El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, declara este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como investigado en el denominado 'caso Leire' por una presunta presión a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaban las causas judiciales vinculadas al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez para que no fueran "proactivos".

PUBLICIDAD

Según ha podido saber El Independiente, Llamas intentará explicar ante el magistrado que él no quiso boicotear ni presionar a ningún agente de la Benemérita y que únicamente se limitó a trasladar instrucciones recibidas de sus superiores. Esta línea de defensa, que desplazaría parte de la posible responsabilidad hacia la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González —también investigada en la misma causa—, podría servir para explicar algunas de las decisiones adoptadas durante aquellos meses, pero difícilmente todas.

PUBLICIDAD

Los informes de la UCO y las testificales practicadas durante los últimos meses sitúan al máximo responsable operativo de la Guardia Civil en una sucesión de decisiones que, según la hipótesis de los investigadores, formaban parte de una misma estrategia: las órdenes trasladadas a la Policía Judicial, la apertura de tres informaciones reservadas contra mandos de la UCO, una reunión clave sobre el informe de David Sánchez y las presiones descritas por distintos responsables del Instituto Armado. Ese es el contexto con el que Llamas llega este jueves a la Audiencia Nacional.

La orden de "ponerse de perfil"

Según los testimonios incorporados a la causa, y lo que declararon los dos exjefes de la UCO, López Malo y Yuste, el director adjunto operativo trasladó personalmente a responsables de la Policía Judicial y de la unidad que la UCO debía "ponerse de perfil" en el caso que investigaban sobre el hermano de Pedro Sánchez. Además, y tal y como se recoge en las testificales de la unidad, el 16 de julio de 2024 el DAO le indicó a los agentes que "en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa".

Para los agentes de la UCO, aquella directriz suponía mucho más que un cambio de lenguaje. En la práctica significaba limitar la iniciativa de la Policía Judicial y restringir su actuación a las diligencias expresamente ordenadas por jueces y fiscales, renunciando a impulsar actuaciones propias dentro de investigaciones complejas. Precisamente esa capacidad de iniciativa constituye una de las principales herramientas con las que trabajan las unidades especializadas en corrupción.

Cuál fue su papel

Llamas previsiblemente defenderá ante el juez que aquella instrucción no partió de él y que se limitó a transmitir una decisión adoptada por sus superiores dentro de la cadena de mando. Sin embargo, la investigación no se centra únicamente en el origen de la orden, sino también en la forma en la que fue ejecutada.

Los informes de la UCO consideran especialmente relevante que fuera precisamente el máximo responsable operativo del Instituto Armado quien comunicara ese mensaje a los mandos encargados de las investigaciones más sensibles del momento. No se trata sólo de averiguar quién decidió que la UCO debía rebajar su iniciativa, sino de determinar cuál fue el papel desempeñado por Llamas para que aquella instrucción llegara a la unidad y se aplicara.

Las informaciones reservadas

La segunda gran cuestión sobre la que previsiblemente deberá responder tanto Manuel Llamas como la directora general son las tres informaciones reservadas que la Dirección General de la Guardia Civil abrió entre finales de 2024 y comienzos de 2025 contra varios mandos de la Unidad Central Operativa. Aquellos procedimientos disciplinarios internos, que inicialmente se justificaron por la necesidad de esclarecer distintas actuaciones de los investigadores, se han convertido hoy en una de las principales líneas de investigación de la Audiencia Nacional.

Las tres informaciones reservadas afectaban a agentes de la UCO que participaban en algunas de las causas judiciales más sensibles para el Gobierno. Formalmente, aquellos procedimientos tenían como finalidad determinar si los agentes habían cometido alguna irregularidad disciplinaria. Cabe destacar que, como parte de esas informaciones, la directora general pidió un organigrama nominal de todos los agentes que investigaban las causas que afectaban al PSOE, el DAO quiso "amonestar verbalmente" a un agente por recoger información de un correo de Begoña Gómez, y que fueron citados varios mandos por una supuesta filtración de la UCO aunque los agentes afirman que el propio DAO sabía que no habían sido ellos quienes habían enviado a la prensa esas informaciones.

Sin embargo, el desarrollo de esas investigaciones internas acabó convirtiéndose en uno de los principales focos de la causa que instruye ahora Pedraz. Los informes de la UCO sostienen que la apertura de las tres informaciones reservadas coincidió con la intensificación de los contactos entre Mercedes González y Leire Díez y con la supuesta ofensiva para desacreditar a la UCO. Los investigadores consideran que esa sucesión de hechos resulta "significativa" y constituye uno de los indicios que apuntan a una actuación coordinada.

