Castilla y León recurrirá el decreto de regularización de inmigrantes por su "grave" impacto en la UE

La Junta de Castilla y León ha anunciado su decisión de presentar un recurso contra el decreto ley del Gobierno central destinado a la regularización de personas inmigrantes. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha justificado esta medida al considerar que la norma tiene un impacto "grave" en la Unión Europea y que los cauces para acreditar los requisitos no ofrecen las garantías necesarias para su cumplimiento.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo explicó que esta acción busca defender los intereses de la Comunidad y de sus ciudadanos ante una decisión tomada, según su criterio, "sin diálogo" previo con las autonomías. El portavoz criticó que el Ejecutivo central no haya informado a las corporaciones locales sobre el volumen de personas que se verán afectadas ni sobre las condiciones específicas de la medida.

Uno de los pilares del recurso se fundamenta en el posible conflicto con la normativa europea relativa a la unidad de frontera y la libre circulación. Desde la Junta advierten que el número de personas que podrían acogerse a esta regularización representa un "riesgo" para la coordinación fronteriza comunitaria, citando alertas de la propia Comisión Europea sobre el impacto que esto tendría en el resto de los países miembros.

Asimismo, el Gobierno autonómico cuestiona los procedimientos establecidos para que los solicitantes acrediten el cumplimiento de los requisitos. Según Carriedo, estos métodos carecen de garantías suficientes y lamentó la falta de "participación ni coordinación" que hubiera permitido a las comunidades autónomas establecer los cauces adecuados para gestionar la aplicación de esta nueva normativa.

Frente a la propuesta estatal, la Junta ha reivindicado su propio modelo de "integración ordenada" en las áreas social, cultural y laboral. Como prueba de su eficacia, el portavoz destacó que la comunidad alcanzó en marzo un récord histórico con más de 101.000 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, registrando un crecimiento superior a la media nacional en este ámbito.

El consejero reiteró que Castilla y León mantiene una política de bienvenida para quienes lleguen a trabajar y contribuir a la sociedad, pero rechaza tajantemente un procedimiento que no sea ordenado. El recurso judicial se interpondrá formalmente en los próximos días, una vez que los servicios jurídicos de la Administración regional finalicen su redacción técnica.