Este fin de semana se publicaron dos encuestas con unas horas de diferencia. Una de GESOP para El Periódico le daba entre 43 y 46 diputados a Vox. Acto seguido se publicaba la de GAD3 para La Vanguardia: sólo 16 escaños. Es una constante. Las empresas demoscópicas no se ponen de acuerdo en darle una proyección estable al partido de Santiago Abascal porque en realidad lo tienen difícil. No es el único caso, también sucede con Podemos y en menor medida con Ciudadanos. El culpable hay que buscarlo en las 26 circunscripciones que reparten cinco o menos escaños en las elecciones generales, sin contar con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que sólo reparten uno.

Soria, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel, Zamora, Salamanca, La Rioja, Ourense, Lugo, Lérida, León, Cáceres, Burgos, Albacete, Álava, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Navarra y Valladolid. Sospechosas habituales en el discutido sistema electoral español. Todas ellas reparten dos, tres, cuatro o cinco escaños, lo cual es un problema de representatividad evidente en un sistema electoral en el que compiten cinco fuerzas de ámbito nacional. Fue una distribución diseñada en origen para un escenario bipartidista pero que ya ha quedado obsoleta. Durante décadas su única víctima fue Izquierda Unida, pero ahora los damnificados son más y sus voces más fuertes.

Con un escenario tan abierto, los datos de los sondeos no son demasiado fiables en circunscripciones pequeñas donde casi no se realizan encuestas

Ya sucedió en las elecciones generales de 2016. Pese a que Unidos Podemos consiguió un resultado espectacular (21.15%), se quedó sin representación en 14 circunscripciones de 52. Fue sangrante el caso de Ciudadanos: sólo obtuvo escaños en 20 de las 52 circunscripciones en liza, con un 13% de los sufragios. La tendencia de las encuestas indica que esos porcentajes estén prácticamente invertidos en esta ocasión, y que Vox ya está muy cerca de aspirar, como poco, a los 3.100.000 votos que cosechó Albert Rivera hace tres años.

Esto dibuja un escenario diabólico para los encuestadores. Primero por el propio diseño de los sondeos, que a menudo no cuentan con datos o cuentan con datos marginales en este tipo de provincias. Solucionar eso supondría un coste altísimo en la mayoría de los casos. Y derivado de ello, la incertidumbre. Pese a que las miradas se centran en la lista más votada, la competición verdaderamente decisiva es la batalla por ser tercero, cuarto y quinto. Ahí está la diferencia entre que un 15% de votos en una provincia cualquiera sirvan para algo o desaparezcan en la papelera de la historia. Ahí hay entre 25 y 30 escaños bailando para cada partido. Ahí están las mayorías, balanceándose, y las empresas demoscópicas dando palos casi de ciego.

Podemos, ante el riesgo de ser quinto y ‘desaparecer’

La falta de implantación regional de Vox puede jugar en su contra en estas regiones, habitualmente alejadas del foco político. Pero esto no es un factor tan relevante en unas elecciones generales en las que los rostros, los mensajes y las campañas son de ámbito nacional. Y en ese sentido, Vox ya ha demostrado en las elecciones andaluzas que tiene más potencial que Podemos e incluso que Ciudadanos para penetrar electoralmente en entornos rurales. Cuando Abascal dedica buena parte de sus mítines a hablar de caza, del campo, de aves o de ganado, sería una torpeza interpretar sólo en clave de valores tradicionales lo que es, en realidad, una estrategia de adaptación electoral. Los votos de Madrid, Valencia o Sevilla ya los tiene, y los que decidirán su peso parlamentario serán otros.

