España I Cumbre Hispano-Rumana, en Castellón

Sánchez se reafirma en su estrategia el 'sí es sí' y defiende la ley, pero evitar explicitar su apoyo a Irene Montero

"Estamos yendo en el camino correcto", presume el presidente | Reitera que el Ejecutivo nombrará a los dos magistrados del TC, aunque no precisa cuándo | Alaba, frente a Díaz, el esfuerzo de la banca para aliviar la carga hipotecaria de las familias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro rumano, Nicolae Ciuca, presiden la primera cumbre bilateral entre España y Rumanía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro rumano, Nicolae Ciuca, presiden la primera cumbre bilateral entre España y Rumanía. EFE

La posibilidad de reforma de la ley del solo sí es sí, a la que se abrió el PSOE hace una semana, cuando se conocieron los primeros casos de rebajas de penas, sigue alejándose por ahora. El presidente del Gobierno se mantiene en la postura que manifestó hace ocho días en Bali: hay que esperar primero a que el Tribunal Supremo hable.

Pedro Sánchez presidió este 23 de noviembre la I Cumbre Hispano-Rumana, en Castellón, en la que dio su espaldarazo a la entrada de Bucarest en el espacio Schengen y anunció el arranque de las conversaciones para que los rumanos —1.100.000 residentes en España— puedan adquirir la doble nacionalidad. En el turno de preguntas, los periodistas le inquirieron si apoya a la titular de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la ley del sí es sí, y si el Gobierno asumirá responsabilidades políticas si se reproducen las excarcelaciones de agresores sexuales por revisión de su pena.

Estoy plenamente confiado del trabajo de fiscales y jueces, y reivindico esta ley, como otras muchas de esta legislatura, como una conquista feminista»

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El presidente, durante su rueda de prensa en Castellón con el primer ministro rumano, Nicolae Ciuca, defendió a capa y espada la norma, de la que es coproponente el Ministerio de Justicia (en manos del PSOE), como una «gran conquista del movimiento feminista», y el compromiso de su Ejecutivo con esta causa, «fuera de toda duda». Pero la ley «necesita asentarse», y hay que esperar a al «unificación doctrinal por parte del Tribunal Supremo». Sánchez recordó que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto [aquí en PDF] el pasado lunes por el que rechazó la rebajas de aquellas condenas que encajen en la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

«Estamos yendo en el camino correcto«, se felicitó. Y es que en la Moncloa creen que el Supremo se alineará con el ministerio público y le dará la razón. «Me siento orgulloso de la ley. Estoy plenamente confiado del trabajo de fiscales, de juezas y jueces en nuestro país, y reivindico esta ley, como otras muchas de esta legislatura, como una conquista feminista de un Gobierno que se declara feminista», remachó.

Pese a haber sido expresamente preguntado por ello, el líder socialista no respaldó de manera explícita a Montero —sí lo hizo, por ejemplo, con Fernando Grande-Marlaska recientemente, por la tragedia de Melilla—, pero en este caso la falta de ese apoyo no se puede interpretar como un primer paso para sacarla del Gabinete, ya que la titular de Igualdad es cuota de Podemos y removerla supondría una crisis en el seno de la coalición. Además, en los últimos días la Moncloa, el partido morado y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se han conjurado para defender la norma y no cargar contra Montero para preservar el bipartito de las críticas de la oposición conservadora. Ella, pues, no es una ministra suya, aunque por encima de todo prima la continuidad de la alianza con sus socios. Ayer, tampoco la portavoz, Isabel Rodríguez, le prestó a Montero un respaldo inequívoco.

No hay «inestabilidad» política

Sánchez también defendió, frente a Díaz y Podemos, el acuerdo alcanzado con la banca para aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares. Recordó que igual que su Ejecutivo ha pedido a las entidades financieras y a las energéticas y grandes fortunas que «arrimen el hombro» en plena crisis por la guerra de Ucrania —mañana el Congreso votará el dictamen de la proposición de ley—, también alaba el «esfuerzo» de los bancos para proteger a las familias más vulnerables ante el alza del euríbor.

