". Porque contra la idea de que Cospedal es presidenta de honor del PP castellanomanchego, fuentes territoriales del partido puntualizan que, aunque esa fue una propuesta que se lanzó en el último congreso regional, "nunca llegó a materializarse en los órganos del partido" por donde tendría que haber pasado ese nombramiento.

"El tema no nos gusta, distrae la atención y nos preocupa", admite una dirigente popular. Por su parte, un barón territorial sabe que en los próximos meses "nos van a preguntar más por esto que por cualquier otra iniciativa política" y un tercero lamenta que "éstos -en alusión al Gobierno- lo van a aprovechar mientras la gente lo está pasando fatal con la crisis sanitaria y económica".

Pero en la medida en que el caso dañe al PP y su estrategia, Casado se verá obligado a tomar decisiones con las que marcar distancias con la vieja guardia del partido tras haber acometido una profunda renovación en el congreso que le encumbró, y todo ello contando con que el caso no llegue hasta el mismísimo Mariano Rajoy.