Sánchez anuncia un paquete anticrisis de 80 medidas y 5.000 millones de euros

Un total de 80 medidas y 5.000 millones de euros movilizados. Son las magnitudes del primer plan de respuesta a la guerra de Irán aprobado este viernes por el Gobierno y que entra en vigor mañana sábado. Un paquete sobre todo centrado en rebajas fiscales muy significativas, aunque no solo: bajada del 21% al 10% del IVA de la electricidad, del 21% al 10% del IVA de los combustibles (o sea, una reducción de unos 30 céntimos por litro de carburante), bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva o la congelación del precio máximo de venta del butano y del propano y descuento de 20 céntimos por litro de combustible para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. También se prorroga el escudo social y se aprueban deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor. Y se refuerza la capacidad de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para intentar garantizar que las ayudas se trasladan a los consumidores. Las medidas, que estarán operativas "el tiempo que sea necesario", beneficiarán de manera directa, según los cálculos del Ejecutivo, a 20 millones de hogares y a tres millones de empresas en toda España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio cuenta este viernes del "mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a una guerra ilegal" y que España no avala al término de una turbulenta reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Una cita que comenzó dos horas tarde por el plante de los miembros del Gobierno de Sumar, que exigían que se incluyeran medidas de vivienda y de limitación de los márgenes empresariales. Al final, hubo acuerdo entre los socios, que pasó por la aprobación de dos decretos leyes: uno, con todas las medidas anticrisis, el que se compone de esas 80 herramientas y moviliza 5.000 millones, y el segundo con la prórroga automática de los contratos de alquiler. Un choque grave en el seno de la coalición que el líder socialista minimizó en todo momento, aduciendo que se trataba de la labor de "contraste" habitual entre los dos partidos que integran su Gobierno, sin más trascendencia. No quiso ahondar en el relato de esas discrepancias —un mero "salseo" que es "interesante para los medios", despachó—, porque lo importante, a su juicio es el "plan muy relevante" acordado este viernes y fruto de "horas de negociación". "Con eso me quedo".

El jefe del Ejecutivo quería poner el acento, a lo largo de toda su comparecencia ante los medios, en las medidas aprobadas —sobre todo, las de respuesta a la guerra de Irán, las que saldrán convalidadas seguramente en el Congreso, porque el segundo decreto, el de vivienda, ya asume que no tiene mayoría suficiente—, pero también hiló una intervención política, de combate a una guerra "ilegal" e injustificada que no solo se ha cobrado ya la vida de "miles de civiles inocentes" y sacado de su hogra a "más de cuatro millones de personas". Es un conflicto, subrayó, que está provocando un "terremoto" a escala global a nivel económico y cuya dimensión se desconoce porque "nadie" sabe cómo evolucionará esta crisis, "si días, meses o años". Una crítica absoluta a EEUU y Israel, a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu, a quienes no citó, pero también a los responsables políticos que "se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a la guerra". Se trataba de un reproche nada disimulado al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo.

El Gobierno pone ahora sobre la mesa 5.000 millones de euros, la mayor parte de los cuales se traducirá en bajadas de impuestos, y pondrá "más recursos económicos" si hacen falta, prometió, pero la medida más eficaz y la que más vidas salva sería una: poner fin a la escalada bélica. "Es que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos", protestó, visiblemente irritado. Porque las guerras "cuestan vidas" y solo eso sería "suficiente para decir No a la guerra", pero también tienen un coste económico, y estos primeros 5.000 millones podrían destinarse, ilustró, a becas, sanidad o dependencia.

Sánchez fue muy enfático a la hora de describir que esta crisis pilla a España mejor pertrechada, gracias a su "fuerte" crecimiento económico, el rigor fiscal en las cuentas públicas y la apuesta decidida del Gobierno por las energías limpias. Puso un ejemplo: en lo que va de año, el precio de la electricidad solo lo ha marcado el gas el 15% del tiempo, por el 90% de Italia y el 40% de Alemania. "Esto significa que lo que venga por supuesto nos va a afectar, ya veremos si mucho o poco, pero significa que si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor".

El presidente se centró sobre todo en la explicación del decreto ley más importante, el grande, el que contiene esas 80 medidas y el que, en principio, no tendrá problemas de convalidación, ya que las primeras respuestas de PP o Junts eran favorables —"Bienvenidos a la fachosfera", celebró el número dos de los populares, Miguel Tellado; "Sánchez compra todas las rebajas fiscales de Junts", titularon los posconvergentes en un comunicado—, mientras que la izquierda también se congratulaba, aunque viera insuficientes algunos pasos o combatiera las bajadas de impuestos. Los socios progresistas aplaudieron que saliera adelante, aunque fuera en un texto aparte, la prórroga de los contratos de alquiler. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, agradeció a Sumar que aprovechara su "fuerza negociadora" para presionar a los socialistas.

El paquete aprobado es un juego de equilibrios que intenta contentar, de hecho, a izquierda y derecha, dado que el Gobierno incluye medidas sugeridas por los grupos durante su ronda de contactos de los últimos días. Entre las medidas coyunturales, las troncales son las rebajas fiscales. Así, se bajan los impuestos de la electricidad en un 60% gracias a la rebaja del 21% al 10% del IVA, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). También se baja al 10% el IVA del gas natural, los pellets y la leña y se congela el precio máximo de venta del butano y del propano.

Otra de las iniciativas de mayor alcance es la bajada del IVA del 21% al 10% de la gasolina, del diésel y de otros carburantes y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la UE. Se traducirá, dijo Sánchez, en una "rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible en función del carburante, 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio". Los sectores más expuestos (transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores) recibirán una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y de una equivalente para la compra de fertilizantes.

