Las medidas anticrisis dejarán un agujero en la recaudación de Hacienda de más de 2.500 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes su paquete de medidas anticrisis derivadas del shock energético causado por la guerra en Irán. El plan cuenta con 80 medidas que entrarán en vigor este sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por valor de 5.046 millones de euros. Y, según ha defendido el presidente, las medidas "estarán vigentes el tiempo que sea necesario y, si las circunstancias requieren ampliarlas, lo haremos".

No obstante, buena parte de las medidas de este paquete se articulan a través de rebajas fiscales. Esto implica que, aunque las medidas alivien el bolsillo de los ciudadanos y las empresas —de acuerdo con Sánchez: "beneficiarán directamente a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas en España"—, también tendrán un impacto directo en los ingresos del Ministerio de Hacienda. Según fuentes del Ejecutivo, el ministerio dirigido por María Jesús Montero dejará de recaudar algo más de 2.500 millones de euros únicamente por la suspensión de impuestos.

Agujero fiscal de 2.500 millones

El Ministerio de Hacienda ha detallado el impacto presupuestario de tres de estas rebajas en un comunicado de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

Si bien la reducción del IVA de los combustibles (gasóleo, gasolina y otros) del 21% al 10% y el recorte del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo exigido por la Unión Europea permitirán a los ciudadanos disfrutar de una "rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante", según detalló el presidente, también es cierto que para Hacienda supondrá recaudar 507 millones de euros y 656,5 millones menos, respectivamente.

¿Hay margen fiscal?

Asimismo, en el ámbito eléctrico, la rebaja del IVA al 10% en la factura energética tendrá un coste estimado de 539,1 millones. No obstante, según las fuentes del Ejecutivo, a ello habrá que sumar la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica —con el que las arcas públicas tendrán que descontarse otros 450 millones menos— y la reducción del impuesto especial sobre la electricidad, que pasará del 5,5% al 0,5%.

Así las cosas, el impacto de estas medidas en las cuentas públicas, aunque significativo, es limitado en términos agregados. La recaudación tributaria a cierre de 2025 ha superado los 300.000 millones de euros, por lo que el agujero de 2.500 millones representa menos de un 1% del total.

Pese a este reducido porcentaje, distintos centros de estudios llevan tiempo advirtiendo que España no cuenta con más margen fiscal. Tanto Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) como la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) han alertado de la presión creciente sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, en un escenario marcado por el aumento estructural del gasto en pensiones, defensa y los intereses de la deuda.

De hecho, a este estrecho margen fiscal todavía hay que sumarle la condonación de la deuda autonómica y el rediseño del sistema de financiación autonómica. Este último proyecto de Hacienda todavía no se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, pero plantea una mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas, lo que reduciría aún más la capacidad recaudatoria de la Administración Central. Así, con todos estos frentes se dibuja un escenario en el que incluso medidas de impacto relativamente pequeñas añaden más presión a un sistema fiscal ya tensionado por los retos a los que se enfrenta.

Reparto por Ministerios

Por último, el plan de medidas anticrisis también incorpora medidas de gasto directo que articularán distintos Ministerios. Aunque por el momento las fuentes del Ejecutivo señalan que son cifras aproximadas, el Ministerio de Agricultura concentrará el mayor volumen de ayudas, con entre 800 y 900 millones de euros destinados a apoyar al sector primario ante el encarecimiento de insumos como los fertilizantes o el combustible.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Turismo movilizará en torno a 700 millones, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes aportarán aproximadamente 500 millones cada uno.

Un despliegue que se contextualiza en un entorno político marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023. De hecho, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este jueves que el Gobierno retrasará la presentación de las cuentas de 2026, que inicialmente preveía llevar al Congreso antes de que finalizara marzo. El motivo, según explicó, era la prioridad que le había concedido el Ejecutivo al paquete de medidas anticrisis. Así, el Ejecutivo aplazará "unas semanas" la entrega del proyecto presupuestario, pese a que la actividad económica no se pausa a la espera del calendario del Gobierno.