SEPI

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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, aunque se le aplica determinada normativa pública como la Ley General Presupuestaria o la Ley de Contratos del Sector Público.

La SEPI nació en 1995 mediante el Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio (posteriormente aprobado como Ley 5/1996, de 10 de enero), y actúa como un instrumento estratégico en la ejecución de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial.

La misión principal de la SEPI es rentabilizar sus participaciones empresariales y orientar todas sus actuaciones atendiendo al interés público, logrando una gestión que aúne tanto la rentabilidad económica como la social. Para asegurar el cumplimiento de sus objetivos dentro del marco legal, está sometida al control económico-financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas, así como a controles en sus relaciones laborales, controles parlamentarios en el Congreso y el Senado, y al control de la Unión Europea.

Financieramente, la SEPI y sus empresas mayoritarias pueden recibir aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y captar fondos en mercados nacionales o extranjeros mediante renta fija con garantía estatal, habiendo adaptado su régimen en 2006 para ajustarse al Derecho Comunitario en una etapa que dejó atrás su principio inicial de autonomía presupuestaria.

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