Así querían las cloacas del PSOE “desmontar a la Guardia Civil” 

 El jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Balas, se ha personado este pasado miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, en la calle Guzmán el Bueno junto con un equipo para localizar y entregar al juez Pedraz la documentación que este requiere en el marco del 'Caso Leire'.

"Necesito a Balas, así de claro". Así se pronunciaba Leire Díez meses atrás en una reunión con otros empresarios y abogados en lo que ahora conocemos como una trama que tenía por vocación la "ejecución de una actividad criminal". Tal y como lo define el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en un auto al que ha tenido acceso El Independiente. En este auto, el magistrado señala que el grupo, liderado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, buscaba "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno".

En ese contexto Leire Díez intentó por todos los medios obtener información sobre Balas. El auto señala que, durante el año 2025, la fontanera de Ferraz se reunió en dos ocasiones con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. El comandante se encuentra actualmente investigado por la comisión de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la causa que instruye el magistrado Ismael Moreno, conocido como el 'caso Koldo'.

Desmontar a la GC

En unas anotaciones recogidas por los investigadores se desprende que el entramado le llegó a ofrecer a Villalba el pago de una defensa y que "ellos harían que recuperara la trayectoria profesional que llevaba" colocándole "en puestos de máxima responsabilidad". A cambio, Villalba tendría que "intentar desmontar a la GC", según aparece en sus propios documentos.

Leire Díez le pidió expresamente que le pasara toda la información que tuviera de un fiscal y de los mandos de la UCO. Concretamente de los tenientes coroneles "Balas y Bonilas, y de la JI (Judicatura de Instrucción) incluido el actual DAO y el Tecol Basilio Luis Sánchez Portillo", quienes estarían involucrados en la operación Cataluña.

Uno de los detalles que más señala el magistrado es una anotación realizada por el comandante Villalba. Según el auto, Leire le habría ofrecido una propuesta, "que la CNP me tome declaración como testigo protegido para declarar contra la GC y concretamente contra la UCO, sus mandos y otros de la JI, así como el Coronel Corbí y Tecol Baseileo". Cabe destacar que el Coronel Manuel Sánchez Corbí fue coronel jefe de la UCO.

"Estoy cometiendo un delito"

En este mismo sentido, y para conseguir acabar con Balas como quería la organización, Leire Díez se reunió con el Capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Yepes también está siendo investigado en un procedimiento judicial denominado 'caso Gaslow' por un fraude en hidrocarburos.

Hubo una reunión en diciembre de 2024 en la que también se encontraban presentes el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. Allí el Capitán Yepes, que había estado destinado en la UCO, filtró información del organismo de la Benemérita sabiendo que estaba cometiendo un delito. En la grabación de es encuentro el auto recoge que se aporta "información sobre la estructura de la UCO y sus miembros". Yepes dice "mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley (…) porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet (…)", habiendo llegado a referir anteriormente que "(…) todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos ".

El auto apunta que, pese a conocer eso, atendió las solicitudes de la fontanera de Ferraz, "aportando información sobre alguno de sus miembros". En ese momento, y volviendo a la idea principal, la conversación se volvió a centrar en Balas, siendo, según el auto, "uno de los principales objetivos del grupo".

"UCO PATRIÓTICA"

Pedraz, además, dedica un apartado a explicar que esta organización intentó desacreditar a la UCO de distintas maneras. Entre ella, presentaban sucesivas "denuncias en relación con su actuación ante la Fiscalía General del Estado". Esas denuncias las filtraban a diferentes "medios de difusión nacional" con la intención de "germinar el despectivo y contaminante término de UCO PATRIÓTICA".

Otra de las actuaciones que realizaron fue impulsar la sospecha sobre las actuaciones de los agentes ante la Directora General de la Guardia Civil, lo que motivó que esta abriera varios expedientes de información reservada a los investigadores, tal y como adelantó este diario. Además, se dedicaban a intentar recopilar datos e información personal y reservada de mandos de la Benemérita.

El juez de la Audiencia Nacional señala que Santos Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido", y añade que fue el PSOE quien "soportó el coste de la actividad" que ahora investiga, dedicada a intentar encontrar una "estrategia" en la que se ofrecía a funcionarios, guardias civiles, investigados y fiscales "remuneraciones o favores a cambio de infomación o actos contrarios al ejercicio de su cargo".