El Gobierno se reafirma en su crítica a algunos jueces y celebra el castigo a la corrupción, "se llame Ábalos o Ayuso"

El Ejecutivo trata de medir sus palabras tras la durísima condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas, de 24 años y tres meses y de 19 años, ocho meses y un día, respectivamente. Celebra que aquel que se corrompa lo pague. Pero que pague todo el que lo haga, "se llame Ábalos o se llame [Isabel Díaz] Ayuso", que no se libre nadie. Y sobre Víctor de Aldama este martes le tocaba asumir un papel institucional, más prudente, sin entrar abiertamente al choque con los magistrados por los solo cuatro años y medio de cárcel que le imponen, pena que queda suspendida a cambio de que no delinca en cinco años y haga trabajos para la comunidad.

En la rueda de prensa de este martes posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la mayoría de las preguntas giraban en torno a la sentencia del caso mascarillas. Y quien llevó claramente el peso de las respuestas fue el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, un dirigente muy cercano al presidente, Pedro Sánchez, y además líder (y no es dato menor) de los socialistas madrileños. Él fue el que, hace dos semanas, aseguró sin ambages que sí hay "jueces que prevarican". No empleó él ese verbo hoy, pero sí insistió en la idea de que hay magistrados que no hacen bien su trabajo, pero lo importante es "no mezclarlo todo y no confundir todo".

"Quienes creemos en la política, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la separación de poderes, sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en política. Que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentable. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. El que la hace la paga. Es muy importante combatir la corrupción. Y yo lo que digo es que en el Partido Socialista se actuó", defendió.

Se dan casos de corrupción en la política. La mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen". Lo importante es "no mezclarlo y no confundirlo todo", dice López

Esa divisoria la quiere dejar muy clara el PSOE y es, casi con seguridad, la línea que mañana desarrollará Sánchez en su comparecencia extraordinaria en el Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que cercan a su partido o a su entorno. López recordó que los socialistas actuaron mucho antes de que "hubiera una sentencia". Porque Ábalos fue apartado a los pocos días de que su mano derecha fuera detenido —lo expulsó definitivamente, eso sí, 16 meses después—, igual que hizo caer a Santos Cerdán cuando le señaló un durísimo informe policial.

En cambio, comparó López, en el PP "se ampara y se protege, entre otros, a la señora Ayuso". Remitía a un argumento muy utilizado en estos días por la cúpula de partido y de Gobierno, dado que Pablo Casado fue defenestrado por los suyos por alertar de posibles conductas de corrupción de la presidenta madrileña y porque un informe de Hacienda reveló que la pareja de esta, Alberto González Amador, facturó 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 a Quirón Prevención, cuando ambos ya eran novios. En privado, en la Moncloa despliegan ese argumento: reconocen que Ayuso no está imputada, sí su pareja —en dos causas, una por presunto fraude fiscal, por la que irá a juicio, y otra por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal—, pero entienden que esa enorme facturación de 4,4 millones en apenas tres años no se explicaría sin ese vínculo con la presidenta madrileña y con el hecho de que Quirón es el principal contratista del Gobierno regional. "Hay hechos escandalosos y es sorprendente la normalidad con la que los acepta [Alberto Núñez] Feijóo", subrayan.

Aunque Ayuso no está imputada, su pareja sí lo está, y en la Moncloa entienden que su facturación de 4,4 millones en tres años no se explicaría sin su vínculo con ella y por el hecho de que Quirón es el principal contratista de la Comunidad de Madrid

"No todos los casos son iguales", sostuvo López. "Y desde luego, yo quiero hacer una reivindicación de la política, del periodismo y de la Justicia, pero de la buena política, del buen periodismo y de la buena Justicia. Y creo que hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común. Pero ni todos los políticos son corruptos, ni todos los jueces son perfectos, ni todos los periodistas son maravillosos", de ahí que "lo importante es actuar", y el PSOE lo hizo "con contundencia" en el caso mascarillas. Al contrario de un PP "volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso", remachó.

