El Partido Popular trata de exhibir la soledad del PSOE llevando la próxima semana a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados una Proposición no de Ley para abortar cualquier intento del ala socialista del Gobierno de coalición de ceder el espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos. Las negociaciones entre Madrid y Rabat para lograr una aspiración largamente buscada por el régimen alauí comenzaron hace dos años tras el histórico cambio de posición en el contencioso del Sáhara Occidental, tal y como reconocieron a El Independiente fuentes del ministerio que dirige José Manuel Albares.

Ahora el grupo parlamentario popular insta al Ejecutivo a cumplir con el mandato de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de la ONU para estudiar los problemas de la aviación civil internacional, y garantizar así la continuidad de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental por parte de España. La proposición será debatida y votada el próximo jueves 10 de abril en la Comisión de Exteriores de la Cámara baja.

Exteriores español reconoció en el pasado haber iniciado conversaciones con Rabat para la cesión del espacio aéreo, pero desde entonces la opacidad es total. A finales del año pasado tanto el ministerio de Exteriores como Aena rehusaron proporcionar información a este diario sobre el estado actual de las negociaciones, cuya existencia fue reconocida por Moncloa en marzo de 2023. En la declaración que en abril de 2022 selló la reconciliación diplomática, tras la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, España y Marruecos se comprometían a iniciar “conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”.

El pasado febrero EH Bildu presentó una Proposición no de Ley similar que no salió adelante al votar en contra PSOE, el propio PP y Vox. Su diputado Jon Iñarritu defendió que España, como antigua "potencia colonial", es la encargada de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental "desde el Centro de Control Aéreo de Canarias dentro del reparto del espacio aéreo español por parte de Enaire".

La potencial cesión de Madrid del espacio aéreo saharaui saciaría una de las reivindicaciones del régimen marroquí. Tras 49 años de ocupación del territorio, el cielo del Sáhara Occidental se sigue controlando desde las Islas Canarias, como establece el mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional. Pese a los intentos previos de Rabat por cambiar esta ecuación, el espacio aéreo se hallaba hasta ahora en manos de controladores canarios, encargados de vigilar y gestionar los vuelos por la zona. Marruecos controla militarmente el 80% del territorio que tiene una extensión de 266.000 kilómetros cuadrados, algo más de la mitad total de España. El restante 20% se halla en manos de la República Árabe Saharaui Democrática, controlada por el Frente Polisario, una organización que goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental.

"Violación del Derecho Internacional"

Como recuerda el PP en el texto de su Proposición, “desde 1976 España gestiona —a través de ENAIRE— el espacio aéreo del Sáhara Occidental (territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la ONU), por mandato de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”. “Este control ha permitido garantizar la seguridad, estabilidad y operatividad del tráfico aéreo en la región, conforme a la normativa internacional”, subraya el documento.

“Sin embargo, tras el cambio de posicionamiento unilateral del presidente del Gobierno respecto al Sáhara Occidental, que apoya el plan de autonomía de Marruecos y rompe con la neutralidad activa mantenida por todos los Gobiernos, se ha creado una profunda preocupación, particularmente en lo que respecta a la gestión del espacio aéreo”, denuncia el partido de Alberto Nuñez Feijóo. “La opacidad y la falta de explicaciones sobre las negociaciones bilaterales han generado incertidumbre sobre la posibilidad de que España ceda la gestión de este espacio estratégico sin ofrecer garantías de seguridad ni beneficios para nuestro país”, se lamentan.

El grupo popular recuerda la mención a esta cesión que contiene la hoja de ruta sellada por España y Marruecos el 7 de abril de 2022, en la que se acordó abrir un diálogo sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental mediante la creación de un grupo de trabajo de cooperación aérea.

“Desde entonces, este grupo se ha reunido sin que el Gobierno haya ofrecido información sobre el alcance de estas negociaciones, ni sobre el impacto que podrían tener en la gestión del tráfico aéreo”, censuran los populares. “El 1 y 2 de febrero de 2023, durante la XII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, el Gobierno firmó acuerdos en distintas áreas, incluyendo la aviación civil. No obstante, el Gobierno ha evitado detallar si en estas conversaciones se abordó la
posibilidad de transferir la gestión del espacio aéreo a Marruecos. A pesar de que el Gobierno insiste en que estas reuniones buscan mejorar la cooperación técnica, no se ha descartado la posibilidad de que Marruecos termine asumiendo el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental, lo que supondría un grave problema desde el punto de vista del derecho internacional”, deslizan.

“Cualquier cesión de competencias en su gestión aérea sin el respaldo de la OACI implicaría una violación flagrante del derecho internacional y equivaldría a un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el territorio. Este escenario tendría graves repercusiones diplomáticas y jurídicas, tanto para España como para la Unión Europea”, advierte el PP. El documento incide, además, en que “la Comisión Europea ha reiterado que los acuerdos de aviación entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin un consentimiento explícito, por lo que cualquier intento de transferir la gestión de este espacio aéreo sin un marco legal adecuado podría generar conflictos con Bruselas y con los organismos internacionales de aviación civil”.

Asimismo, el PP denuncia que “la falta de información sobre los términos de estas negociaciones impide conocer el impacto operativo, económico y estratégico que una eventual cesión podría tener”. “En términos de seguridad aérea, la cesión de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos sin las garantías adecuadas podría poner en riesgo las operaciones de navegación en la región. España ha mantenido hasta ahora un sistema de control eficiente y seguro, regulado por normas internacionales, y cualquier alteración en esta estructura debe realizarse con total transparencia y asegurando la estabilidad del tráfico aéreo comercial y militar”, recalcan.

Falta de transparencia

“En definitiva, la falta de transparencia por parte del Gobierno en esta materia no puede ser tolerada ni aceptada. Ceder la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos sin el debido debate parlamentario, sin garantías jurídicas y sin transparencia, supondría una traición a los intereses de España y un grave precedente en la política exterior española”, alertan los populares. “El Gobierno no puede seguir actuando de espaldas a los intereses estratégicos de nuestro país ni sacrificando la posición de España en el ámbito internacional a cambio de concesiones unilaterales incomprensibles”, concluyen.

En virtud de este argumentario, el PP insta al Gobierno a “informar al Congreso de los Diputados, de manera inmediata, de los términos de las negociaciones con Marruecos sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental”; “garantizar el mantenimiento de la gestión española del espacio aéreo del Sáhara Occidental, a través de ENAIRE y continuar ejerciendo esta labor bajo la supervisión de la OACI”; “garantizar que cualquier modificación en la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental sea sometida a debate parlamentario y cuente con el respaldo de los
organismos internacionales competentes”; “solicitar a la OACI que ratifique que España debe seguir gestionando el espacio aéreo del Sáhara Occidental, en cumplimiento de su mandato y de la normativa internacional, impidiendo cualquier cesión de competencias que vulnere el marco legal vigente”.