El presidente defiende la cesión de Tráfico a Navarra porque es un desarrollo, dice, de las competencias autonómicas

También este miércoles volvió a remarcar la importancia de este acuerdo la impulsora del mismo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. En respuesta a Díaz, que ayer dijo que las medidas son «sustancialmente mejorables» y no se corresponden a lo pedido por Unidas Podemos, la titular de Economía sostuvo que congelar las hipotecas a tipo variable durante un año puede «sonar muy bien» pero sería «injusto» para quienes tienen una hipoteca a tipo fijo y dañaría «innecesariamente» la estabilidad financiera y los balances de los bancos, informa Europa Press.

El presidente reivindicó el acuerdo como una señal más de que su Gabinete busca «proteger a la clase media y trabajadora» y puede exhibir una hoja de reformas y transformaciones y también un «reparto equitativo de las consecuencias de la crisis». Y, aunque la oposición «hable de inestabilidad» política, esgrimió, no la hay, como lo prueba que este jueves la Cámara baja valide el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2023, las terceras cuentas de la legislatura aprobadas «en tiempo y forma».

Los PGE saldrán camino del Senado con una mayoría tan amplia como la del año pasado, fruto de los acuerdos con varias formaciones. También con Bildu, con quien el Ejecutivo ha pactado la transferencia de las competencias de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo de 2023. El acuerdo ha sido muy criticado por la derecha, que lo ve como un «chantaje». Sánchez lo defendió como un «desarrollo de las competencias autonómicas» y eso es «cumplir con la Constitución», que es lo que «hace el Gobierno de España». A la oposición, denunció, «le gustaría que España se rompiera y se hundiera, pero España no se hunde, está creciendo por encima de la media europea y está creando empleo, en circunstancias muy difíciles, y no se rompe, pero sí estuvo a punto de romperse en 2017″, con el procés, cuando el PP estaba en la Moncloa. El líder socialista esgrimió que se está «superando ese trauma» a base de «convivencia», exigiendo «el cumplimiento de la Constitución» y dando pasos «hacia la distensión política en Cataluña».

Bloqueo del CGPJ

Por otro lado, está pendiente aún, desde junio, el nombramiento de cuatro magistrados al Tribunal Constitucional. Dos por el Ejecutivo y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Dado que el órgano de gobierno de los jueces podría no postular a dos candidatos —los vocales conservadores siguen tensando la cuerda—, el bipartito podría designar a los dos suyos antes. Pero Sánchez no puso fechas: reiteró que el Gobierno «nombrará» a los dos magistrados al TC, pero no precisó cuándo ni si se hará antes del 6 de diciembre, Día de la Constitución. De nuevo, culpó del bloqueo al PP, por violentar sus «obligaciones constitucionales».

Sánchez expresa su rechazo frontal al tope al gas de 275 €/MWh propuesto por Bruselas: es «insuficiente» y no es el «camino»

El jefe del Ejecutivo también se mostró radicalmente contrario a la propuesta de la Comisión Europea de fijar un tope de precio al gas de 275 euros el megavatio hora en el TTF holandés. O sea, en máximos históricos, cuando hoy su precio está mucho más bajo. «Es claramente insuficiente. No vamos por el buen camino si esa es la opción», dijo.

El rechazo de España, que antes lo había expresado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, es frontal. El Gobierno cree que el planteamiento de Bruselas puede tener incluso «efectos perversos», incluso con un aumento de precios. Así que «todo el esfuerzo» y «toda la voluntad política» será poco para que en el Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre los Veintisiete puedan acordar una propuesta que responda al desafío de las industrias, los hogares y las empresas.

Sánchez recordó que ya su Ejecutivo planteó en septiembre de 2021 un tope al gas. «Ahora estamos en noviembre de 2022. No podemos permitirnos un día más. Vamos con enorme retraso». Así, el Gobierno será, prometió, «contundente y rotundo» en la defensa del «sentido común», porque hay «instrumentos de sobra para poder defender a hogares, industrias y empresas» del «alza disparatado y disparado» de los precios. Se requiere, eso sí, «voluntad política», que es la que España reclama al Consejo y a la Comisión.

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