La indignación del Ejecutivo no se dirige hacia la Sala del Supremo que ha juzgado a Ábalos, sino sobre todo al juez Juan Carlos Peinado, que ordenó a Begoña Gómez la retirada de su pasaporte y comparecencias quincenales en un controvertido auto dictado el pasado sábado y que ha soliviantado hasta a los sindicatos policiales por señalar que los agentes que escoltan a la mujer del presidente podrían ayudarla a fugarse de España. Mañana miércoles Gómez deberá entregar su documento. "Ha sido un atropello desde el minuto uno", dijo López, "un procedimiento que desde el principio ha sido errático, un despropósito y anómalo", que "no entiende nadie", completó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

En relación con la sentencia del Supremo, la ministra reprodujo el comunicado oficial de ayer: "Tolerancia cero" ante la corrupción, colaboración con la Justicia y "condena sin matices" de los comportamientos que se alejan de los valores que "lleva a gala" el Gobierno, que son los de "transparencia", "integridad" y "mérito". "Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", siguió.

Saiz insiste en la tolerancia cero ante la corrupción, la colaboración con la Justicia y la "condena sin matices" de las prácticas de Ábalos. El Gobierno defiende que actuó frente a un PP que no lo hace

Ayer, miembros del Ejecutivo y de la dirección socialista no ocultaron su estupor e indignación por la rebaja y la suspensión de la pena al conseguidor de la trama corrupta, Víctor de Aldama. Veían en la decisión de los magistrados un recado clarísimo para que confiesen, como ha hecho él, los presuntos corruptores de los casos que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —su amigo, Julio Martínez Martínez, dueño de la mercantil Análisis Relevante— y a la exmilitante Leire Díez —ella misma ya ha dicho que vale más por lo que calla—. Pero este martes tanto López como Saiz apostaron por la cautela.

La portavoz, de hecho, adujo que no quería "entrar en los detalles de la sentencia" y se aferró al respeto del Gobierno a la separación de poderes. Sí recordó que en los últimos meses, "en diferentes momentos", se han escuchado "amenazas" de Aldama, como que Sánchez iría a la cárcel porque sabía cómo operaba la trama corrupta, "afirmaciones que luego la propia sentencia acredita que algunas de ellas evidentemente no responden a la a la realidad". Fuentes de la Moncloa explicaban que hoy no tocaba cuestionar la decisión del TS respecto a Aldama, que hay formatos, lugares y momentos, y dependiendo de cuáles sean se puede llegar más o menos lejos con las palabras, y este martes, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "correspondía ser institucional". Pero no se da ningún paso atrás.

Saiz ve "evidentes" las diferencias entre la rebaja a Aldama y el indulto al exconcejal del PP que destapó la 'Gürtel', que fue indultado. Son dos poderes distintos y dos procederes diferentes, alega

La resolución del Supremo alega que todo el Estado en su conjunto debe premiar a los que ayudan a esclarecer los casos de corrupción, e incluso se remite al indulto que el Gobierno concedió en octubre de 2024 a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) que aportó horas de grabaciones claves para destapar la Gürtel. "El Gobierno ampara, respalda, reconoce y apoya" a todos aquellos que denuncian prácticas corruptas, argumentó en aquel momento el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Las diferencias son evidentes entre una medida de gracia, que son los indultos, una medida de gracia del Ejecutivo prevista en nuestra en nuestra legislación, y que va acompañada de un expediente, de una tramitación, a una atenuante [muy cualificada] que en el legítimo ejercicio del Poder Judicial aplican los jueces", señaló Saiz. Es decir, que cada uno de los poderes tiene "su procedimiento, su actuación". "Y yo creo firmemente en la separación de poderes", zanjó.

La portavoz, como ayer hiciera Ferraz, emplazó a la oposición liderada por el PP a apoyar el plan de medidas contra la corrupción que Sánchez presentó en el pleno de hace un año y que se convirtieron en anteproyecto en febrero pasado, aunque todavía no se ha remitido a la Cámara para su tramitación. Saiz criticó la "hipocresía" de Feijóo por dirigirse al Gobierno y reprobar la corrupción desde su "atalaya moral" y luego rechazar las medidas planteadas por la coalición.