Todas se archivaron sin sanción disciplinaria

La investigación también pone el foco en el papel desempeñado por Manuel Llamas. Como director adjunto operativo, era el máximo responsable uniformado del Instituto Armado y conocía el desarrollo de unos procedimientos que afectaban directamente a la unidad de la que dependían las investigaciones más delicadas del momento. El juez tratará de determinar hasta qué punto participó en la decisión de abrir esas actuaciones, cuál fue su intervención durante su tramitación y si compartía la finalidad que, según la hipótesis de la UCO, perseguían: incrementar la presión sobre los investigadores.

Uno de los aspectos que más llama la atención de las acusaciones es el desenlace de aquellas tres informaciones reservadas. Todas terminaron archivándose sin que se impusiera sanción disciplinaria alguna a los agentes investigados. Es más, tal y como adelantó El Independiente, varios de ellos nunca llegaron a ser informados oficialmente de que los procedimientos habían concluido sin responsabilidad alguna. Ese extremo es utilizado ahora por las acusaciones para sostener que aquellos expedientes sirvieron, al menos durante su tramitación, como un mecanismo de presión sobre quienes dirigían las investigaciones más sensibles.

Precisamente por ello, las informaciones reservadas ocupan un lugar central en la causa. Además, este periódico ya adelantó en diciembre que la directora de la Guardia Civil estaba abriendo estas informaciones con el ánimo de "amedrentar". La Audiencia Nacional no investiga únicamente si estaban justificadas desde un punto de vista disciplinario, sino si su apertura respondió a una estrategia más amplia para condicionar el trabajo de la UCO. Y esa es una de las cuestiones sobre las que previsiblemente pedirán explicaciones tanto a Manuel Llamas como a Mercedes González.

Mercedes González y Leire Díez

La directora general también comparece este jueves como investigada y su declaración será determinante para aclarar si las órdenes que, según el DAO, él se limitó a transmitir partían realmente de la máxima responsable del Instituto Armado.

Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa sitúan a González en el centro de la investigación por la relación que mantuvo con Leire Díez, la exmilitante socialista a la que la Audiencia Nacional considera una de las impulsoras de la presunta operación para desacreditar a la UCO y obtener información comprometedora sobre los agentes que investigaban las principales causas de corrupción que afectaban al entorno del PSOE.

Los investigadores han documentado mediante geolocalizaciones, posicionamientos telefónicos, registros de llamadas y las anotaciones intervenidas en la agenda de Leire Díez al menos tres reuniones presenciales entre ambas tras el nombramiento de Mercedes González como directora general. La primera se produjo el 30 de septiembre de 2024, apenas unos días después de su toma de posesión; la segunda, el 20 de diciembre; y la tercera, el 2 de abril de 2025. A esos encuentros se suman múltiples contactos telefónicos y por aplicaciones de mensajería que la UCO considera relevantes para reconstruir la relación entre ambas.

La cronología

Para los agentes, esa sucesión de reuniones adquiere una especial importancia por su coincidencia con los hechos que ahora investiga el juez Santiago Pedraz. Los informes consideran "significativo" que, tras esos encuentros, comenzaran a adoptarse distintas decisiones internas que afectaban directamente a la UCO, es más, los propios investigadores destacan que en conjunto, estas actuaciones "no pueden considerarse casuales", sino que responden a una misma secuencia temporal.

La investigación también pone el foco sobre el papel que desempeñó Mercedes González una vez comenzaron a publicarse las primeras informaciones sobre esos contactos. Según consta en la causa la directora general activó el borrado automático de los mensajes de WhatsApp con Leire Díez, un extremo que la UCO incorpora a sus informes al reconstruir la cronología de los hechos y las actuaciones posteriores de la cúpula del Instituto Armado.

Las notas alertando de Leire

A ello se suman las notas elaboradas por la Jefatura de Información de la Guardia Civil. En una primera comunicación, fechada el 29 de abril de 2025, los servicios de Información alertaban de la existencia de una campaña dirigida contra la UCO y contra algunos de sus principales mandos. Días después, el 5 de mayo, una segunda nota volvió a advertir sobre esa misma ofensiva. La primera de ellas el DAO la ocultó diez días a los investigadores de la UCO. Ambas forman parte de la documentación incorporada al procedimiento y constituyen uno de los elementos que el juez tendrá sobre la mesa para determinar qué conocimiento tenía la Dirección General sobre lo que estaba ocurriendo y qué decisiones adoptó a partir de ese momento.