Además, se prorroga el escudo social que decayó por dos veces este año: se extienden durante todo 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se refuerza el bono térmico y se recupera la prohibición del corte de suministros esenciales en los hogares más vulnerables. El decreto también recoge una mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y autónomos.

Sumar había presionado para incluir un tope a los márgenes empresariales. Sin embargo, lo que recoge el decreto es bastante más modesto: se dota a la CNMC de nuevas capacidades de supervisión y sanción para garantizar, precisó el presidente, que "cada euro de este plan que sale del esfuerzo de los contribuyentes vuelva íntegro a ellos".

Aparte de las medidas coyunturales, el plan tiene otra batería de herramientas de carácter estructural para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, a las que el Ejecutivo confiere mucha importancia porque también señalan su apuesta por la transición energética frente a los retrocesos en la descarbonización que piden otros países. Así, se aprueban deducciones fiscales en el IRPF para la instalación de placas solares, bombas de calor y puntos de recarga, nuevas ayudas para la climatización de edificios o el impulso de las inversiones en las renovables.

El jefe del Ejecutivo se explayó bastante menos en el segundo decreto ley, el que Sumar le había arrancado, el de vivienda, al que el PSOE se resistió hasta el final porque si se incluía en el plan integral corría el riesgo de decaer todo él por el más que probable rechazo de Junts. Para evitar riesgos, el ala socialista accedió pero llevando esa contención de los alquileres a un segundo texto que, como asumió el propio Sánchez, no tiene "mayoría suficiente" para ser convalidado. "Somos conscientes de ello, pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española". Así como el decreto grande será sometido a convalidación la semana próxima en el Congreso, para este segundo texto no hay aún una fecha fijada, aunque necesariamente se deberá llevar a debate en el plazo de un mes porque es lo que indica la Constitución. El líder socialista se comprometió a trabajar "desde ya" para convencer a los grupos.

Lo que contiene el segundo decreto es la prórroga extraordinaria y automática de todos los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento esté previsto para este 2026 y para 2027 por un máximo de dos años. Una congelación de los alquileres, recordó el presidente, que se aplicó "en crisis previas". Lo cierto es que los socialistas rechazaban con rotundidad esta medida, llegaban a calificarla de inconstitucional. ¿Por qué ahora sí? El presidente adujo que ahora ha "sobrevenido una nueva crisis, una nueva guerra" que justifica que se adopte una medida tan excepcional. Por eso el PSOE se ha mostrado "empático y receptivo" a lo que piden Sumar y los demás socios progresistas.

La secuencia de los hechos, sin embargo, probó la resistencia de los socialistas. Sánchez, en cualquier caso, minimizó lo sucedido. Recordó que en 2020, el Consejo tuvo que prolongar su reunión nueve horas para alumbrar el primer real decreto de alarma, el que confinó a todo el país, y pese a esa viva discusión, "se acertó y ahí están los datos", se salvaron vidas y empleos y España salió "más fuerte", se desplegaron medidas de protección que "impidieron dejar a mucha gente atrás". Así que es "muy relevante poner en valor la capacidad de diálogo del Gobierno". "Bienvenidos a Europa, bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo que se sustancia en estos dos dos reales decretos leyes. Y creo que esto es lo relevante", junto al procedimiento de "contraste, de debate y de acuerdo". El Ejecutivo, en minoría parlamentaria, no solo tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo, dijo, sino con los grupos, con los agentes sociales y ahora con los sectores afectados.

"Sí, esta es la política del siglo XXI. El diálogo, la negociación, el acuerdo que, por cierto, no le sientan nada mal a España", y ahí están sus datos de creación empleo, el 41% de toda la zona euro en 2025, ejempificó. El diálogo, a juicio del presidente, "cara aún de mayor legitimidad" las decisiones que toma el Ejecutivo. Las discrepancias, cree, no son "en absoluto un problema", sino "un activo de este Gobierno".

Sánchez no quiso responder a otras cuestiones como el próximo cambio en su Gabinete que tendrá que acometer tras la marcha de la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, o sobre la estrategia de lanzar ministros candidatos a los territorios. Ya habrá tiempo para responder "en otro momento" a esas cuestiones. Sí contestó de nuevo a la pregunta sobre los Presupuestos Generales del Estado, de nuevo aparcados. Se limitó a expresar que el Gobierno los presentará, "sin duda alguna", pero no comprometió ningún plazo.

Adujo que aunque por ahora distintas instituciones mantienen las previsiones de crecimiento para España —2,4% este año—, puede haber cambios por la guerra, igual que puede escalar la inflación. Por eso es "relevante" que el Ejecutivo tenga en cuenta esta nueva situación en su proyecto de cuentas públicas porque de lo contrario se le acusaría de no ajustarse a la realidad económica del momento. "Estamos ante una situación que nadie ha provocado en España y en Europa y tendremos que adaptarnos a ella", excusó, y el primer paso es el decreto ley anticrisis. Como en otras ocasiones, Sánchez señaló que los actuales PGE, los de 2023, están permitiendo a España crecer, crear empleo y reducir la desigualdad.

El presidente no quiso señalar a ningún grupo, apeló a la "responsabilidad" de todos, sean "de izquierdas o de derechas, nacionalista o no", porque el momento lo requiere y la guerra ya está afectando al bolsillo de los ciudadanos. Todos los partidos, aseguró, están llamados a dar "certezas" en un momento de "extraordinaria incertidumbre". La primera prueba vendrá la semana que viene, con la convalidación del plan de medidas por la guerra. El segundo examen, el de vivienda, se da por perdido, y por eso el PSOE lo rechazaba, pero a Sánchez no le quedó más remedio que ceder ante sus socios de coalición.