Economía

Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas

Los madrileños más ricos pagarán cada uno 1,1 millones en 2023 con el nuevo impuesto

Los patrimonios de más de 40 millones de euros pasarán de no pagar nada a abonar 2,3 millones en los dos años de vida del gravamen

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un acto en Brunete, Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un acto en Brunete, Madrid. Carlos Luján / Europa Press

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que ejercerá de sustituto del impuesto de patrimonio en aquellas comunidades que lo han bonificado, obligará a pagar 1,1 millones de euros a cada uno de los madrileños más ricos durante los años en los que estará en vigor. En total, 2,3 millones de euros, puesto que está previsto que este tributo temporal solo se abone este año y el próximo, aunque la intención de Podemos es que se convierta en un gravamen fijo.

Son estimaciones del Consejo General de Economistas (CGE), que con motivo del inicio de la campaña de la renta 2022 ha elaborado un documento que repasa las novedades normativas del IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. El segundo no se abona en la declaración de la renta, sino después, en el mes de junio, y será entonces cuando los contribuyentes presenten el recién creado impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas.

Como ya explicó este periódico, este nuevo "impuesto a los ricos" forzará a que los patrimonios de más de tres millones de euros tributen por él en las comunidades autónomas en las que el impuesto sobre el patrimonio, cedido a las regiones, está bonificado. Se estima que en el conjunto del país la mayoría de los ultrarricos no pagan este tributo porque viven en Madrid. A consecuencia, la Comunidad dejó de recaudar en 2019 casi 990 millones de euros, según los últimos datos disponibles.

Pero esa situación cambiará este verano, cuando los mayores patrimonios del país deberán presentar el impuesto por los bienes con los que contaban en 2022. Por ello, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el órgano especializado en fiscalidad del CGE, ha tratado de calcular cuánto deberán pagar exactamente los contribuyentes según su riqueza, buscando asimismo de conocer si el nuevo tributo igualará o no a las comunidades autónomas en lo que a imposición sobre la riqueza se refiere.

Ahora van a pagarse importes parecidos en todas las comunidades autónomas

rubén gimeno, reaf

"En los patrimonios pequeños, de unos 4 millones de euros, las diferencias entre comunidades autónomas van a ser importantes sobre todo en aquellas en las que hoy día no se paga el impuesto de patrimonio, como es el caso de Andalucía y Madrid. Los contribuyentes con 4 millones de euros de patrimonio abonarán 5.100 euros en Andalucía y Madrid, pero 41.000 de media en el resto de las comunidades", asegura Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del REAF-CGE. Hay que recordar que al cálculo del impuesto de las grandes fortunas se restará la cuota a integrar por el impuesto de patrimonio, evitando así pagar dos impuestos por la misma riqueza.

"Si nos centramos en patrimonios de 40 millones con renta base de 400.000 euros, en principio en 2022 pagarían 230.000 de media. Más o menos van a pagar importes parecidos en todas las comunidades autónomas. Esto es lo que hace el impuesto sobre las grandes fortunas, decir donde no pagabas antes, ahora lo vas a pagar", recuerda el experto.

En cambio, en el caso de aquellos patrimonios de 40 millones en los que no actúe el límite sobre el IRPF porque perciban muchos dividendos o rendimientos de trabajo, la diferencia sería más notable, puesto que el contribuyente madrileño y andaluz pasaría de no pagar nada a terminar pagando 2,3 millones de euros. El límite conjunto es una salvaguarda que evita que la cuota íntegra del IRPF, más Patrimonio más el impuesto a las grandes fortunas exceda el 60% de la suma de las bases imponibles del IRPF, con una reducción máxima en la cuota del 80%.

Según la Agencia Tributaria, en España en total hay unas 700 personas que declaran patrimonios superiores a 30 millones de euros, por lo que solo pagarían estas cantidades los ultrarricos a los que además no les afecte el límite sobre el IRPF. También es remarcable que estos ricos eran tan solo 233 personas en 2007 y 350 en 2011, por lo que se han duplicado en ocho años -los últimos datos disponibles son de 2019-.

5.000 euros para patrimonios de 4 millones

¿Cuánto tendrán que pagar los más ricos por el impuesto a las grandes fortunas? La norma establece que el 1,7% en el caso de los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; el 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y el 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. Pero hay letra pequeña dependiendo de las circunstancias personales de cada contribuyente.

De acuerdo a las estimaciones del REAF, una persona con un patrimonio de 4 millones de euros, soltero, sin hijos y menor de 65 años deberá pagar 5.100 euros en total. En el caso de Andalucía y Madrid, esta misma cantidad será la diferencia a abonar frente a un escenario en el que este gravamen no se hubiese creado. Aun así, los ricos de ambas comunidades saldrán ganando, puesto que en aquellas en las que existe impuesto sobre el patrimonio las personas en esas mismas circunstancias deben abonar 41.000 euros de media (49.700 en la Comunidad Valenciana, donde más se paga, y 27.400 en Galicia, donde menos).

En cambio, en el caso de un patrimonio de 40 millones de euros de una persona también soltera, sin hijos y menor de 65 años, la cantidad a abonar será de 230.670 euros siempre y cuando se le aplique el citado límite. En esta ocasión, la cantidad es prácticamente idéntica en las regiones que tienen el impuesto sobre el patrimonio bonificado y en aquellas que no, oscilando tan solo entre los 230.000 de la mayoría de ellas y los 247.400 euros a pagar en la Comunidad Valenciana.

Esta misma semana, el Constitucional debatirá la ley del impuesto a las grandes fortunas después de que Andalucía, Madrid y Galicia la impugnaran ante dicho tribunal al considerarla discriminatoria.

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