La UCO sostiene que ninguno de esos episodios puede analizarse de forma aislada. Los encuentros entre Mercedes González y Leire Díez, la apertura de las informaciones reservadas, las instrucciones para que la UCO se "pusiera de perfil", las advertencias internas de la Jefatura de Información y el resto de actuaciones investigadas forman, según los agentes, parte de una misma secuencia de acontecimientos cuyo objetivo habría sido limitar la capacidad de actuación de la unidad que investigaba los casos más sensibles para el Gobierno.

Por eso, la declaración de Mercedes González también será determinante para Manuel Llamas. El juez tratará de esclarecer si esas órdenes partían realmente de la directora general y cuál fue el contenido de las conversaciones que mantuvo con Leire Díez durante los meses en los que, según la investigación, se intensificó la presión sobre la UCO.

La reunión sobre el informe de David Sánchez

En los informes hay otro episodio que también puede resultar determinante para valorar el papel desempeñado por Manuel Llamas: la reunión de la cúpula de la Guardia Civil en la que se abordó el informe sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Los testimonios incorporados a la causa sitúan al entonces director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, trasladando durante aquel encuentro que el informe debía cerrarse "y que no haya nada". La expresión, recogida en las declaraciones practicadas durante la instrucción y confirmada posteriormente por El Independiente, constituye uno de los pasajes más delicados del procedimiento por el contexto en el que se produce y por las personas que se encontraban presentes.

Entre ellas estaba el propio Manuel Llamas. Su presencia en aquella reunión no es un elemento menor, ya que la investigación no sólo trata de esclarecer quién impulsó determinadas decisiones, sino también cuál fue la reacción de quienes tenían la responsabilidad de dirigir la Policía Judicial.

Según la documentación incorporada a la causa, Llamas no mostró oposición a aquella indicación ni dejó constancia de discrepancias. Ese extremo será previsiblemente uno de los asuntos sobre los que insistirá la Fiscalía durante el interrogatorio. La cuestión de fondo no será únicamente si la frase fue pronunciada, sino cómo reaccionó el ahora máximo responsable operativo del Cuerpo al escuchar una indicación que afectaba directamente a una investigación judicial especialmente sensible.

Leire ya estaba actuando

La relevancia de este episodio aumenta porque se produce en un momento de máxima tensión dentro de la Guardia Civil. La UCO investigaba ya varias causas que afectaban al entorno del Gobierno y, paralelamente, la investigación sitúa a Leire Díez desplegando una estrategia para obtener información sobre los investigadores, desacreditar a la unidad y promover actuaciones internas contra algunos de sus mandos. Para los agentes, ese contexto resulta imprescindible para interpretar el significado de aquella reunión.

Precisamente por ello, la declaración de Llamas difícilmente podrá limitarse a afirmar que cumplía órdenes. El juez previsiblemente intentará determinar cuál fue su actuación concreta dentro de aquel encuentro, si compartía el criterio expresado por Leonardo Marcos y qué decisiones adoptó posteriormente cuando pasó a ser máximo responsable operativo de la Guardia Civil.

¿Quién daba realmente las órdenes?

La principal incógnita que intentará despejar Santiago Pedraz durante los interrogatorios de este jueves trasciende la actuación concreta de Manuel Llamas o de Mercedes González. Después de varios meses de investigación, el juez querrá reconstruir cómo se tomaban realmente las decisiones dentro de la cúpula de la Guardia Civil en el momento en el que la UCO investigaba algunas de las causas más sensibles para el Gobierno. Los informes incorporados al procedimiento y las declaraciones practicadas durante la instrucción describen un clima de fuerte tensión interna dentro del Instituto Armado.

En este punto, cabe destacar el cuarto motivo por el cual el DAO deberá declarar como investigado. De acuerdo con la documentación del sumario, en el marco de una de las informaciones reservadas que se abrieron presuntamente como mecanismo de presión, según apunta la Fiscalía,el General de División instructor del expediente interno, Antonio Cortés Ruiz (Jefe de la JAES), explicó que "el DAO estaba recibiendo fuertes presiones políticas".

Para el juez, la cuestión no consiste únicamente en determinar si existieron presiones políticas, sino en establecer cuál fue la respuesta de quienes ocupaban los principales puestos de responsabilidad dentro de la Guardia Civil. Esa es precisamente una de las dificultades a las que se enfrenta Manuel Llamas.

Ese será, en realidad, el principal reto de las declaraciones de este jueves. Mientras Manuel Llamas previsiblemente intentará convencer al juez de que fue un mero transmisor de instrucciones y Mercedes González defenderá que las decisiones adoptadas desde la Dirección General respondían al funcionamiento ordinario del Cuerpo, Pedraz tratará de determinar si existió una estrategia coordinada para condicionar el trabajo de la Unidad Central Operativa y quién asumió la responsabilidad de ponerla en marcha.