Algunas encuestas ya igualan a Podemos y Vox en porcentaje de voto: dada su fuerza en Cataluña y País Vasco, sería trágico para Iglesias en el resto de España

Las peores noticias en este sentido son para Podemos, que corre el riesgo cierto de acabar quinto en la mayoría de estas circunscripciones y, por tanto, desaparecer del mapa electoral en casi todo el interior de España. Cada vez son más las encuestas que sitúan a Pablo Iglesias en un porcentaje de voto muy similar al de Santiago Abascal, todavía ligeramente por encima. Pero ese análisis es interesante por tres factores:

  1. Podemos ya rindió relativamente mal en estas circunscripciones en 2016.
  2. Al revés que en 2016, todas las encuestas sitúan ahora a Podemos por detrás de Ciudadanos, la formación más castigada en circunscripciones pequeñas hace tres años.
  3. La principal fuerza electoral de Podemos en las generales surge de País Vasco (29,05% en 2016), Navarra (28,33%) y Cataluña (24,5%), territorios en los que Vox es marginal. Que pese a ello Vox esté cerca de Podemos a nivel nacional sólo puede suponer que, en el resto de regiones, el partido de Abascal está muy por encima del de Iglesias.

Precisamente por esto, el propio Santiago Abascal analizaba este lunes en un acto organizado por el diario La Razón que si Vox consigue estar por encima del 12% a nivel nacional, seguramente no tenga excesivos problemas de representatividad en estas provincias. En un escenario tan fragmentado, es bastante probable que todos los partidos rindan en un margen de diferencia entre el 10 y el 15%. Teniendo en cuenta el funcionamiento de la Ley D’Hondt, ser cuarto y no quinto ya ahorra muchos problemas. Si Vox además consigue adelantar en algunos lugares a Ciudadanos, su resultado puede dispararse. De no hacerlo, en cualquier caso estaría perdiendo un diputado que se quedaría en el bloque de la derecha, pero que no cambiaría de lado en el Congreso de los Diputados.

Ampliar el Congreso, un posible primer paso

Este problema de representación es un clásico de la política española y pervive gracias al interés de PP y PSOE -cada vez menos justificable- en mantener inalterada la actual Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Tanto Ciudadanos como Podemos, y ahora Vox, llevan en sus programas como medida prioritaria la reforma de un sistema que les impide competir en igualdad y que acaba tirando a la basura millones de votos en cada cita electoral.

Para arreglar esto, las soluciones son diversas. Podemos plantea cambiar D’Hondt por el método Sainte-Laguë, aunque las variaciones en el Congreso no serían demasiado notables con este cambio. Tampoco tendría mucha influencia eliminar la barrera de entrada del 3%, dado que los cinco partidos principales están actualmente proyectados por encima del 10%. Ningún partido que se quedara en el 2,9% iba a conseguir representación en cualquier caso.

La Constitución prevé la posibilidad de ampliar el Congreso hasta los 400 diputados y elevar el número de escaños de las provincias menos representadas

Un cambio mucho más radical sería la eliminación del sistema de circunscripciones y el paso a la circunscripción única, como ya sucede en las elecciones europeas. Esta es la fórmula preferida por Vox, pero la pesadilla de las formaciones nacionalistas, que verían reducida su influencia prácticamente a la nada. Si además se eliminaran las barreras de entrada, irrumpirían con fuerza en el Congreso partidos como PACMA, que en las últimas generales igualó en votos al PNV.

Sin necesidad de entrar tan a fondo en el sistema, un primer paso previsto en la Constitución podría ser el aumento de los 350 diputados actuales al máximo de 400 que establece la Carta Magna. De esta manera, podrían utilizarse 29 de esos asientos extra para establecer en cinco el mínimo de escaños por circunscripción, y sobrarían 21 para repartir en función de la población y mantener la progresividad del sistema.

La medida, aunque reduciría las apelaciones al “voto útil” y evitaría los millones de votos sin ningún valor, suele encontrar cierto rechazo social por el aumento del coste que supondría mantener a 50 diputados extra. No obstante, ya se ha planteado por parte de algunos partidos políticos. El pasado mes de enero, incluso, el que luego sería director del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, propuso una reforma constitucional que elevara ese número hasta 450.