La sentencia del Tribunal Supremo sobre el ascenso de Dolores Delgado supone un varapalo para el actual fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz, de quien los magistrados dicen que ejerció "desviación de poder", y pone contra las cuerdas al próximo fiscal general, que en sectores de la Justicia dan por hecho que volverá a ser él. La interpretación del fallo es distinta según a quién se pregunte, pero lo cierto es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo señaló este martes que la subida de categoría de Delgado debe anularse. La duda está en si eso afecta a su actual puesto como jefa de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Cinco magistrados del alto tribunal han apuntado que García Ortiz ejerció una "desviación de poder visible e innegable" porque su voluntad fue "explícita: asegurar la promoción a la máxima categoría a quien había ocupado la jefatura de todo el Ministerio Fiscal sin tener la categoría de Fiscal de Sala".

La Sala Tercera no entra a valorar si Delgado era idónea o no para ocupar el puesto de fiscal Togada en la Sala de lo Militar del alto tribunal --que fue el primer puesto al que aspiró tras dimitir como fiscal general-- sino que dice que tal y como lo argumentó García Ortiz no fue legal porque él quiso suplir una "laguna" que existía en la ley. Él quiso, añade la sentencia, que Delgado ascendiera "automáticamente" porque "la finalidad realmente buscada fue asegurar a la señora Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera por haber sido fiscal general del Estado".

El nudo está en que después de este ascenso Delgado logró otro cambio dentro del Ministerio Público: García Ortiz la designó fiscal de Sala de Memoria Democrática. Fuentes dentro de la Fiscalía señalan que la sentencia del Tribunal Supremo afecta sólo al primer nombramiento (el de fiscal Togada) y no a este segundo, pero distintas fuentes de la Sala de lo Contencioso señalan que para acceder al segundo cargo necesitó antes ser fiscal de Sala (Togada) y por tanto, la sentencia se extiende a su actual cargo también. "Se anula el ascenso. Gracias a él era de lo Militar y luego de Memoria", esgrime una de estas fuentes.

El Real Decreto del 4 de octubre de 2022 fue el que subió de categoría a Delgado a la vez que la colocó en el puesto vacante de lo Militar del Supremo. Y unos meses después, el 14 de junio de 2023 otro Real Decreto la designa en el puesto de Memoria Democrática, pero ya no nombra el ascenso porque ya ha sido ascendida (los ascensos en la Fiscalía son vitalicios). "En estos casos de los fiscales el acto impugnado tiene un contenido doble: asciende a la categoría de Fiscal de Sala y establece el destino. Si aprecian desviación de poder y acuerdan retrotraer, parece que han anulado el acto completo", dice otra fuente del Supremo.

El fallo conocido este martes dice explícitamente que se debe "ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta", palabras que fuentes fiscales interpretan como que habrá que volver a convocar el Consejo Fiscal en el que Delgado fue ascendida pero sin tenerla en cuenta a ella para ocupar la vacante de la Fiscalía Togada. Sin embargo, una tecera fuente de la Sala expone que hay un párrafo clave en la sentencia que habla del Real Decreto "por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala a doña Dolores Delgado García y se la nombra Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, que anulamos". Esa última palabra, señalan dichas fuentes, es clave para interpretar que el ascenso ha quedado eliminado.

Cabe la posibilidad de que el que fuera fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, que es quien ha interpuesto este recurso, pida una aclaración al Supremo para que este explique cómo debe ejecutarse finalmente.

En cualquier caso, los magistradosdel alto tribunal deben enfrentarse igualmente a declarar nulo o avalar ese segundo nombramiento a Delgado, el de Memoria Democrática. La Sala aún tiene pendiente por resolver otro recurso que, en ese caso, interpuso la Asociación de Fiscales (AF) --mayoritaria en la carrera-- por dos motivos.

Por un lado, que García Ortiz no quiso entrar a valorar si la exfiscal general era idónea para el puesto dado que había "incompatibilidad" porque su "pareja sentimental", el abogado y exjuez Baltasar Garzón, "ha promovido la ley de memoria democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia". Y, por otro lado, porque en el Consejo fiscal que se decidió ese despacho los consejeros de la mencionada asociación y no estuvieron y, por tanto, no había quórum suficiente.

El nuevo nombramiento de García Ortiz

Todo este embrollo le tocará resolverlo al nuevo fiscal general del Estado que el Gobierno designe o bien en el Consejo de Ministros de este miércoles o bien la próxima semana. Distintos altos cargos del Ministerio Público dan por hecho que no habrá cambios y que García Ortiz que juró en agosto de 2022 seguirá al frente de la institución. La decisión, claro está, corresponde a la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas consideran que el actual jefe del Ministerio Público es una persona con talante y buen hacer que ha logrado tener buena sintonía con las principales cabezas de la Fiscalía en este año y que, a excepción precisamente de los nombramientos, ha estado alejado de las grandes polémicas. Algunos de los preguntados aseguran que es un jefe que "escucha" y que suele tener en cuenta las distintas sensibilidades. Ha logrado, dicen, ganarse la confianza del Gobierno con sus actuaciones como, por ejemplo, el intento de frenar las rebajas de penas de agresores sexuales por la ley del 'solo sí es sí'.

Otras voces, en cambio, lamentan que el fiscal general no se haya posicionado claramente en contra del lawfare en una declaración pública. De hecho, este martes 18 fiscales de la sección Penal del Tribunal Supremo han suscrito una carta dirigida a él en la que muestran su "decepción por la falta de voluntad" del fiscal general "de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como procés y sus derivadas se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts".

Lo que está claro es que quien quede al frente de la Fiscalía deberá ser el encargado de interpretar y activar en los distintos tribunales la ley de amnistía.